La familia de la dirigente indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres, exigió al Estado de Honduras esclarecer su asesinato, cometido el pasado 3 de marzo, y evitar que prevalezca la impunidad, señaló un comunicado difundido este martes en El Salvador.

"Han transcurrido ya 55 días desde el asesinato de nuestra querida Berta y el Estado de Honduras nos sigue negando el acceso a la justicia, a la verdad", señala un comunicado de los cuatro hijos y la madre de Cáceres que fue leído en San Salvador.

"Exigimos una respuesta inmediata", señala el documento que fue leído por una de la hijas de la ambientalista, Olivia Zuniga Cáceres.

"El Estado ha decidido no darnos una respuesta directa ni mantener un diálogo sincero y transparente con nosotros", lamentó la familia, tras explicar que ha sido en vano su reiterado pedido a las autoridades para que soliciten la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una investigación "independiente e imparcial" del crimen.

Cáceres, que fue asesinada a tiros el 3 de marzo por desconocidos que entraron a su casa en el poblado La Esperanza (oeste), era dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

La dirigente había recibido amenazas a raíz de la lucha que libraba al frente de su comunidad (la etnia indígena lenca) contra la construcción por parte de una empresa privada de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, que cruza el territorio de dicha comunidad.

En el comunicado, la familia de la ambientalista reiteró su pedido de que se les permita conocer y participar en las indagaciones del asesinato de Cáceres, además de que se permita investigar el hecho a expertos de la CIDH.

En San Salvador, Olivia participó este martes en una ceremonia para honrar la memoria de Cáceres, que se efectuó en la plaza Divino Salvador del Mundo, en el sector oeste de la ciudad capital.

En la actividad, organizada por la denominada Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, participó un centenar de mujeres de organizaciones sociales y ambientalistas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador.