Inicia reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) dio entrada hoy al proceso de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el apoyo mayoritario de los países a un informe sobre el tema. En una prolongada sesión, la mayoría de los Estados miembros de la OEA también se pronunció por aumentar al menos en 5 por ciento el presupuesto destinado a la CIDH. Aunque muchos países insistieron en defender las propuestas contenidas en el informe como un esfuerzo para fortalecer la comisión, algunos como Uruguay dejaron en claro su rechazo a cualquier intento de debilitar su función. “Limitar o quitar autonomía a la CIDH constituye un mal precedente y no será acompañado por la delegación de Uruguay”, advirtió el representante alterno de ese país, Pedro Israel Valenzuela Durand. Otros se mostraron insatisfechos con el alcance de las recomendaciones, como el embajador peruano, Walter Jorge Albán Peralta, quien reclamó criterios más rigurosos para que la CIDH dé entrada a casos, si antes no se agotan las instancias nacionales. Albán reiteró el malestar de su país por la decisión de la CIDH de turnar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Chavín de Huantar, relacionado con la ejecución de rebeldes durante la liberación de reos de la embajada de Japón en Perú en 1997. Consideró que al dar entrada a esta demanda, la CIDH fue “ajena a la sensibilidad de la sociedad peruana frente a hechos que en su momento dieron paso a sentimientos de zozobra y terror generalizada”. Esto, consideró, “no contribuye a una percepción positiva de la labor que desarrolló este importante órgano del sistema de protección regional de los derechos humanos”. El embajador de Nicaragua, Denis Ronaldo Moncada Colindres, propuso reformar el artículo 11 relacionado con la selección del secretario ejecutivo de la CIDH, para que en vez de un solo candidato, se proponga una terna. Moncada planteó la eliminación del artículo 4, que se relaciona con la evaluación anual que hace la comisión sobre la situación de los derechos humanos en determinados países. Tanto Nicaragua como Argentina propusieron que en vez de ocuparse sólo de unos países, el artículo 4 incluya a todos los Estados miembros, aunque no todos hayan aceptado su competencia. El informe “es discriminatorio, no es propositivo, ni muy transparente; es politizado, en algunos casos se utiliza como instrumento de sanción. De pronto se enarbola como el garrote sin la zanahoria”, acusó Moncada. La presidenta de la CIDH, la estadunidenses Dinah Shelton, replicó a los embajadores que “no vemos nuestro papel como sancionador de los gobiernos”, sino “sólo informar de nuestras actividades y problemas que consideramos los cuerpos políticos deberían conocer”. Por separado, un frente de más de 60 organizaciones no gubernamentales dio a conocer aquí un pliego en que expresaron sus temores sobre los alcances de las reformas, y la posibilidad de que éstas socaven la autoridad y los alcances de la CIDH y sus relatorías.