El Tribunal Supremo de EEUU dictaminó este miércoles que Irán debe pagar casi 2.000 millones de dólares en activos congelados a las víctimas y familiares de estadounidenses muertos en ataques de los que se responsabiliza a la República Islámica.

En una decisión tomada por seis votos contra dos, la mayoría de la corte ratificó una ley federal de 2012 sobre la distribución de activos iraníes depositados en bancos estadounidenses, afirmando que el Congreso no usurpó la autoridad de tribunales menores al adoptarla.

Más de 1.000 estadounidenses se benefician con la resolución, referida al atentado contra un cuartel de marines en Líbano cometido en 1983, en el que murieron 241 marines y a víctimas de otros ataques.

Los demandantes habían obtenido la atribución por la justicia de miles de millones de dólares por daños e intereses, que luego no recibieron, por lo que se dirigieron entonces a tribunales de Nueva York, solicitando que se recurriera a los activos iraníes en el país.

Fondos identificados como tales fueron congelados en 2008, implicando diversos intermediarios financieros, entre ellos la firma Clearstream, con sede en Luxemburgo.

Tras aprobarse la ley en 2012, el Banco Central iraní había apelado al Supremo de EEUU, afirmando que el Congreso se había extralimitado en sus funciones y violado la separación de poderes adoptando una resolución cuyo objetivo específico era intervenir en un caso penal.

Los argumentos fueron rechazados por el máximo tribunal estadounidense. Este veredicto fue emitido en un contexto sensible de aproximación entre ambos países, nueve meses después de la firma en Viena de un histórico acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.