Hasta 2004, las tragamonedas estaban prohibidas en Córdoba, como en buena parte del país. Hoy funcionan en casi todas las provincias.

En Córdoba, hace 10 años la Provincia convenció rápido a 17 ciudades para que aceptaran sumar este “atractivo”, que les llevaría visitantes y un ingreso extra a las arcas municipales.

Algo varió. En los últimos años, ya no hay pueblo o ciudad cordobesa que acepte sumarse a esa lista. Algunos intendentes se dejan entusiasmar, pero la resistencia social e institucional les pone frenos.

En realidad, de cada 100 pesos que juegan sus vecinos en las slots , apenas cuatro quedan en las arcas municipales. Los 96 restantes se los llevan Lotería y la privada CET. Salvo algunos sueldos, ¿cuántos recursos quedan entonces en la ciudad y cuántos se van del circuito económico local?

No es cierto, además, que los turistas sean el grueso de los apostadores. Para nada. Dos evidencias: la recaudación global es casi igual durante todo el año, y hasta en las ciudades turísticas es muy parecida en las temporadas alta y baja. Son entonces los propios vecinos los que más juegan.

La mayoría de los apostadores pertenecen a los sectores sociales de menor poder económico. A ellos apuntan las slots , con fichas de bajo costo y salas abiertas durante 20 horas por día, para que cada uno deje allí el vuelto o bastante más que eso.

Las ya “tragabilletes” crecen en todo el país. Hay que dar demasiadas volteretas para explicar que gobernantes que se dicen progresistas o que se muestran como defensores de los más humildes promuevan en esta y en otras provincias, como a nivel nacional, y de la mano generalmente de empresas ligadas a los negocios del poder, este tipo de juegos que apuntan a estrujar a los que menos tienen.

Ya no es un Estado que regula el juego. Es un Estado que lo promueve.