Varapalo judicial para el Ministerio de Igualdad. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves un informe en el que rechaza los ejes fundamentales del anteproyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual, la conocida como ley del 'solo sí es sí': el consentimiento expreso y la distinción entre abuso y violación. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha señalado que el informe va en "un camino regresivo" y ha asegurado que, al no ser vinculante, el Gobierno seguirá adelante con el articulado, cuyos proponentes son los ministerios de Justicia e Igualdad.

En el que parece que será el último Pleno de los actuales vocales, cuyo mandato caducó hace dos años, los 20 miembros del CGPJ han apoyado de forma unánime el escrito, tal y como confirman fuentes judiciales a 20Minutos. Esto no es baladí. Al menos, no para Rosell, que ha recordado que recibieron "hace tres meses" la ley y ha dejado caer que no es casualidad que se hayan pronunciado en su último Pleno.

Desde Igualdad, defienden a 20Minutos que, con la ley, la libertad sexual "pasa a ser el bien jurídico protegido de la ley". Ya no se trata de que la víctima oponga resistencia sino de que diga que sí solo cuando quiera mantener relaciones sexuales. Se entiende que no existe consentimiento cuando ella no haya manifestado "libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto". El Consejo Fiscal, que avaló el texto al contrario que el CGPJ, pidió agregar la frase "solo se entenderá que existe consentimiento cuando la mujer manifieste libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos" su voluntad. En este sentido, Rosell ha aclarado que la redacción del consentimiento la "exige" el artículo 36 del Convenio de Estambul de 2011.

Sobre el abuso y la agresión sexual, se contempla que pasarán a ser delitos distintos. Ambos tienen un tipo agravado que incluye la penetración, con penas de cuatro a diez años y de seis a doce, respectivamente. En el caso del primero no se considera violación al no mediar violencia o intimidación. La reforma elimina ese condicionante y lo simplifica todo: desaparece el delito de abuso, lo que obliga a una redefinición de las penas, que sus impulsores desmienten que se concrete en una rebaja. En este punto, el CGPJ advierte de que eliminar ese delito puede perjudicar a la víctima, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves.

Rosell, por su parte, ha explicado que los planes del Ejecutivo tienen como objetivo pasar "de una concepción patriarcal del derecho donde el límite lo pone el no, a un sistema basado en el consentimiento libre donde los derechos se abren paso a partir de un sí consensuado y libre". Ha recordado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género que a la llamada Manada de Manresa, que violó en grupo a una menor de edad, no se les pudo condenar por violación por estar ella en estado inconsciente y no haber podido decir que no.

Además, la que fuera diputada de Unidas Podemos ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial, aunque con otros vocales, también criticó las ley contra la Violencia de Género de 2004 e, incluso, la del matrimonio igualitario.