La frase del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, es la mejor manera de definir la crisis actual del país: Después de Iguala, México debe cambiar. Con Iguala se refiere a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre a manos de policías municipales de Iguala y el vecino Cocula, ambos en Guerrero. El caso provocó una oleada de indignación en México y otros países y obligó a Peña Nieto a anunciar un plan especial contra la inseguridad. Una parte de la estrategia es combatir la infiltración del crimen organizado en autoridades municipales y sustituir las 1.800 policías locales por 32 corporaciones estatales. Pero la ruta para conseguirlo es un camino sinuoso que depende de negociaciones en el Congreso, acuerdos con partidos políticos y sobre todo de emprender una limpia entre autoridades infiltradas por la delincuencia. Nada sencillo. Especialistas como Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), sostienen desde hace tiempo que al menos el 70% de los 2.445 municipios del país tienen vínculos con carteles de narcotráfico. Un problema que se dejó crecer desde los gobiernos anteriores, subraya. Y además, algunas de las acciones anunciadas por Peña Nieto ya fueron ensayadas por otros gobiernos, con pocos resultados según otros analistas.

La nueva estrategia se llama Plan por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo. Contempla diez acciones contra la inseguridad y una serie de medidas para enfrentar la marginación en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde se ubican la mayoría de las comunidades en pobreza extrema. Uno de los ejes centrales del nuevo plan es la depuración de las corporaciones policíacas locales, que en conjunto representan la mayoría de los 430.000 elementos activos. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que existen unos 380.000 agentes entre policías municipales, estatales y ministeriales (agentes investigadores) en todo el país. La mayoría de los policías municipales han superado las pruebas de control y confianza, un examen para descartar –entre otros temas– relaciones con delincuentes. Pero unos 18.000 agentes fueron reprobados. No está claro cuál es su destino. Otro de los elementos del plan es la posibilidad de que el gobierno federal tome el control de los municipios donde se comprueben vínculos con la delincuencia organizada. También propone una clave única de identidad para todos los mexicanos, así como protocolos para investigar rápidamente los casos de tortura y desaparición forzada. Uno de los temas que ha causado polémica es la decisión de crear un sistema nacional de búsqueda de desaparecidos, un sistema de información genética y la publicación de la Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso desde 2013.

Especialistas insisten en la vinculación de delincuentes con policías

No es la primera vez que el actual gobierno anuncia planes y acciones de búsqueda. Tal es el caso del Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas presentado el 9 de julio de 2014", señala el documento."Dicho plan no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para responder con acciones de búsqueda inmediata.