Que a nadie de le extrañe que si la economía entra nuevamente en crisis, como algunos economistas aventuran que ocurrirá pronto, se vuelva a la ya olvidada situación del 12 de mayo de 2010 bajo un primer ministro tan progresista y prometedor como era José Luis Rodríguez Zapatero.

Aquél día el Gobierno dio un giro radical a su política económica: Zapatero anunció la congelación de las pensiones y la reducción de los salarios del sector público en un 5% de media para reducir el déficit público un 1, 5% del PIB entre 2010 y 2011.

Aparte, redujo en 6.045 millones de euros las inversiones del Estado en obras públicas y en 600 millones la ayuda al desarrollo en países pobres.

El Ejecutivo, que también anunció la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial, puso así en marcha el mayor plan de recorte social desde 1980, aunque la suspensión de la revalorización de las pensiones dejaba fuera a las no contributivas y a las pensiones mínimas.

Pero de esta manera se ponía fin a 25 años de subidas garantizadas por ley.

La decisión afectó a cerca de seis millones de pensionistas, lo que presuntamente supuso un ahorro para la Seguridad Social de 1.500 millones en 2011.

En cuanto al recorte del 5% las retribuciones en el sector público el líder del Ejecutivo explicó que la rebaja sería proporcional a los ingresos, que resultaría menor para los sueldos más bajos de la administración y mayor para los más altos.

En total, las Administraciones Públicas contaban entonces con más de tres millones de empleados (incluyendo funcionarios y asalariados sin oposición, trabajadores temporales, cargos políticos, etcétera), que sufrieron estos drásticos recortes.

En Grecia y Portugal lo que ocurrió fue mucho peor. Ahora comienza a sufrir Italia.

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SALAS