¿George Bush en el banquillo? Cuatro torturados le acusan ante la Justicia Penal Internacional

Grupos de Canadá piden el arresto de Bush.

Organizaciones de derechos humanos pidieron el arresto de George Bush durante su visita a Canadá el 20 de octubre, por torturas en su guerra contra el terror.

El 19 de octubre el Center Constitutional Rights (CCR) y Canadian Center for International Justice (CCIJ), en nombre de cuatro personas torturadas, instaron al ministro de Justicia de Canadá y al fiscal del Estado de este país a abrir una investigación basada en la legislación nacional e internacional. Se adelantaron acciones legales para detener y procesar a George W. Bush aprovechando su visita a la ciudad de Surrey, en British Columbia (Canadá).

La petición a la justicia canadiense se basaba en más de 4.000 páginas de anexo a la acusación –entre informes, memorandums oficiales de los EE UU, declaraciones del propio mandatario, informes de Cruz Roja o Naciones Unidas–. Un mes antes, Amnistía Internacional presentaba un memorándum con la responsabilidad legal del expresidente Bush por violaciones de derechos humanos y, a la semana de su visita, pidió también su arresto a las autoridades canadienses.

Las torturas entre 2002 y 2009, ocurridas bajo responsabilidad de Bush, parecen extraídas de un Manual de la Gestapo nazi

Waterboarding o asfixia simulada, posturas estresantes, aislamiento, agresiones, perturbación de los sentidos, privación de alimentos y agua, exposición a temperaturas extremas, agotamiento progresivo, negación del sueño, etc. Cualquier sometimiento a estos tratos para causar dolor físico o psicológico a otra persona podría haber sido tomado del Estado policial presentado en la novela 1984 de George Orwell. O de una acusación contra la Gestapo, en la Alemania de Hitler. Sin embargo, no se trata de ficción distópica, sino de los hechos de tortura ocurridos entre 2002 y 2009 bajo responsabilidad de George W. Bush.

Después del 11S se puso en marcha la maquinaria de propaganda que cultivó en Occidente la idea de EE UU como la nación salvadora. Desde entonces, cualquiera podía ser sospechoso de terrorismo; tanto que se allanó el camino para justificar la tortura.

Documentos de Amnistía Internacional acusaron a la Justicia canadiense de no aplicar los convenios de Ginebra

La carta remitida por CCR y CCIJ, firmada por numerosas personalidades y por más de 50 organizaciones indicaba: “George Bush, en la calidad de expresidente de EE.UU, ostenta responsabilidad individual por los actos de tortura y/o trato cruel, en la medida en que ordenó, autorizó, consintió, planificó o ayudó a dichos actos”.

Un proceso interrumpido por Canadá, incumpliendo obligaciones internacionales

Matt Eisenbrandt, director legal del CCIJ y que presentó la solicitud en nombre de los denunciantes cuenta cómo “apenas unas horas después de que un juez de paz recibiera la información y el tribunal fijara una fecha para la audiencia de enero, el procurador general de la Columbia Británica intervino en el caso y decidió suspender el procedimiento contra el expresidente George Bush, lo cual puso fin a la causa”. Amnistía Internacional coincide en que Canadá ha incumplido sus obligaciones: con su Código Penal interno y con el derecho internacional al ser uno de los firmantes de la Convención contra la Tortura.

Según la abogada de CCR, Katherine Gallagher, el Gobierno canadiense hizo lo posible para proteger a George Bush, pues “la velocidad con la que se llevó a cabo muestra que el caso no fue tratado en serio, las denuncias de tortura de cuatro hombres encarcelados sin cargos en Guantánamo fueron simplemente ignoradas”. La impunidad que se brinda a George Bush se está discutiendo desde el pasado invierno. En febrero, canceló a última hora su viaje previsto a Ginebra (Suiza) ante la posibilidad de que se abriera una investigación. Gracias al trabajo del Center Constitutional Rights y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, dos torturados prepararon una acusación que ha servido de precedente para emprender un proceso en cualquiera de los 147 países que han ratificado la Convención de la ONU. Según Gallagher, “Bush tendrá que ser muy cuidadoso en decidir dónde elige viajar, ya que sigue siendo vulnerable a un proceso en cualquiera de los demás países que han firmado la Convención”.

La Cruz Roja califica las técnicas "de interrogatorio reforzado" de Bush como atentados contra la la dignidad humana

Cuatro personas que estuvieron bajo custodia norteamericana después de ser arrestados en Pakistán entre 2001 y 2002 han denunciando a Bush. Son Hassan bin Attash, Sami el-Hajj, Muhammed Khan Tumani y Murat Kurnaz, y su acusación está respaldada por varios organismos internacionales. Argumentan que en febrero de 2002 la Administración Bush autorizó a la CIA a programar centros secretos de detención y “técnicas de interrogatorio reforzadas”.

Como recogen documentos de Amnistía Internacional, el Center Constitucional Rights y Canadian Center for International Justice, Bush impuso que los Convenios de Ginebra no fueran “aplicables a los detenidos de Al Qaeda o talibanes”. Un informe de Cruz Roja Internacional apunta que esas prácticas se planearon para “atentar contra la dignidad humana”.