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Luces y sombras en el sistema de protección de menores

21/07/2018 09:10 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Nuestro sistema de protección de menores tiene algunas carencias en la detección y notificación de los casos. Sin embargo también hay grandes profesionales haciendo una importante labor. Vamos a conocer las luces y sombras del sistema

Nuestro sistema de protección de menores tiene luces y sombras. Entre los aspectos positivos podemos citar los excelentes resultados de las evaluaciones de los Centros de Atención a la Infancia (CAI), los logros alcanzados por estos organismos y la satisfacción de los usuarios y sus familias, según las Memorias de resultados del Ayuntamiento de Madrid. Entre las sombras del sistema podemos citar las deficiencias en los procesos de detección, valoración y notificación del maltrato infantil, dilaciones indebidas en la intervención, descoordinación entre entidades y profesionales y falta de recursos.

Cualquier profesional o ciudadano tiene la obligación de notificar cualquier sospecha de maltrato infantil, en virtud de la Ley Orgánica 1/2006, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (art 13.1), así como de los artículos 262 y 259 LeCrim. Para notificar ni siquiera se requiere certidumbre, únicamente la sospecha. La Plataforma de Infancia y FAPMI subrayan esta obligación legal, y la necesidad de que los profesionales conozcan los protocolos y hojas de notificación establecidos. Pero existe temor entre ciudadanos y profesionales a notificar las sospechas debido a diversos factores: dudas sobre la existencia de maltrato, miedo a las consecuencias para el menor (tutela) o para uno mismo (complicaciones, represalias, denuncias), desconfianza hacia los servicios de protección, falta de conocimiento del protocolo o inseguridad de los profesionales (Díaz-Aguado et al, 2007).

La ausencia de notificación por parte de ciudadanos y profesionales es uno de los motivos por los que se desconoce la magnitud real de este problema. Entre el 15 y 20% de los menores es víctima de maltrato, abuso o explotación sexual infantil, según Plataforma de Infancia. La Fundación ANAR ha advertido del aumento de los casos de maltrato infantil en sus últimos informes anuales.

La intervención con menores y familias implica la toma de decisiones muy delicadas, con un importante impacto para la vida de las personas afectadas. Un exceso en la intervención puede tener graves consecuencias para la familia. Por otro lado, la inacción puede dejar a personas vulnerables expuestas a situaciones de violencia y maltrato. También hay que tener en cuenta las normas jurídicas de aplicación y los principios y valores de nuestra profesión.

Agustín Lozano, en Cuestiones éticas en la intervención con familias y menores(2015), refleja de forma muy clara el dilema al que se enfrentan los profesionales:

“El ordenamiento jurídico confirma en múltiples normas el principio general del supremo interés del menor sobre cualquier otro interés legítimo. Pero se trata de un concepto jurídico-ético indeterminado: se exige al profesional que tenga los conocimientos, las capacidades y la autoridad para valorar qué es mejor para el niño o el adolescente en situaciones de riesgo, pero también que sepa delimitar la difusa línea entre la separación del menor de su familia y el respeto por la moral familiar, el derecho a la vida familiar y la patria potestad; o responder ante la voluntad, no siempre clara ni correctamente expresada del menor, que quizás no tiene suficiente capacidad, información y experiencia para entender las alternativas que se le plantean”.

Lozano señala también algunos aspectos que aumentan la complejidad de la intervención, como la posible necesidad de adoptar una medida de protección contra el deseo del menor y su familia, la cuestión de hasta qué punto y durante cuánto tiempo debe primar el consentimiento de los padres sobre la premura de la decisión de protección, o el dilema de hasta qué punto la información obtenida con la confianza y el respeto a la intimidad de la persona puede ser utilizada para iniciar un proceso administrativo o judicial contra su voluntad (Lozano, 2015).

El interés superior del menor es un principio recogido en normas jurídicas, además de un principio transversal a cualquier actuación con menores. Pero no siempre es fácil determinar cuál es ese interés superior, atendiendo a las posibles consecuencias de cualquiera de las decisiones que el profesional adopte.

“En casos de menores, el profesional quedaría excusado de guardar el secreto profesional cuando exista un riesgo manifiesto o en situaciones graves que ponen en riesgo su integridad o incluso su vida. Pero esto no dejarían de ser situaciones extremas, existiendo un gran margen de incertidumbre y casos controvertidos” (Grupo Promotor Comité de Ética en Intervención Social del Principado de Asturias, 2013).

La ausencia de notificación por parte de ciudadanos y profesionales es uno de los motivos por los que se desconoce la magnitud real de este problema

“Cuando está en juego el bienestar del menor, no sólo habría buenas razones para no atender la autonomía moral de quienes ponen en riesgo al menor sino que la responsabilidad pública y los valores profesionales e institucionales avalan que así se haga, hasta el punto de llegar a justificar que hay que proteger al menor y su familia de sí mismos, aunque ello suponga ir contra su voluntad así como una pérdida de derechos”. (Lozano, 2015).

Además de los fallos en la detección, valoración inicial y notificación, en la fase de intervención nos encontramos con dilaciones significativas (muchas valoraciones en ETMF se demoran semanas), así como la falta de recursos, que llevan a seguimientos esporádicos. La falta de criterios claros conduce a discrepancias entre profesionales, así como entre estos y la judicatura (en forma de sentencias judiciales que tumban resoluciones administrativas de los servicios de protección. Ejemplo: el caso de María José Abeng Ayang y su hijo Juan Francisco). Por otro lado, la mayoría de los menores víctimas de violencia de género mantienen el régimen de visitas con sus progenitores condenados por maltrato. En los últimos diez años, 26 menores han sido asesinados por sus padres en un régimen de visitas. El régimen de visitas solo se suspende en un 3% de los casos.

La Federación Injucam en su informe Diez claves para entender lo que está pasando con las coordinaciones entre servicios sociales, colegios, institutos y las asociaciones de infancia, realiza una crítica a los servicios de protección de menores. Subraya la descoordinación con las asociaciones que trabajan con el menor, que no existe un auténtico trabajo en red, que no se quiere a estas entidades en los ETMF porque se muestran críticas, e insisten en la protección del interés superior del menor por encima de consideraciones políticas o administrativas. Asimismo, señala que la intervención de servicios sociales llega “tarde, mal y a veces nunca”, y en ocasiones se da por perdido al menor si plantea problemas graves o se acerca a la mayoría de edad. Denuncia también la grave saturación de los servicios, la falta de recursos, y la falta de adaptación a las necesidades específicas de cada niño.

Por su parte, la trabajadora social Alicia Sánchez se plantea en su blog si en los ETMF se alcanza el objetivo, garantizar la protección de los menores, o simplemente se comentan las situaciones buscando las soluciones más rápidas. Para esta trabajadora social hay un problema de falta de recursos, falta de tiempo para cada caso particular, y un cierto hartazgo de los profesionales, que llevan a una pérdida de interés y motivación. Lo señala con la demoledora frase “(los servicios sociales) deben pensar ¿para qué?, tenemos tantos casos que es absurdo buscar soluciones cuando no hay tiempo, ni recursos, ni ganas”.

Pero no todo son sombras en el sistema de protección de menores. Los resultados de las evaluaciones anuales de los CAI son muy positivos, por lo que parece que una vez derivados al CAI la intervención es satisfactoria. Un 45% de los cierres de caso lo son por cumplimiento de objetivos, de los que cierran por otras causas, un 14% lo hacen por no ser finalmente necesaria una medida de protección, y un abrumador 94% de los usuarios se muestran satisfechos con la intervención del CAI. Para el 58% de los adultos y el 56% de los menores se alcanza la puntuación máxima de 10. En relación con la labor de los CAI, un artículo del psicólogo Rafael Delgado Campos (2012), refleja la intervención con un caso y la evolución de la menor a lo largo de las sesiones. No sería justo dejar de reflejar la labor de estos profesionales y su dedicación a los menores que han sufrido malos tratos o violencia.

En base a estos datos, parece que el problema estaría especialmente en las fases de detección, notificación y coordinación entre recursos. Es en ese itinerario en el que se “caen por las grietas del sistema” muchos menores, debido a las dudas de ciudadanos y profesionales, los temores a la hora de notificar el maltrato, la inseguridad, el desconocimiento de los protocolos de notificación y denuncia, y la descoordinación. La labor del CAI, no obstante, merece ser valorada positivamente a la vista de las cifras.

Es fundamental informar y sensibilizar a ciudadanos y profesionales sobre la importancia de la notificación de los malos tratos, dar a conocer los cauces adecuados de notificación y denuncia, y mejorar en coordinación intra e interinstitucional.

 

Publicado originalmente en Medium

Copyright Carmen Alemany Panadero

 

 

 

 


Sobre esta noticia

Autor:
Carmen Alemany Panadero (53 noticias)
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Tipo:
Opinión
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