Garantiza Colombia protección a líderes de restitución de tierras

El gobierno de Colombia garantizó hoy la protección a los líderes de la restitución de tierras hurtadas por los grupos armados en el marco del conflicto interno, ante los ataques iniciados contra varios de ellos. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo ante la Mesa Nacional de Garantías de Derechos Humanos, que el gobierno colombiano designó importantes recursos para proteger a quienes están amenazados. Aseguró que el proceso sobre devolución de tierras a las víctimas de la confrontación militar en Colombia "va en serio" para lo cual se han tomado las medidas necesarias en el tema de la seguridad. "El año pasado fueron dispuestos varios millones de pesos para la aplicación de la Ley de Víctimas, y entre estos recursos están los que conciernen a la protección de líderes del proceso de restitución”, subrayó. Organizaciones No Gubernamentales (ONG) colombianas pidieron apoyo internacional para frenar la violencia contra víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, según informó este viernes el diario El Tiempo. En una carta enviada a 24 embajadas acreditadas en el país, seis ONG pidieron apoyo externo para que organizaciones de víctimas (del desplazamiento) y sus líderes no sigan siendo “perseguidos o asesinados". En la misiva se denuncia a empresarios beneficiados con el despojo de tierras que apoyan la presión a campesinos y, “también, la contratación de una agencia de publicidad para impulsar la campaña de desprestigio de líderes" que apoyan la restitución de predios. El presidente Juan Manuel Santos prometió devolver a sus dueños las miles de hectáreas que están en poder de la guerrilla y el paramilitarismo, como una forma de resarcir a las víctimas del conflicto armado interno. La restitución se hará a instancias de una ley aprobada en 2011 por el Congreso colombiano, la cual busca reparar a 4 millones de personas afectadas por masacres, desapariciones y desplazamiento. El ministro recordó que, con el fin de cumplir con la Ley, se ordenó que la Dirección Nacional de Estupefacientes acelere ante los jueces los procesos de extinción de dominio sobre al menos 500 mil hectáreas.