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Los letrados del Congreso avalan la suspensión de los diputados presos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal

24/05/2019 01:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

CLARA PINAR | LORENA GAMARRA

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Los letrados del Congreso ya tienen el informe solicitado por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, en el que avalan suspender a los diputados presos basándose en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que establece que, "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Según explicó la propia Batet este jueves, la consulta a los letrados no estaba relaciona con la suspensión o no de los presos, sino con el mecanismo para efectuarla. Esto es: siguiendo la citada ley de Enjuiciamiento Criminal o el Reglamento del Congreso, que establece que un diputado debe ser suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prision preventiva y mientras dure ésta".

La Mesa, que se reúne a las 12.30 horas, tomará una "decisión definitiva" con las conclusiones de los juristas. Este informe responde a la petición realizada por Batet este jueves, tras la negativa del Tribunal Supremo de realizar un informe sobre este supuesto. La Sala que instruye el procés reiteró a la presidenta de la Cámara que corresponde al Congreso tomar una decisión sobre esta suspensión.

Con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos y la oposición de PP y Ciudadanos de pedir una segunda opinión, Batet dio a los servicios jurídicos del Congreso 24 horas para presentar sus conclusiones, que serán estudiadas por los miembros de la Mesa este viernes. En el caso de que sigan las indicaciones de los letrados de aplicar la suspensión siguiendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no el Reglamento del Congreso, podrían volver a pasar la pelota al Tribunal Supremo para que sea éste órgano quien lo efectúe.


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