El ambiente mediático rezuma hoy cierta animadversión hacia el magistrado Baltasar Garzón. Junto a eso, pero en grado menor, algún respaldo simpático se deja caer por escrito. En la calle se tiene la impresión de que hay conspiración. En unos casos se aplaude y en otros se denuncia que Garzón esté sentado en el banquillo de los acusados.

Son múltiples las opiniones y argumentos que se aducen a favor y en contra del ‘caso Garzón’. A favor, predomina que todos los españoles son iguales ante la ley y que el juez cuenta con todas las garantías procesales. En contra, que se trata de una venganza judicial contra Garzón.

Haciendo un breve recorrido histórico, tenemos que, mientras Francisco José Hernando Santiago (magistrado designado por el PP en 2001) presidía el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (de 2001 a 2008) el Alto Tribunal nunca admitió a trámite ninguna querella contra el magistrado Baltasar Garzón, interpuestas por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias.

Llama la atención que sí prosperara la que promovió este mismo Colectivo, el 27 de mayo de 2009. El Tribunal Supremo la admitió a trámite, presidido ya por el magistrado Carlos Dívar Blanco, elegido con los votos favorables del PSOE en 2008. Durante su presidencia destaca la suspensión cautelar de Baltasar Garzón como juez de la Audiencia Nacional, acordada el 14 de mayo de 2010 por el Consejo General del Poder Judicial que el propio Dívar preside también. ¿Casualidad? Es posible.

Muchos piensan y dicen que la derecha política está detrás de la caza a Garzón. Sin embargo, es el PSOE el que más motivos tiene desde que Garzón arremetiera feroz y judicialmente contra ellos por el asunto de los GAL. La Vieja Guardia del Partido no le profesa ninguna simpatía. Algunos de sus miembros, como Vera o Barrionuevo vieron destruidas sus carreras y fueron a la cárcel gracias a la diligencia de un juez despechado, tras haber abandonado la política y el PSOE como consecuencia de sus aspiraciones ministeriales frustradas. Incluso el propio ex presidente González fue tachado con la “X” de máximo responsable del terrorismo de Estado atribuido a los GAL.

Por otra parte, no deja de ser llamativo que la admisión a trámite de las tres querellas, que sientan y sentarán próximamente a Garzón en el banquillo, se hicieran durante el último gobierno socialista, en tiempos de la vicepresidente Fernández de la Vega. ¿Un asunto baladí? Probablemente.

¿Conspiración política? Es posible pero, si la hay, apunta más al PSOE que al PP. Otra cosa es que todos se beneficien de la inhabilitación del juez Garzón.

¿Conspiración judicial? En principio, impensable. De lo contrario, apaga y vámonos de este Estado de Derecho.