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Evalúa el gobierno seguridad en las regiones mineras peruanas

18/11/2009 15:58 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El gobierno de Perú evalúa la situación de seguridad en las regiones mineras, donde se han registrado una serie de protestas por parte de las comunidades campesinas que rechazan la contaminación de ríos y suelos, informaron hoy fuentes oficiales. El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Javier Velásquez Quesquén, pidió a los gobiernos regionales que ayuden a atender los problemas o protestas que surjan en sus comunidades. Comentó que los gobiernos regionales deben buscar soluciones a los conflictos sociales en los departamentos de Piura, Cusco y Madre de Dios, donde los pobladores están descontentos por las actividades de empresas mineras a las que acusan de contaminar. Para atenuar los problemas, la PCM ha instalado Oficinas de Prevención de Conflictos, aunque Velásquez Quesquén insistió en que los gobiernos regionales deben intervenir para calmar los ánimos de la población que se oponen a las actividades mineras extractivas. Las administraciones de las comunidades mineras deben entender que la voluntad y el objetivo del gobierno es promover la inversión y la única forma sana de sacar adelante a los pueblos es explotando la minería, precisó. Recientemente dos personas murieron durante el asalto y quema del campamento de la minera china Río Blanco Copper, ubicada en Huancabamba, en Piura. Mientras que comuneros de Chumbivilcas, Cusco, amenazan de manera permanente con tomar el campamento de la minera Ares, reclamando la propiedad de los yacimientos. Por su parte, el Ministerio del Ambiente indicó que los empresarios mineros deben asumir un papel más participativo en la prevención y solución de los conflictos socioambientales. En un comunicado, la dependencia señaló que en varias oportunidades la Defensoría del Pueblo se ha reunido con empresarios mineros, con la intención de sensibilizarlos y de explicarles las causas de las protestas sociales. Se estima que en el país hay unos 75 conflictos de naturaleza socioambiental, nueve casos comunales y nueve laborales, seis casos electorales, cuatro casos por asuntos de gobierno regional y cuatro de demarcación territorial.


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