Mateo Aspa, Salou

Crisis política en Argentina. El acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI) ha supuesto hoy la mayor sacudida de la estabilidad gubernamental en el país argentino, fruto de la imputación por parte de un fiscal del país, quien ha alegado un "abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público por acordar el pasado junio un crédito de 50.000 millones de dólares sin un estudio del Legislativo": el fiscal se refiere al caso con relación al FMI y Argentina, un escenario que supone, actualmente, uno de los mayores problemas para el presidente del país, Mauricio Macri, y a su gobierno para gobernar en circunstancias normales.

Esta situación ha nacido a raíz del "caso FMI" ya mencionado: según la fiscalía, el hecho de que Macri y su gobierno no hayan sometido a debate el crédito de 50.000 millones de dólares en el Congreso, un hecho que para bien o para mal, cambiará la situación del país.

Fotografía de la cúpula del Congreso de Argentina, un poder que ha defensado su marginación en el asunto del crédito por parte del gobierno argentino de 50.000 millones de dólares al FMI. (Fuente: askideas.com).

Según la fiscalía, “todo aquél que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable será imputado”, y siguiendo este razonamiento, el fiscal encargado Jorge di Lello imputó  hoy al jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central, Luis Caputo, más el propio presidente del país. Este ha sido, sin duda alguna, un golpe duro para la administración argentina, y su curso a lo largo de los próximos meses puede ser decisivo en cuanto al futuro político, económico y social de Argentina.

"Es la vía para lograr salir de la tormenta económica", dice Macri

Varios denunciantes han defensado la posición de la fiscalía, alegando lo siguiente: "El acuerdo con el FMI no cuenta con aprobación del Congreso. Por lo tanto, el presidente de la Nación y los funcionarios y ministros que han operativizado su firma y ejecución se está arrogando facultades del Congreso". Por otro lado, el propio fiscal, Di Lello, quien transmitió a Ercolini que "confía en su elevado criterio para decidir si corresponde dictar estas medidas y así evitar los perjuicios económicos y sociales que los denunciantes afirman acarreará la ejecución del programa financiero, o bien permitir que continúe el plan".

En su defensa, Mauricio Macri ha defensado hoy (mientras el ministro Dujovne ha conversado hoy con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, para tratar la transferencia al país sudamericano en Washington) que este acuerdo "es la vía para lograr salir de la tormenta económica" que golpea al país duramente desde ya hace tiempo, como también alega que el Congreso no goza de competencia en este asunto.

Para finalizar, creo que las explicaciones por parte del fiscal Di Lello en su resolución argumentan muy bien su punto de vista: “Considero que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido”.

Informaré del procedimiento de esta imputación por parte de la fiscalía, que puede convertir el escenario político argentino en algo muy distinto.

Mateo Aspa para Globedia, el diario colaborativo.

“Todo aquél que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable será imputado”: este es el razonamiento planteado ante la cuestión argentina