Por Alejandro Mosquera 

La política argentina ante el conflicto con los fondos buitres y la parcialidad del juez estadounidense Griesa se enfrenta en sus posicionamientos a problemas que no hacen a cuestiones tácticas o meramente electorales. Las declaraciones de algunos dirigentes muestran parte de los problemas que hemos sufrido en las últimas décadas. Por supuesto que se nota en muchos el cálculo electoral, pero ello sería un problema menor aunque poco digno. Las razones más profundas se encuentran en cómo entienden la inserción de Argentina en el mundo del capitalismo globalizado con hegemonía del capital financiero.

Después de los intentos del primer Alfonsín y su primer ministro de economía Bernardo Grinspun para que la Argentina pos dictadura se ensamblara al mundo desde una perspectiva autónoma y con privilegio del mercado interno y el desarrollo de sus fuerzas productivas, aún con los límites que tenía la propuesta y los frentes de batalla incluso de su propio partido, la derrota abrió un largo proceso, con sus más y menos, de adaptación (ahora en democracia) a los límites que imponía el pensamiento dogmático del Consenso de Washington y la hegemonía del capital financiero a las soberanías nacionales. Los gobiernos de Menem y de la Alianza UCR-FREPASO, a pesar de sus diferencias, ambos aceptaron esas coordenadas y por coincidencia ideológica o por culto a una correlación de fuerzas adversas, fueron cómplices o rehenes de las políticas de pago con mayor endeudamiento, manteniendo o profundizando la desregulación de la economía y consolidando la extranjerización y concentración de la riqueza .

En ese contexto la fuerza de la hegemonía ideológica creaba solo dos campos posibles, pagar la deuda externa en las condiciones del sistema, con control del FMI, con ajuste fiscal y achicamiento del gasto público, o repudiar la deuda por ilegal y haber nacido de ilícitos cometidos contra nuestro pueblo. Un campo, con sus matices, era de los razonables, de quienes “congeniaban” la ética de las convicciones con la de la responsabilidad, es decir, olvidar los valores para adaptarse a la dictadura del capital financiero. El otro campo pertenecía a la izquierda, el que se presentaba como impracticable, según el teorema de  Baglini, propio de quienes no tienen responsabilidad de gobernar ni siquiera un municipio.

La caída de la Alianza, las movilizaciones del 2001, las rebeliones populares, la crisis de representatividad de la dirigencia tradicional y la asunción del gobierno por Néstor Kirchner, crearon otras condiciones. En primer lugar, para romper esa lógica binaria y poder imaginar un camino de recuperación de autonomía nacional, de recuperación de las decisiones en cuanto a la política económica. Las rebeliones populares, el repudio a las políticas de ajuste y el descrédito de los dirigentes políticos, fue en realidad la fuerza que tuvo el nuevo gobierno para encontrar otro rumbo, de rechazo de las normas y órdenes del FMI. Como ya he sostenido desde estas páginas, Kirchner logró convertir nuestra debilidad como país en su fortaleza, “los muertos no pagan”, para poder negociar sobre la base de una quita importante. El desendeudamiento significó la forma original de recuperar autonomía y de apostar al desarrollo del aparato productivo argentino y de empujar la ampliación del mercado interno como motor de la salida de la crisis.

Sin embargo, las condiciones políticas, sociales y económicas cambiaron.  Aquellos dirigentes que llevaron al país a la peor de sus crisis ya no están corridos por las revueltas, han recuperado parte del apoyo de la opinión pública. Ante el fallo del Juez Griesa expresan de distintas maneras que el único camino es someterse a las reglas del capitalismo financiero. Se entusiasman cada vez que el gobierno utiliza la palabra “negociación” porque en aquella lógica significa adaptarse al sistema. Quieren entrever que Cristina “ahora se vuelve razonable”.

Cobos, Macri, Massa con matices respondieron presentándose como confiables al poder permanente, al capital financiero y a los organismos internacionales. Hay que negociar, hay que pagar, fue la respuesta esencial. Solo el temor a que la estrategia gubernamental tuviera éxito hizo moderar expresiones. Incluso trataron de señalar la responsabilidad en la política del gobierno de no negociar con los Fondos Buitres, omitiendo que son éstos los que hacen de la no negociación su estrategia para maximizar ganancias. Optaron por esconder a los verdaderos responsables de adentro y de afuera, y con un sobreactuado respeto a las instituciones judiciales norteamericanas no se atrevieron a decir que el Juzgado de Griesa se transformó en un kiosco de los especuladores.

Cobos, Macri, Massa con matices respondieron presentándose como confiables al poder permanente, al capital financiero y a los organismos internacionales

Es que en gran parte la dirigencia política argentina se formó y fue parte de la clonación de los partidos políticos alrededor del dogma neoliberal. Han sido parte del problema y su visión de cómo nuestro país debe estar en este mundo los hace incapaces de ser parte de la solución.

El gobierno nacional optó por dar la batalla en dos campos, el jurídico legal y el político internacional, buscando apoyos activos frente al fallo de Griesa y el papel de los Fondos Buitres, para todos los países que necesiten reestructurar sus deudas y para los prestamistas que quieren cobrar. Los pronunciamientos del Unasur, del Mercosur, de la OEA, de la ONU, de Rusia, Francia, el FMI,   de parlamentarios ingleses, incluso de acreedores reestructurados, demostraron que no hay aislamiento de la Argentina. Inteligentemente se puso el acento en una discusión que atraviesa a todos los países sobre la regulación del capital financiero y sobre el papel del segmento más especulador del mismo. Siendo que Argentina logró una fuerte solidaridad ¿qué significa cuando una parte de esa dirigencia política que analizamos vuelve a sostener que no debemos “aislarnos del mundo”? Sin eufemismo, quiere decir que nos disciplinemos al capital financiero, a sus normas y órdenes, a perder autonomía nacional y regional frente a los poderes de ese capital.

En el campo interno del oficialismo no logra movilizar a sus fuerzas en torno a esta batalla crucial para el presente y futuro de los argentinos. La CGT oficialista no motoriza sus fuerzas para convertirse en actora de este conflicto. Moyano desairando su historia especula con que le vaya mal al gobierno, amenaza parar con Barrionuevo y el Momo Venegas, sin ver que es clave la solución del conflicto para los trabajadores.

La principal fuerza juvenil oficialista tiene una alta responsabilidad en convocar a las juventudes políticas, a las organizaciones juveniles ligadas a la Pastoral Social, a las juventudes de las organizaciones sociales y estudiantiles, a un frente común para una movilización transversal. El rédito no está hoy en quién porta el estandarte sino en lograr una amplia movilización de diversas maneras. En aquel gobierno del primer Alfonsín las posiciones para lograr un Club de deudores y enfrentar las imposiciones del FMI, estuvieron sostenidas en las calles por el Movimiento de Juventudes Políticas. Por supuesto no alcanzó. Pero ello no es argumento para que hoy no sea un actor esencial y movilizado.

La izquierda puede quedarse responsabilizando al capital, a la oposición y al gobierno, o creer que en la dinámica de la participación de nuestro pueblo sobre la base de un programa mínimo para enfrentar a los fondos buitres hay un camino real de radicalización. También puede optar, como la derecha, por esperar que le vaya mal al gobierno para lograr algunos votos más. En uno puede estar el riesgo de compartir la lucha y el rédito, pero estará del mejor lado de la historia; en el otro, ser espectador, esperando un giro de las masas hacia sus partidos, soñando con el futuro, sin importar que se hipoteque el presente.

El gobierno y el parlamento tienen que dar los pasos para recuperar autonomía y desbaratar las prórrogas de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros. No hay ninguna limitante para dar esos pasos, con las modificaciones legales que desmonten esa estructura donde el país cedía parte esencial de su soberanía. Haría así más coherentes sus posiciones, no para Griesa y Paul Singer, pero sí para nuestro pueblo.