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Enrique Madrazo
Publicada el 01-12-2011 07:45 0 3

Ley Sinde por real decreto

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Una vez más, navegamos a contracorriente. Mientras se aprueba por real decreto la Ley Sinde, desde el Tribunal de Justicia de la UE aparece una sentencia recordó que las reglas comunitarias prohiben medidas de censura..

La decisión ha sido tomada. Se va a aprobar el Reglamento de la Comisión de Propiedad Intelectual. Ya saben, la tan conocida Ley Sinde. Y se hace por real decreto. Para quien sea neófito en esto de la realeza, más o menos es como decir que se hace por mis cojones.

La polémica se sustenta en una ley que ansía, ante todo, instaurar la democracia en cuanto a lo que se descarga por internet, permitiendo que todos podamos aportar nuestro granito de arena en forma de canon, cuota, guita, money, estafa, chantaje y todo lo que termine en coacción. Sin embargo, la declaración de ley non grata no les ha echado para atrás. Parecía, incluso, que se les había pasado ya, a estas alturas. Pero no. Resulta que lo quieren hacerlo más bien rapidito, que así no duele tanto. Porque la aprobación se realizará el último día, a última hora, tal y como nos han enseñado que deben hacerse las cosas para que salgan bien. A tan sólo unas horas de la disolución del ejecutivo de Zapatero, será éste el último estertor de esta Ley de Economía Sostenible, tan endeble ella que da la impresión de querer venirse abajo y atraparnos dentro. De cualquier manera, la responsabilidad recaerá, en última instancia, sobre el futuro Parlamento, ya que en sus manos queda el refrendarlo o no.

Pero las intenciones son claras. Desean cerrar o bloquear aquellas páginas de internet que permitan o favorezcan descargas de obras sujetas a derechos de autor. Que puede ser tanto una película como un cheque bancario. La apreciación se encuentra no tanto en quién lo firma como en quién saca partido con ello. De esta manera, han establecido un protocolo marca de la casa: la webs se clausurarán en un plazo máximo de 10 días. Especialistas en rapidez burocrática, el procedimiento se ejecutará tras la previa decisión de una Comisión Administrativa, que ejercerá de árbitro ante los conflictos denunciados, siempre con el tutelaje de un juez. Éstos, los jueces, ya se frotan las manos ante la nueva hornada de papeleo y trámites sindeanos que tendrán que rellenar y firmar; ¡suspicaces andaban ellos enjuiciando y dictando sentencia, permitiéndole a un notario cualquiera que se las pasara a limpio!

De cualquier manera, ya han dejado caer que, según el reglamento, basarán su actuación en una supuesta "actividad infractora", es decir, sólo irán contra quienes les den motivos para ello. Una manera como otra cualquiera de asegurar que la ilegalidad se produce sólo con obras intelectuales sin autorización de los titulares. Es decir, que el producto, ya sea película, canción, libro electrónico o videojuego, y siempre y cuando merezca la pena (esto es, que haya sido económicamente reconocido), debe ser defendido con uñas y dientes, siempre de manera legal, no vaya a ser que sea éste el bache que nos metió en la crisis.

Lo inusual (o no) viene de mano del Tribunal de Justicia de la UE, que en una sentencia sin precedentes, recordó hace unos días que las reglas comunitarias establecen "la prohibición" de luchar contra las violaciones de derechos de autor a través de "medidas que obliguen a un proveedor de acceso a Internet a proceder a una supervisión general de los datos que transmita en su red”. El caso se remonta a 2004; se enfrentaban ya entonces dos poderosas compañías, la teleoperadora Scarlet y la sociedad de gestión de derechos de autor SABAM, ambas belgas. En un primer momento, el tribunal de primera instancia de Bruselas ordenó a Scarlet proceder a la instalación de un sistema de filtrado en la Red a fin de detectar y neutralizar violaciones del copyright a través de programas P2P. Como suele ser habitual, la compañía perdedora recurrió la sentencia, al considerar que ésta vulneraba sus derechos como empresa y el de sus clientes a la privacidad.

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La nueva sentencia que acaba de ver la luz, siete años después, recoge una nuevo resultado. Según confiesa el tribunal, el derecho a la propiedad intelectual está "consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE", pero su inmunidad no puede "garantizarse en términos absolutos". Controlar o vigilar la red supone una "vulneración sustancial de la libertad de empresa", y sobre todo la violación de "los derechos fundamentales de sus clientes, a saber, su derecho a la protección de datos de carácter personal y su libertad de recibir o comunicar informaciones". Aunque, también es verdad, sólo hablan a nivel europeo, nada dicen de España en particular.

De cualquier manera, llama la atención que sea precisamente este país quien tiene la tasa más alta de la CE, más exactos, el doble que la media en cuanto a descargas ilegales. Se la conoce como la España-D, la España de las Descargas. De cualquier manera, con D o Sinde, la sentencia remarca, a modo de advertencia, que, técnicamente, un control de este calibre sería muy difícil llevarlo a cabo.

Pero como le hemos cogido ya el gusto por las cosas complicadas, la ministra de Cultura, que ha confesado que tiene ya suficiente y se retira de la política, considera que llevarlo a cabo no sólo es factible y posible, sino que es completamente aceptable. Aunque le digan lo contrario desde Europa. Y, seguramente, conseguirá su cometido, cueste lo que cueste. Que seguro que cuesta mucho. Porque entiendo que los escritores, los actores, músicos o artistas se sientan perjudicados, pero son las grandes productoras, las editoriales o las enormes compañías discográficas quienes asumen esta ilegalidad en su nombre. Lo llaman la crisis de la cultura. Pero la realidad es que no se ha dejado de oír música, ni de leer libros, ni mucho menos de ver cine o de protagonizar algún que otro videojuego. Todo lo contrario. Se hace mucho, cada vez más. Y es ahí donde radica el problema. En el reparto del pastel. Porque parece ser que, de una forma o de otra, todos se quedan con hambre. Mucho hambre. A ellos, esto de internet les ha tomado tan de sopetón, tan desprevenidos como al resto. Pero ellos saben quejarse mejor. Y más fuerte.

De cualquier manera, la decisión está tomada. La ley Sinde se refrendará o no en Las Cortes. Eso queda ya en otras manos. Por mi parte, a mí me queda todavía el runrún de la rabia. La voy descargando sobre el papel. Pero muy despacio, no vaya a ser que me descubran.

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Autor: Enrique Madrazo (64 noticias)

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