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Integra Costa Rica equipo de trabajo para analizar proyecto minero

23/07/2010 17:17 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El gobierno de Costa Rica integró un grupo de trabajo para estudiar el cuestionado Proyecto Crucitas, de minería a cielo abierto, informó hoy la Casa Presidencial. El equipo, coordinado por el primer vicepresidente Alfio Piva, analizará la opinión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), agregó en un comunicado. “Hace dos días se notificó al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) el informe sobre la resolución de la Sala IV, compuesta por un documento de 343 páginas, en relación con el Proyecto Crucitas”, señaló la dependencia presidencial. Además, se tomará en consideración “las eventuales responsabilidades legales y pecuniarias que recaerían sobre el Estado y la sociedad costarricense, en caso de una revocación unilateral de la concesión y de otros permisos otorgados”, indicó. “A inicio de la próxima semana, el primer vicepresidente junto con representantes del MINAET, se estarán refiriendo en detalle sobre los análisis mencionados”, apuntó. Por su parte, la Sala Constitucional estableció a través de un comunicado que “por una decisión legislativa, adoptada a iniciativa tanto de ese poder de la República como del propio Poder Ejecutivo, bien puede prohibirse, a futuro, la minería metálica a cielo abierto”. Ambos comunicados fueron emitidos luego que el movimiento opuesto al proyecto anunció que mantendrá las acciones pacíficas como la realizada la semana pasada en la capital costarricense, la caminata “Marchando por la Vida”. En 2008 la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) otorgó viabilidad ambiental a la mina, y el gobierno del ex presidente Oscar Arias (2006-2010) decretó que el proyecto “se declara de interés público y conveniencia nacional”. Arias y el entonces titular del Minaet, Roberto Dobles firmaron el 13 de octubre de 2008 el criticado decreto. Siete días después, la Sala Constitucional recibió un recurso de amparo contra el proyecto, y ordenó suspender toda actividad en el lugar mientras ese tribunal analizaba el caso. Organizaciones ambientalistas -que plantean al gobierno la derogación del decreto de Arias- presentaron de inmediato el caso al Tribunal Contencioso Administrativo, instancia que el pasado 25 de abril decidió mantener la suspensión del polémico proyecto minero. El tribunal recibió en esa fecha un planteamiento, de organizaciones de la sociedad civil, para que se acuse a la Setena de haber cometido el delito de prevaricato, ya que según los demandantes, la entidad otorgó de manera irregular la viabilidad ambiental al proyecto.


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