Los ministros de Mariano Rajoy han empezado a despejar sus agendas para estar en Madrid alrededor del 1 de octubre, ante el temor de que la Generalitat impulse una declaración unilateral de independencia. Es el caso de los ministros de Exteriores y Educación, Alfonso Dastis e Íñigo Méndez de Vigo que acaban de anular con urgencia su asistencia a un acto protocolario previsto para el próximo lunes en Roma.

El Gobierno trabaja con el escenario de que los partidos independentistas hagan una declaración de independencia de Catalunya en el Parlament durante el pleno de la Cámara catalana programado para el 3 y 4 de octubre, aunque no se pueda llevar a cabo el referéndum secesionista el 1-O.

Dastis y Méndez de Vigo tenían previsto participar en la inauguración de una jornada de hermanamiento cultural entre las ciudades de Santiago de Compostela y Roma. Este jueves la organización del evento comunicó al resto de invitados que la inauguración quedaba anulada, por la inasistencia de los dos compañeros de Rajoy en la mesa del Consejo de Ministros. Fuentes de Moncloa aseguran que "estos días todo el mundo está aligerando la agenda de actos protocolarios para estar centrado en lo importante".

El papel de ambos es crucial ante el embrollo catalán. A Exteriores le corresponde la relación con el resto de países y el trabajo diplomático que impida el aval internacional que busca el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En el caso de Méndez de Vigo, su función de portavoz le hace imprescindible para comunicar cualquier decisión que adopte el Gobierno en relación con los hechos que se desencadenen tras el 1-0.

Fuentes del Ejecutivo señalaron que la Generalitat buscará fórmulas para que el mayor número de personas pueda votar en la consulta independentista del próximo domingo, "aunque sea con votaciones a través de los teléfonos móviles", para tratar de legitimar un "referéndum ilegal que no cuenta con garantías: Ni censo, ni junta electoral, ni centros para votar, ni reconocimiento internacional".

Aunque Puigdemont argumentó a eldiario.es que "no está encima de la mesa una declaración unilateral de independencia", en Moncloa no creen las palabras del dirigente independentista. "Los dirigentes del Govern están desacreditados por haber ignorado la voluntad de más de la mitad de la población catalana", fue la respuesta del Ejecutivo.

De hecho, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, resaltó la necesidad de "un nuevo relevo" de políticos nacionalistas para resolver la ecuación catalana. "Tienen que venir nuevos políticos en el independentismo que crean en el diálogo y quieran bailar el tango dentro de la legalidad", apuntó Montserrat. En el mismo sentido se expresó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que señaló que "lo mejor es acabar con todo esto" y que "se cambien los interlocutores" en Catalunya a partir del 2 de octubre.

La ley de transitoriedad jurídica y del referéndum aprobadas por el Parlament, pero impugnadas por el Tribunal Constitucional, permiten que 48 horas después del recuento de la consulta independentista, la Cámara autonómica pueda "efectuar la declaración formal de independencia de Catalunya, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente".

El Gobierno de Mariano Rajoy apunta que en el pleno del 3 y 4 de octubre los independentistas pueden dar ese paso, pero permitiendo que la oposición pueda debatir para borrar la imagen de "imposición y golpe de mano" que se vio durante la jornada parlamentaria en la que se aprobaron ambas normas secesionistas a principios de septiembre.

Fuentes del Constitucional, consultadas por eldiario.es, aseguran que "si Cataluña declara la independencia unilateral, la decisión será recurrida por el Gobierno tras el preceptivo informe del Consejo de Estado". Para que eso suceda, el Consejo de Ministros deberá reunirse con urgencia tras conocerse la decisión catalana.

Ante esta perspectiva, fuentes del Gobierno añadieron que se van a "ver obligados a tomar medidas más duras" de las que ya se han adoptado, sin precisar qué actuaciones se podrían llevar a cabo. De momento, el Gobierno ha intervenido las finanzas de la Generalitat y ha establecido que el control de la seguridad sobre todo lo relacionado con el referéndum quede bajo la tutela del Ministerio de Interior.

Estas medidas más duras, que podrían pasar por la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención total de la autonomía catalana por parte del Gobierno central o la petición de inhabilitación de Puigdemont, pueden provocar que los socialistas rebajen el apoyo que hasta ahora ha prestado al Gobierno en las resoluciones tomadas para frenar el referéndum del 1-O. "Veremos a ver la posición del PSOE a partir de 2 de octubre cuando vengan momentos más duros, nos tememos que se van a descolgar", aseguró un diputado del PP.

El Gobierno entiende que tras el 1 de octubre, una vez que haya pasado la fecha sin la celebración del referéndum, la Generalitat debería convocar elecciones autonómicas que permitan abrir un nuevo periodo en Catalunya donde se puedan negociar asuntos como la financiación autonómica o inversiones.