El Gobierno andaluz extiende a los planes y a las ofertas públicas de empleo el informe de impacto de género

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entre hombre y mujeres en las políticas de la Junta

La Junta de Andalucía extenderá a los planes, ofertas públicas de empleo, decretos legislativos y disposiciones reglamentarias de las consejerías el informe de evaluación de impacto de género que desde 2004 ya exigía para garantizar el principio de igualdad entre hombre y mujeres en los reglamentos y proyectos de ley. Así se recoge en el nuevo decreto regulador de este requisito, que sustituye al vigente durante los últimos ocho años. La norma también define el papel de las Unidades de Igualdad de Género que la Administración autonómica ha implantado desde 2010 en sus distintos departamentos.

De acuerdo con la regulación, el informe de evaluación de impacto de género debe ser emitido por el centro directivo encargado de elaborar el proyecto normativo, plan u oferta pública de empleo de que se trate. Este trabajo se realiza de forma previa al proceso habitual de aprobación de normas por parte del Consejo de Gobierno.

Este documento contiene, al menos, una descripción de las diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito de la disposición que se pretende aprobar (con datos de estadísticas oficiales desagregados por sexos) y un análisis del impacto potencial que su entrada en vigor puede producir sobre la igualdad.

La elaboración de los informes cuenta con la labor de asesoramiento y revisión de las Unidades de Igualdad de Género de la Administración andaluza, servicios integrados por profesionales con formación en igualdad de oportunidades y adscritos a los órganos directivos que ejercen funciones de carácter horizontal o transversal en las consejerías y entidades instrumentales.

Además de ejercer este control previo sobre la normativa, la planificación y el empleo público, Andalucía es actualmente la única comunidad autónoma española que incorpora el informe de impacto de género en sus cuentas públicas. Esta experiencia, que se lleva a cabo desde hace siete años, y de forma preceptiva a partir de los presupuestos de 2009, aporta una metodología pionera que implica a todos los gestores presupuestarios y vincula con el objetivo de igualdad a todas las políticas. En el vigente presupuesto de 2012, los programas denominados G+, los más relevantes desde este punto de vista, suponen el 71, 3% de la asignación total.