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Gobierno se muestra "sorprendido y apesadumbrado" por la demanda de Betancourt aunque cree que no prosperará

09/07/2010 20:45 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Ministerio de Defensa se declaró "sorprendido y apesadumbrado" por la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la ex rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Ingrid Betancourt para exigir al Estado 12.500 millones de pesos (5, 2 millones de euros) por su responsabilidad en su secuestro, aunque manifestó su "convicción" de que no prosperará.

A través de un comunicado leído este viernes por el secretario general del Ministerio de Defensa, Luis Manuel Neira, el ente público se confesó "sorprendido y apesadumbrado" por la decisión de Betancourt, "máxime por el esfuerzo y empeño de la Fuerza Pública en la planeación y ejecución de la Operación Jaque" en la que fue liberada junto a otros 14 rehenes en julio de 2008.

"Hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas arriesgaron sus vida en pos de la libertad de los secuestrados y de la propia Ingrid Betancourt que calificó como perfecta esta operación", recoge el documento.

Sin embargo, el Ministerio manifestó su "convicción" de que estas solicitudes no prosperarán porque "no existe ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en estos hechos". En este sentido, el texto señala que Betancourt desatendió las "insistentes" recomendaciones de las autoridades colombianas de no acudir a al municipio de San Vicente de Caguán donde tenía previsto iniciar conversaciones con la guerrilla en pro del proceso de paz.

Por su parte el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, reiteró este idea asegurando que la ex candidata presidencial "no quiso escuchar las observaciones que le hizo el Gobierno Nacional y penetró a una zona que no era segura", lo que tuvo como consecuencia un "lamentable" secuestro.

Además, el ex comisionado de paz Camilo Gómez afirmó que en las dependencias del Ministerio de Defensa existe un documento firmado por Betancourt en el que asume la responsabilidad de las consecuencias que pudiera tener su contacto con las FARC, al rechazar las advertencias de las tropas que la acompañaban en la misión.

"El día en que fue secuestrada la ex candidata presidencial llegó a un retén militar en el que se le impidió el paso, ya que era una zona de conflicto y de alta peligrosidad. En el retén ella firmó un documento en el que asumía la responsabilidad de lo que le pasara", explicó Gómez.

Por todo ello, Valencia Cossio considera improbable que la política colombiana continúe en su empeño de exigir responsabilidades al Estado. "Realmente yo no creo posible que haya una demanda de ese estilo porque todo el mundo conoce las condiciones en que fue secuestrada Ingrid", aseveró.

LA DEMANDA

La ex candidata presidencial anunció este viernes el comienzo de los trámites legales para reclamar al Estado colombiano el pago de 12.500 millones de pesos por los supuestos errores cometidos por las Fuerzas Armadas en las tareas de protección mientras se internaba en la selva para iniciar un diálogo con las FARC.

Betancourt presentó ante el Ministerio de Defensa una "acción de conciliación" donde argumenta irregularidades en su protección y movilización que habrían derivado en un secuestro de más de seis años, a pesar de que, tal y como sostiene, oficiales del Ejército le garantizaron la seguridad durante todo el proceso.

Con el dinero requerido, la ex congresista pretende paliar los daños causados a su madre, Yolanda Pulecio, sus dos hijos y a ella misma y evitar la presentación de una demanda a través de la Justicia ordinaria en lo que sería un acuerdo amistoso con el Gobierno.

LOS HECHOS

Betancourt fue secuestrada en febrero de 2002 cuando se dirigía a la zona de distensión establecida en el municipio de San Vicente de Caguán, en el sur del país, para contactar con la guerrilla y propiciar el comienzo de un diálogo de paz, en el marco de la campaña electoral para la presidencia.

Tras seis años de cautiverio, la candidata fue rescatada en julio de 2008 junto a tres contratistas estadounidenses y once uniformados colombianos en el desarrollo de la llamada 'Operación Jaque', que supuso uno de los golpe más contundentes contra el aparato político y militar de las FARC.


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