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Miles interponen recurso para destituir a legislador antiinmigrante

31/05/2011 18:15 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Más de 18 mil ciudadanos de Arizona interpusieron hoy un recurso para demandar la destitución del presidente del Senado estatal, el republicano Russell Pearce, autor e impulsor de la ley antiinmigrante SB1070. Los demandantes duplican el número previsto por la ley para revocar el mandato de Pearce. Los organizadores de la campaña “Ciudadanos por una Mejor Arizona” interpusieron este martes la solicitud en la Oficina del Secretario Estatal de Arizona, con el respaldo de 18 mil 315 firmas de residentes del Distrito Electoral 18, al que Pearce representa. La ley considera necesarias siete mil 756 firmas para exigir la revocación del mandato de Pearce. La Oficina del Secretario Estatal deberá verificar la validez de las firmas y de cumplirse los requisitos, el legislador sería obligado a renunciar. En consecuencia, la gobernadora Jan Brewer tendría que convocar a una elección especial que podría ser en noviembre o marzo próximo, según la confirmación de la validez de las firmas. La revocación de Pearce sería la primera de un legislador en cien años de historia de Arizona. La campaña “Ciudadanos por una Mejor Arizona” demanda la revocación del mandato del legislador antiinmigrante con base en cuatro puntos, que incluyen su rechazo a la educación pública para todos y oponerse al acceso escolar de hijos de indocumentados. Pearce también rechaza la 14 Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza a todo el nacido en este país la ciudadanía estadunidense y la atención médica a familias pobres y ancianos desvalidos. En 2010, Pearce promovió la iniciativa SB 1070, que considera un delito residir como indocumentado en Arizona y autoriza a las policías a detener a personas sin documentos migratorios. La SB 1070 fue aprobada por la legislatura estatal y promulgada como ley por la gobernadora Brewer. Las partes medulares de la ley Sb 1070, permanecen suspendidas por orden de una juez que estudia la constitucionalidad del estatuto.


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