Globedia.com

×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Internacionales escriba una noticia?

Histórico que Estado salvadoreño acepte culpabilidad en caso Romero

08/11/2009 11:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Tras casi una década de rechazo, el gobierno de El Salvador aceptó la responsabilidad del Estado en el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y pareció dirigirse a cerrar una de las páginas más negras en la historia de este país. En una decisión que marcó como nunca el contraste entre el actual presidente Mauricio Funes y sus predecesores, el gobierno salvadoreño aceptó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la responsabilidad del Estado en el asesinato del dirigente católico. David Morales, director general de Derechos Humanos de la cancillería salvadoreña, anunció ante la CIDH la decisión de su gobierno de cumplir las recomendaciones emitidas en torno a ese crimen. El anuncio puso fin a la resistencia de los gobiernos de Francisco Flores y Elías Antonio Saca para acatar dichas recomendaciones, desconociendo así la autoridad del máximo órgano hemisférico en materia de derechos humanos. "La actitud del Estado salvadoreño representa un cambio histórico" dijo Alejandra Nuño, directora del Programa para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Monseñor Romero, Arzobispo de San Salvador, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba una misa en la capilla del hospital de La Divina Providencia en la capital salvadoreña. De manera paradójica, aquel día Romero, quien había sido ya objeto de constantes amenazas de muerte, pronuncio una homilía declarando que "a mí pueden matarme, pero a la justicia ya no se le puede matar". Aunque las autores materiales e intelectuales del crimen quedaron plenamente identificados, una controvertida ley de amnistía aprobada en 1993 los eximió de todo castigo. Notable entre los beneficiarios de esta ley fue el mayor Roberto d’Aubuisson, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de donde emanaron los dos presidentes anteriores. D’Aubuisson, identificado como autor intelectual del asesinato, falleció de cáncer en 1992 sin que jamás fuera sometido a proceso judicial. Su responsabilidad quedó asentada en el informe de la Comisión de la Verdad que entre 1992 y 1993 investigó las más graves violaciones de derechos humano durante la guerra civil salvadoreña. Es por ello que para Nuño, el histórico anuncio del pasado viernes "es un primer paso para la reparación integral del daño causado por este crimen". "Percibimos buena fe del Estado para cumplir con las recomendaciones", apuntó la abogada, cuyo organismo ha sido parte integral del litigio sobre el caso de Romero desde 1998. Bajo las recomendaciones de la CIDH, el Estado salvadoreño deberá ahora realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva de manera expedita sobre ese crimen. El objetivo deberá ser el de "juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones encontradas, sin perjuicio de la (ley de) amnistía decretada". Asimismo deberá reparar todas las consecuencias de las violaciones identificadas a partir de ese hecho, incluyendo el pago de una indemnización. Quizá el aspecto más significativo y que podría presentar obstáculos será el de adecuar su legislación interna a tono con la Convención Americana de Derechos Humanos a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General de 1993.

Más sobre

Sobre esta noticia

Autor:
Internacionales (44072 noticias)
Visitas:
2247
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.