El juez Pablo Ruz ha procesado a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sahara, entre 1975 y 1992, y en algunos casos en concurso con delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada. Para adoptar esta decisión, el juez en su auto se basa en las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten "corroborar la  veracidad" de los delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por "documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas".

En el auto del procesamiento destaca Ruz "el hecho fundamental que supuso el hallazgo de una fosa común en febrero de 2013 en la zona de Amgala (Sahara Occidental) con 8 cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, así como por la documentación que tenían entre sus prendas", a raíz de lo cual declararon algunas personas que presenciaron esos asesinatos, así como sus familiares. Los procesados son: el coronel mayor de la Gendarmería Real en Agadir, Driss Sbai; el interventor del director de Policía Judicial, Brahim Ben Sami; el comisario Hariz El Arbi; el coronel Lamartiel y el exgobernador de la Administración Territorial del Sahara Abdelhafid Ben Hachem.

También están el excoronel Abdelhak Lemdaour; los exgobernadores del campo de refugiados de Smara Driss Sbai, Said Oussaou y Hassan Uychen, así como Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri. El juez además decreta además la busca y captura e ingreso en prisión a efectos de extradición de otros siete presuntos responsables de ese genocidio: Ben Hachem, Abdelhak Lemdaour, Driss Sbai, Said Ouassou, Hassan Uychen, Brahim Bensami y Hariz El Arbi.

Como dice el juez Ruz la prueba más sólida de la acusación por genocidio en la Audiencia Nacional, son las fosas olvidadas del Sahara.

El informe de la exhumación de fosas en el Sahara se incorpora a la causa que lleva el juez. Una vez recuperados los restos de dos fosas comunes por un equipo de investigación vasco, las familias de los ocho saharauis, entre ellos dos niños, ejecutados por militares marroquíes, quieren justicia y la pedirán en España. “El último soldado español de Franco abandonó el Sahara el 26 de febrero de 1976 y estos asesinatos se produjeron el 12 de febrero. El informe sobre esta exhumación es la prueba más sólida que tenemos”, explicó Manuel Ollé, abogado de los saharauis que en 2006 presentaron una querella por genocidio en la Audiencia Nacional. Baltasar Garzón se declaró competente para investigar los hechos en 2007 y el juez Pablo Ruz heredó la causa, que sigue abierta, cuando el juez Garzón cayó en desgracia ante el Tribunal Supremo español.

El informe que Ollé ha incorporado al sumario, el informe médico pericial elaborado por el forense Francisco Etxeberria y el doctor en psicología Carlos Martín Beristain, hecho con la metodología de un texto pericial. Etxeberria ha participado como perito, entre otros, en los informes sobre la muerte de Pablo Neruda o Salvador Allende y Cervantes. El forense Beristain ha sido colaborador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional—. El equipo está formado por miembros del Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y un grupo de investigadores de Aranzadi, acompañados por representantes de Euskal Fondoa, Ayuntamiento de Donostia y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El pasado año un equipo de investigadores de Aranzadi, liderado por Paco Etxeberria, y Carlos Martin Beristain, y miembros de las otras organizaciones, viajaron al Sahara occidental en busca de fosas comunes de saharauis ejecutados por el Ejército marroquí en 1976. En el viaje hallaron dos fosas comunes con ocho cadáveres, dos de ellos menores de edad. Pronto el mismo equipo volverá a la zona para seguir trabajando en el lugar y buscar más fosas de víctimas saharauis.

El Instituto Hegoa ha presentado El libro titulado Memorias Nómadas ilustrado de relatos sobre testimonios de violaciones de derechos humanos, publicado por la editorial Icaria. Los relatos han sido escritos por Carlos Martín Beristain, que es el investigador principal de la exhaustiva investigación que se realiza en Hegoa. Los ilustradores son Alonso Gil y Federico Guzmán, ambos residentes en Sevilla con un fuerte vínculo personal con el pueblo saharaui a través de la colaboración en ARTIFARITI.

El abogado Ollé confía en que sirva para que el proceso siga adelante y se cite a declarar a los encausados. “Esta querella habla de torturas, desapariciones forzadas, asesinatos de familias enteras, atentados contra la libertad sexual, envenenamiento de pozos de agua… No son crímenes ordinarios. Tuvieron una finalidad clara: exterminar al pueblo saharaui, un genocidio idéntico a los la Alemania nazi. Son crímenes de obligada persecución por la comunidad internacional”, aseguró en unas jornadas organizadas por la Asociación Pro Derechos Humanos y el Consejo General de la Abogacía.

Etxeberria y Beristain expusieron sus hallazgos hace un tiempo ante la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cristina Fraile. “Nos pidieron que le enviásemos más fotos de los DNI españoles (ya que la víctimas los obtuvieron durante la colonización española) que recuperamos de entre los huesos de las fosas descubiertas y así lo hicimos al día siguiente, pero no hemos vuelto a tener noticias”, explica Beristain. “Hemos presentado pruebas muy contundentes que merecen una respuesta de nivel. El gobierno español es quien debería haber abierto una investigación propia sobre estos hechos, no solo porque los saharauis eran en aquel momento ciudadanos españoles y exigir a las autoridades marroquíes que colaboren”. Pero por supuesto no lo hubieran hecho jamás, motu propio, pues “Marruecos es el mejor amigo de España”-según ha pregonado siempre el ex rey Juan Carlos I.

Los análisis de ADN revelan, además, que Marruecos mintió porque en el informe elaborado por la Instancia Equidad y Reconciliación en 2006 aseguraron que de las víctimas cuyos restos fueron recuperadas en las fosas habían fallecido en un cuartel de Smara. “hemos  exhumado huesos, pero también verdades. Y esta llevaba oculta desde 1976”, afirma Beristain. No murieron de enfermedad, sino que los mataron a tiros, después de torturarlos.

En su último viaje a la zona, el equipo de investigación localizó otras tres fosas comunes. El informe estima que hay más de 400 saharauis desaparecidos. “Tenemos que volver. Esperamos poder hacerlo en seis meses. Ahora hemos agotado los recursos. Cuando consigamos apoyo económico, volveremos”, asegura Etxeberria.

Ocho cadáveres de desaparecidos saharauis fueron localizados en otras tres nuevas fosas comunes descubiertas recientemente por expertos españoles cerca de Amgala, según anunció el presidente de la Asociación de Familiares de presos y desaparecidos saharauis (Afapredesa), Abdesslam Omar.

El hallazgo fue hecho en noviembre de 2014 por esos expertos científicos de renombre internacional, que exhumaron los restos de ocho ciudadanos saharauis descubiertos en tres fosas comunes en Fadret Leguiaa, región de Smara cerca de Amgala,   señaló Omar Abdesslam.

El presidente de Afapredesa dijo que "los expertos están llevando actualmente la identificación genética de los cuerpos, añadiendo que "se trata de una operación compleja que tomará tiempo para identificar la identidad de esas personas".

Omar Abdesslam ha denunciado a todos los efectos, el hecho de que el equipo médico l "no podrá extender sus investigaciones a los territorios ocupados por Marruecos, donde se concentran muchas más las fosas comunes".

Denunció, también, que a pesar de la presión de las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, en particular, "Marruecos se está apegando a su posición de rechazo y no quiere respetar el derecho internacional".

El presidente de Afapredesa ha protestado en este sentido en contra de la "negativa de las autoridades marroquíes que no permiten a las organizaciones internacionales visitar los territorios del Sahara Occidental ocupados por Marruecos  y esclarecer la verdad sobre las violaciones cometidas por las fuerzas marroquíes".

Según Omar Abdesslam, “más de 400 saharauis están censados por ahora como víctimas de desapariciones forzadas y otros muchos  se encuentran desaparecidos tras los bombardeos de la aviación marroquí sobre Um Draiga, Guelta o Tifariti en 1976. El descubrimiento de estas nuevas fosas se añade a las de junio, cuando ocho cadáveres de saharauis asesinados en febrero de 1976 fueron identificados por el mismo equipo dirigido por Francisco Etxeberria y su colega el Dr. Carlos Martín Beristain. Los restos de al menos 60 cuerpos, incluidos niños, se han encontrado no muy lejos del "muro de la vergüenza" y se trata de civiles saharauis ejecutados por las fuerzas marroquíes durante la invasión y la ocupación del Sahara Occidental en 1976.

Las investigaciones sobre justicia universal siguen su curso mientras los congresistas españoles tramitan la proposición de Ley Orgánica para cercenar la competencia internacional de los magistrados españoles. Recientemente, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha tomado declaración a dos de los peritos forenses que en junio de 2013 participaron en la exhumación de una fosa común en la que estaban enterrados ocho beduinos saharauis que se dedicaban al pastoreo de cabras y camellos y que fueron ejecutados a tiros. Dos de los fallecidos eran menores de edad, según las pruebas forenses supuestamente ejecutados sin juicio por fuerzas militares marroquíes en febrero de 1976. Francisco Etxeberria y Carlos Beristain, ratificaron que el enterramiento lo habían presenciado al menos tres personas de nacionalidad española. Junto a sus cadáveres se hallaron dos DNI y una cartilla de racionamiento de azúcar.

La investigación de la fosa común se incorporó a la querella interpuesta en 2006 sobre crímenes de lesa humanidad en el Sahara Occidental después de que España abandonara su antigua colonia a finales de 1975. Según la investigación de Etxeberria y Beristain, que incluyen las pruebas de exhumación e identificación y la valoración de los testimonios de 15 personas, en la fosa, situada en la zona de Fadret Leguiaa, en la región de Smara, a 400 kilómetros de los campamentos de Tinduf, yacen los cuerpos de ocho pastores beduinos saharauis.

Según ha detallado Etxeberria estas  personas fueron enterradas de “cualquier manera bajo la arena y con la munición con la que los marroquíes realizaron los  disparos”. La inhumación se realizó, además, “sin tener en cuenta las costumbres y tradiciones del pueblo saharaui”.

Francisco Etxeberria continúa: "El relato de las torturas es muy impresionante". La entrevista al forense que ha analizado dos fosas comunes en el Sahara sobre el procesamiento de once marroquíes por genocidio es interesante e indignante. "Es indescriptible la serie de abusos  que se produjo en esas fechas y después" afirmó el forense guipuzcoano al día después de ese procesamiento.

"Es muy duro el relato de las vejaciones a  mujeres, el caso de personas que han estado 25 años presas o desaparecidas sin ningún juicio y todos los abusos perpetrados“. Relata Etxeberria que considera que esas hechos "tremendos, terribles, incalificables" se hicieron con un desprecio total al pueblo saharaui.

Sobre el informe en el que relata el hallazgo de dos fosas comunes en el Sahara explica que pese a haber identificado a todos los cadáveres que albergaban "es imposible acreditar que esas personas fueran torturadas porque estaban en situación esquelética, como los judíos en Auschwitz, con la ropa encima". Pero sí incorpora, explica, "testimonios de personas que, siendo niños, vieron lo que ocurrió"

Además de los dos peritos, también ha comparecido ante Ruz, Mahmud Selma, hijo de una de las víctimas, que ha relatado cómo su primo Abba-Ali Said Daf presenció con solo 14 años las ejecuciones, y oyó el nombre de dos personas, cuyos documentos de identidad han aparecido entre los restos, lo que refuerza las conclusiones del informe. Abba-Ali Said Daf y Kabula Selma Daf, que viven en Argelia, estaban citados por el magistrado, pero las autoridades consulares de Argel no tramitaron su visado y no pudieron volar a Madrid. Los querellantes, dirigidos por el letrado Manuel Ollé, van a presentar una denuncia por estos hechos que atribuyen a “una aplicación por adelantado de la reforma para acabar con la justicia universal”.

Ollé teme que esta causa sobre el genocidio - existen más de 400 víctimas de desaparición forzosa saharauis, la mayoría entre 1975 y 1977- acabe archivándose en cuanto entre en vigor la reforma del gobierno español para acabar con la justicia universal. El abogado ha expresado su deseo de que hoy diputados y senadores del PP pudieran haber estado presentes en las declaraciones "escuchando cómo se aniquilaba al pueblo saharaui, cómo se aniquilaba a ciudadanos entonces españoles víctimas de genocidio y que hoy quedan absolutamente sin ningún tipo de protección".

Gracias al forense Paco Etxeberria y al psicólogo Beristain se han identificado algunas víctimas saharauis de los 400 desaparecidos

El coordinador de la querella sobre el genocidio del Sahara, Manuel Ollé, considera la decisión del juez Ruz un “éxito para los derechos humanos”

El auto de Ruz dice que “la querella recoge de manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui (…) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse del territorio”

Los juristas temen que el Gobierno marroquí no comunique a los procesados la orden de detención ni facilite datos para su identificación. Manuel Ollé coordina a una decena de juristas de todo el Estado español, que desde el año 2006 están trabajando para que la Audiencia Nacional investigue delitos de tortura y genocidio en el Sahara Occidental, que tuvieron lugar entre 1975 y 1992.

El juez Pablo Ruz ha propuesto juzgar a once altos cargos, militares y policías marroquíes, acusados de detención ilegal, asesinato y desaparición forzada. Por primera vez un tribunal español juzga lo sucedido en la que fue la provincia española número 53 en tiempos de Franco, y reconoce indicios del genocidio sufrido por la población saharaui tras el abandono de la colonia española y la posterior ocupación del territorio, aún por descolonizar, por el Reino de Marruecos. Según el auto firmado por el juez Ruz, en el Sahara Occidental “se produjo de manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui (…) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse del territorio”.

Para el equipo de juristas, “el procesamiento de estas once personas es el acontecimiento más importante hasta la fecha, es una victoria de los derechos humanos, que pone fin a la impunidad que ha reinado durante los últimos 40 años, y que envía un mensaje de dignidad para las víctimas”.

En septiembre de 2006 el juez Baltasar Garzón abrió una querella presentada por la Asociación de Familiares y Desaparecidos Saharauis en la Audiencia Nacional. En octubre de 2007 llegaron las primeras declaraciones, testimonios de ciudadanos cuyos familiares habían sido asesinados o estaban desaparecidos. Según explica Ollé, “fue un gran esfuerzo por parte de las víctimas” que tuvieron que volver a rememorar los episodios más traumáticos de sus vidas.

Entre los 11 enjuiciados figura un ex director general de la policía. También, dos ex gobernadores y el representante de Marruecos en Interpol

El “pez más gordo”, el general Housni Bensliman, de 79 años, comandante en jefe de la Gendarmería, se ha librado de ser procesado por “genocidio” por el juez Pablo Ruz. El magistrado instructor de la Audiencia Nacional señala que contra Bensliman, uno de los hombres fuertes del régimen, no hay “base probatoria suficiente” para que dictar auto de procesamiento aunque no descarta hacerlo “si aparecieran nuevas pruebas o testimonios”.

Entre los civiles, gendarmes y militares que Ruz quiere sentar en el banquillo por los abusos en el Sáhara Occidental están incluso algunos actuales altos cargos o ex funcionarios y también un difunto. El más célebre de todos es Abdelhafid Benhachem, de 78 años, que durante seis años (1997-2003) fue director general de la Seguridad Nacional, es decir de la policía marroquí.

Ese año, en 2003, dejó el cargo y la prensa marroquí dio por sentado que se jubilaba. Tenía entonces 67 años.

Sorprendentemente el rey Mohamed VI recuperó a este antiguo colaborador de su padre  Hassan II para nombrarle, en 2008, director general de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción. Su carrera acabó mal en este puesto por un asunto relacionado con España. “Ahora España también le va a estropear su jubilación”, comenta un diplomático.

A principios de agosto de 2013 un comunicado del palacio real marroquí anunció su destitución fulminante, una manera solemne de amonestación a Benhachem. Le reprocha haber transmitido al monarca “informaciones equivocadas sobre la situación penal” de Daniel Galván, un pederasta español condenado a 30 años de cárcel en Kenitra que el soberano indultó tras pasar solo año entre barrotes.

En realidad, el error se cometió en palacio incluyendo a Galván en la lista de reos a los que el rey iba a conceder su gracia y no en la de presos susceptibles de ser trasladados a España para cumplir su condena en cárceles españoles, pero Benhachem se convirtió en el chivo expiatorio.

Gobernador regional de El Aaiún

El otro procesado cuya carrera de funcionario llegó más lejos es Hassan Ouchen, al que Ruz llama Uychen en su auto. Fue en los 90 el gobernador regional -Rabat distingue entre gobernadores locales y regionales a los que llaman “wali” de El Aaiún, la capital del Sáhara. Debió de trabajar bien, a ojos del rey Hassan II, en ese puesto tan “sensible“. Por eso, en 1998, éste le nombró wali de la Gran Casablanca, la más importante región de Marruecos. Hoy está jubilado.

Cuando estaba destinado en El Aaiún. Ouchen soñaba en voz alta en que el Sáhara acabaría siendo como Gran Canaria, que a mediados de los 90 acogía anualmente siete millones de turistas. “Los poderes públicos” de Marruecos “quieren conseguir lo mismo aquí”, declaraba en 1994 en una entrevista con el diario L’Economiste de Casablanca. “Sólo se espera a que se celebre el referéndum en el Sáhara para cosechar los réditos de la confianza internacional”, añadía. Veintiún años después el Referéndum sigue sin celebrarse.

Otro gobernador procesado por Ruz, Said Ouassou, falleció hace  cinco años, en julio de 2010, en Rabat. Estuvo al frente de la provincia de Smara, la más castigada del Sáhara, entre 1976 y 1977, y después desempeñó el mismo cargo en El Aaiún (1977-1979). Nunca ascendió a wali, es decir a gobernador regional.

Los que sí siguen en activo son dos inspectores de policía que estaban destinados hace un cuarto de siglo el Sáhara, según Ruz. Hariz el Arbi era aún hace poco el máximo jefe de la policía judicial de Dajla, la antigua Villa Cisneros de la colonización. Por su peso demográfico es la segunda ciudad en importancia del Sáhara. El otro joven inspector de los años 80, Brahim Ben Sami, ascendió y es ahora el director general adjunto de la policía judicial marroquí. Como tal viaja mucho y acude, por ejemplo, en representación de Marruecos, a las más importantes reuniones de Interpol.

Viajes al extranjero de los imputados está prohibido por ley, pero no se hace caso

El auto de Ruz y las órdenes de detención incluidas de estos procesados, suponen un problema insoluble. En teoría no pueden ya franquear las fronteras de Marruecos so pena que la policía les eche el guante para entregárselos a la Justicia española. Para un marroquí acomodado, viajar al extranjero, sobre todo a Europa, supone, por ejemplo, la posibilidad de recibir tratamientos médicos o cualquier otra diligencia que en su país no es posible o son deficientes.

Siete de los once procesados están en búsqueda y captura internacional. Si la Administración marroquí no colabora la única opción que le queda a la justicia española es su detención cuando salgan del país, tal y como sucedió con la orden de extradición del general chileno Augusto Pinochet. El Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental afirma que España debería presionar a Marruecos, ya que “ambos estados disponen de magistrados de enlace para agilizar la cooperación judicial”.

Lamentablemente, por lo general, los estados de la Unión Europea no ejecutan las órdenes emitidas por magistrados instructores de otros países miembros. El general Bensliman, al que Ruz renunció a procesar,   está reclamado por la Justicia francesa, desde hace casi una década, en el marco de la investigación sobre el secuestro y asesinato, en París en 1965, del opositor marroquí Mehdi Ben Barka. Bensliman estuvo en Madrid, con una delegación oficial marroquí, en el otoño de 2007 y nadie le detuvo. Y el caso Ben Barka, fue una operación de Hassan II, que produjo escándalo político en Francia y ocupó gruesos titulares. Dos años antes el Gobierno de Zapatero le condecoró en agradecimiento a su colaboración con las fuerzas de seguridad españolas.

El hallazgo de una fosa común en 2013 con ocho cuerpos en su interior, los cadáveres fueron identificados por su ADN y entre sus prendas se encontró su antigua documentación española. Que se trate de ciudadanos españoles y de crímenes cometidos en el que en aquel momento era suelo español ha sido uno de los motivos por los que la reforma de la Justicia Universal del PP no debía afectar a la causa. Pero eso queda en “veremos“..

El gobierno marroquí y el español, obstáculos de la querella

Según explica Ollé, “la culminación del proceso será ver sentados en el banquillo a los responsables”. Sin embargo, el reconocimiento de su carácter es un primer paso de un largo camino no exento de obstáculos. Ruz ha solicitado a las autoridades marroquíes que aporten todos los datos de los procesados para su identificación. En opinión del abogado Luis Mangrané, miembro del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, “la principal dificultad será la falta de colaboración de las autoridades marroquíes en el cumplimiento de las comisiones rogatorias para la notificación a los procesados de esta resolución judicial”.

Critican que “es inadmisible que España haya destinado varios millones a modernizar la justicia marroquí y no se tramiten estas comisiones rogatorias”. Según Mangrané, “el Gobierno español no puede esconder la cabeza ante esta resolución judicial y mantener la cooperación con Marruecos vendiendo armas a un Estado a cuyas autoridades se acusa de tales aberraciones”. Además, añade, su deber hubiera sido también “promover en foros internacionales que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental vigilara los derechos humanos en el Sáhara Occidental hasta la realización del Referéndum”.

El Referéndum era el camino de la autodeterminación del Sahara, con la tan cacareada descolonización, trsas la II Guerra Mundial, Hassan II lo sustituyó por la Marcha Verde, la anexión popular marroquí del Sahara occidental. Con el permiso tácito de los poderes fácticos norteamericano, el desinterés de la ONU y la fuerza de Marruecos, la Marcha Verde fue el preludio de una guerra que todavía recuerdan miles de saharauis que se vieron obligados a huir a campamentos de refugiados en Argelia mientras eran bombardeados con napalm o resistían con uñas y dientes en las ciudades y dunas que acababan de dejar los españoles. El exilio o la represión han sido las dos alternativas de vida que han tenido los ciudadanos saharauis que llevan años clamando por un referéndum en el que puedan decidir por su autodeterminación y el fin del genocidio.

Si Marruecos disparó, fue España quien cargó el fusil

Nada bueno espera al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Su instrucción en causas como los papeles de Bárcenas y Gürtel ya han propiciado  desde el PP se ha orquestado que Ruz que hacía una sustitución se vaya por done vino. Una operación para borrarle de ese mapa.

Ahora, justo en el momento en que no son pocos los españoles que piden responsabilidades a Marruecos (y al propio Gobierno español) por la muerte de uno de los espeleólogos españoles, llega el procesamiento de 11 altos mandos alauitas por la causa del genocidio saharaui.

Por fin, una causa que de nuevo abrió Baltasar Garzón, prosperaba con Ruz. Por fin un juez valiente pretendió demostrar indirectamente que tanto España como el resto de la Comunidad Internacional han estado evitando la Justicia durante décadas, haciéndose cómplices de una dictadura marroquí asesina. Los testimonios de familiares de víctimas, los informes antropológicos y forenses son irrebatibles… tanto, que si la localización de las fosas encontradas se ubicaran en cualquier punto de Europa nadie dudaría que se celebraría un juicio normal, que habría sentencia condenatoria. Pero, claro, tampoco nadie duda que si el espeleólogo José Antonio Martínez en lugar de ser un español de a pie hubiera sido un pez gordo (o próximo), uno de esos con los que les gusta reunirse a los presidentes de Gobierno y al rey, otro gallo habría cantado…

Ahora comenzará a funcionar “la maquinaria diplomática”, los “protocolos”, según dice el PP, como les gusta llamarla a los que viven de ella, y que otros en estos casos llamamos, sencillamente, “compadreo asqueroso”. Ese compadreo de los mercaderes de Derechos Humanos,   entre los que se encuentra el Gobierno de España, por el que no dudan en dejar de lado las vidas humanas, la Justicia y la dignidad, a cambio de dinero.  ¿O acaso no es este Gobierno el que se arrodilló ante China y cambió al dictado la Ley de Justicia Universal para enterrar la causa del Tíbet (2005)?

Nadie duda que tanto el infame Mohamed VI como el sumiso ministerio de Asuntos Exteriores, con Margallo a la cabeza, parirán una nueva estrategia para escurrir el bulto, para volver a ser cómplices de un genocidio que, burocráticamente hablando, ya está siendo llevado a cabo, incluso, en territorio español. Que nadie olvide que si Marruecos disparó, fue España quien cargó el fusil con el abandono a su suerte de los hasta entonces españoles saharauis