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Informe de Bachelet documenta torturas, detenciones arbitrarias y represión

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07/07/2019 09:10 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Advierten que si la situación venezolana no mejora, empeorará el éxodo, sin precedentes, de migrantes y refugiados

Bachelet

El Nacional

“Mi esposo ha sido víctima de tortura. Por más de 40 días no supimos de su paradero y, cuando logramos saber de él,  conocimos que fue golpeado con barrotes de madera“, manifestó María Gabriela de Mejías, esposa del coronel Johnny Rafael Mejías Laya. Agregó que a su pareja lo obligaron a tomar agua de un inodoro. Explicó que durante ochos días no se le permitió ir al baño a hacer sus necesidades, lo cual le causó graves infecciones debido a que estuvo obligado a realizarlas encima. Por su parte, Natsibet Evangelina Rivero García, familiar del capitán de corbeta Carlos Gustavo Macsotay Rauseo, denunció que durante cinco días fue sometido a tratos crueles como golpes, patadas, asfixia con bolsas plásticas. La esposa de Leonardo De Gouveia De Sousa también relató la dramática situación de su esposo al mencionado portal. Detalló que lo mojaron para aplicarle electricidad en los testículos,  le colocaron una pistola en la boca y le sacaron una muela.

Las esposas de los militares exigen que se permita el ingreso de los observadores de la ONU para que constaten las condiciones en que se encuentran estas personas. También piden la liberación inmediata de todos los detenidos en la Dgcim. El informe, que este viernes 5 de julio presentará la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos, el cual se reunirá en Ginebra, Suiza, advierte que “si la situación no mejora, continuará el éxodo, sin precedentes, de emigrantes y refugiados que abandonan el país”. Se calcula que hay más de 4 millones de venezolanos en el exterior.

El organismo pide a las autoridades que se libere a todos los detenidos, quienes están presos por ejercer sus derechos fundamentales. Señala al Ministerio Público por haber incumplido su obligación de investigar y enjuiciar a responsables, y afirma que los medios de comunicación se han reducido, pues el régimen ha impuesto una hegemonía comunicacional que restringe el derecho de estar informado.

El documento, que se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, denuncia que en el último decenio, sobre todo desde 2016, el régimen de Nicolás Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.

Advierte que Maduro ha recurrido a detenciones arbitrarias, en su mayoría sin fundamento legal, como uno de los principales mecanismos para intimidar y reprimir a sus adversarios desde 2014. Señala que se registraron 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) aprehendidas entre 2014 y 2019. Algunos de estos casos han sido señalados como desapariciones forzosas hasta que los cuerpos de seguridad del Estado han revelado la ubicación de la víctima, luego de varios días de captura.

La mayoría de estas detenciones se han llevado a cabo cuando los ciudadanos han estado ejerciendo sus derechos humanos, en especial aquellos que están relacionados con la libertad de opinar, expresarse o reunirse de manera pacífica. “(Se les sometieron) a juicios en los que se cometieron graves y repetidas violaciones de la garantía de procedimientos justos”, agrega el texto.

El documento de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reporta que en muchos casos los detenidos fueron sometidos a una o más formas de tortura, así como a tratos crueles, inhumanos o degradantes; por ejemplo,  la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.

“La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez o, como mucho, dos veces al día, y que consumían pocas proteínas y vitaminas

Indica que la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, por lo menos desde 2014. Las Fuerzas de Acciones Especiales, de la PNB, es una dependencia que está señalada de llevar a cabo numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad. Lo mismo advierten del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Los servicios de Inteligencia, Dgcim y Sebin, son acusados de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura a opositores y a sus familiares. Además, los colectivos armados (a quienes la Asamblea Nacional han llamado paramilitares) contribuyen a este sistema mediante el ejercicio del control social en las comunidades y el apoyo a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia.

La Oficina de la Alta Comisionada recomienda que se disuelvan las FAES y que se establezca un mecanismo nacional, imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, a fin de investigar las ejecuciones extrajudiciales en las que se incurrieron en el curso de operaciones de seguridad, garantizar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas.

Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido al ámbito democrático ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos, de acuerdo con el texto. Destaca, asimismo, la repercusión de la profunda crisis económica que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos en los ámbitos alimenticios y cuidados médicos. Informa, a su vez, que el régimen aceptó otorgar a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el acceso pleno a los centros de detención para monitorear las condiciones y hablar con las personas en cautiverio. Asimismo, que se adoptará un calendario de diez visitas, con la aplicación de procedimientos especiales en los próximos dos años. En seis meses la Acnudh y el régimen evaluarán la posibilidad de aumentar la presencia de la organización en el país y establecer una oficina.

Crisis alimentaria

Advierten que si la situación venezolana no mejora, empeorará el éxodo, sin precedentes, de migrantes y refugiados. “La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez o, como mucho, dos veces al día, y que consumían pocas proteínas y vitaminas. La falta de acceso a alimentos tiene un impacto especialmente adverso en las mujeres, que son las principales encargadas y/o las jefas de familia, que se ven obligadas a dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida. Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se han visto forzadas a intercambiar comida por sexo”, denuncia. En el informe se considera que las políticas económicas y sociales del chavismo han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, lo que ha incrementado la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria.

Salud: la situación es grave

El organismo reconoce la crisis sanitaria del país al señalar que han aparecido enfermedades que anteriormente estaban controladas o erradicadas; tal es el caso de la difteria y el sarampión. Reconoce, a su vez, que la escasez de medicamentos asciende a entre 60% y 100%. También se habla de la falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos y que algunas ciudades enfrentan una escasez de 100%, lo que aumenta el riesgo de contraer VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, así como que se incremente la tasa de embarazos no deseados. “Violaciones del derecho a la salud son resultado del incumplimiento del gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aun por motivos económicos (...). También se producen violaciones del derecho a la salud por el hecho de que el gobierno no publique datos sobre la salud pública, que son esenciales para la concepción y puesta en práctica de una respuesta adecuada a la actual crisis sanitaria que padece el país”, concluye en este apartado.

Sobre las sanciones. La oficina de la ONU considera en el informe que Venezuela ya estaba atravesando una crisis económica antes de que comenzaran las sanciones internacionales. Sin embargo, hacen énfasis en que las últimas medidas de este tipo han agravado aún más los efectos de la crisis y, por tanto, la situación humanitaria, “dado que (la mayor parte) de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense”

 


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Sedelu1 (579 noticias)
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