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Dos exconsejeros de Chaves en el foco de la investigación del ERE en Andalucía

14/02/2011 16:55 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Junta responsabiliza al exdirector de Trabajo Javier Guerrero

Dos exconsejeros de Chaves en el foco de la investigación del ERE en Andalucía

C.G.

La gestión de los ex consejeros de la Junta de Andalucía José Antonio Viera y Antonio Fernández está en entredicho tras las revelaciones de la supuesta ilegalidad en la gestión de los 647 millones de euros presupuestados para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis en esa Comunidad.

José Antonio Viera dirige ahora la federación socialista de Sevilla, una de las más importantes del país. Fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004 y tuvo como viceconsejero a Antonio Fernández, que le sustituyó en el cargo y se mantuvo hasta 2010, cuando el actual presidente, José Antonio Griñán, lo relevó por Manuel Recio.

Viera señala a Javier Guerrero

En declaraciones a la SER, Viera afirmó que había existido un "fallo en la confianza" depositada en el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y que si hubiera sabido lo que estaba sucediendo "lo hubiera puesto en la calle en treinta segundos".

Guerrero

La investigación abarca hasta el momento a 40 empresas, en las que sospechan que se produjeron las irregularidades. También está en la mirilla Javier Guerrero, ex director general de Trabajo entre 1999 y 2008, el hombre sobre el que la Junta hace caer la responsabilidad.

No se publilcó en el Boletín Oficial

Los 647 millones pudieron repartirse sin publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y "prescindiendo de forma total y absoluta" de los procedimientos establecidos. Lo que implica que su reparto es "constitutivo de infracción penal" por su "arbitrariedad e injusticia", según la opinión de la Policía, citada por el diario Público.

La Junta defiende que no se trata de un sistema ilegal

PP y CiU cuestionan que ambos consejeros crearan y desarrollaran un modelo de reparto de subvenciones que era cuestionable. El Gobierno andaluz ha aclarado que no se trata de un sistema ilegal, sino de uno más entre otros posibles y que la decisión adoptada en 2001 se tomó con la finalidad de ganar agilidad, ya que las empresas en crisis y los trabajadores, según alegan, necesitan de esos fondos.

Tres procedimientos

La Junta sostiene que podían seguirse tres procedimientos: una transferencia de fondos al Instituto de Fomento de Andalucía, avalada por la ley de Presupuestos; una subvención excepcional, el adecuado, según la Intervención y la Policía; o bien una encomienda de gestión. Se optó por el primero de ellos porque "permitía adelantar recursos y daba agilidad".


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