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El nuevo Estatuto exige al Gobierno una inversión extra anual de 182 millones

22/05/2009 16:36 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Estado tiene que aportar a Extremadura el 1% del PIB regional hasta que nuestra renta se iguale a la nacional, según el proyecto enviado a la Asamblea

La ley más importante de Extremadura viene con blindaje económico, a la moda de los estatutos de autonomía que van naciendo marcados por el de Cataluña de 2006; además de reclamar la deuda histórica, el nuevo estatuto exige una aportación anual por parte del Gobierno equivalente al uno por ciento del PIB regional.

Para este año eso supondría 182 millones de euros, en forma de inversiones complementarias para la Comunidad Autónoma recogidas en los Presupuestos Generales del Estado. Los grupos parlamentarios Socialista y Popular entregaron ayer al presidente de la Asamblea de Extremadura, Juan Ramón Ferreira, el proyecto de Ley de nuevo Estatuto de Autonomía, que sustituye al antiguo de 1983, que ha experimentado cuatro reformas, la última en 2002. Aparte de una modernización general, recortando alusiones como las de la emigración exterior o la reforma agraria, el texto nace en un ambiente de tensión económica en el Estado de las autonomías, que se percibe en que las mayores y más importantes novedades de este proyecto se refieren precisamente a la financiación de la Comunidad.

Inversión extra La ley básica de Extremadura detalla la necesidad de unos recursos suficientes y habituales para el desarrollo de la región, pero además en dos disposiciones adicionales consagra tanto la percepción de la 'deuda histórica' como unas inversiones complementarias cada año. Con objeto de acelerar el proceso de convergencia de la región con el conjunto nacional y en tanto el producto interior bruto por habitante de Extremadura se equipare con el nacional, el Estado realizará «inversiones complementarias» por el equivalente al uno por ciento del producto interior bruto regional, «sin perjuicio de las demás de otra naturaleza o fin previstas en el presente Estatuto». En estos momentos el PIB por habitante es el 70 por ciento de la media española. Es una formulación preventiva y que responde claramente a mandatos como el de Cataluña que exige para esa Comunidad el 18 por ciento de las inversiones estatales, en proporción a lo que aporta fiscalmente al Estado. Este uno por ciento que establece el proyecto de ley extremeño equivale este año a casi 182 millones de euros ya que la última cifra de PIB disponible indica que la producción económica de la región alcanzó el año pasado 18.158 millones de euros según la primera estimación estadística oficial. Como es una inversión complementaria para acelerar la convergencia, se sumaría a los otros 750 millones de euros recogidos este año en los Presupuestos Generales del Estado. Es ahí, en la inversión territorializada, donde las comunidades están dando parte de la batalla. En la misma disposición adicional segunda del nuevo Estatuto se previene que para fijar las inversiones anuales ordinarias del Estado en infraestructuras se tendrá en cuenta, especialmente, la extensión de la región en relación a toda España (es el 8, 2 por ciento), así como la distancia y el tiempo de acceso de la población a las infraestructuras y servicios.

Deuda histórica La otra gran reclamación económica, pero esta no es novedad, es la inclusión como disposición adicional primera de la deuda histórica que tiene fuerza legal desde que apareció en el Estatuto de hace 25 años. Mientras los extremeños no tengan acceso a los mismos servicios que el resto de españoles el Estado consignará en los Presupuestos Generales unas asignaciones «extraordinarias» de inversión que compensen la pérdida de oportunidades y permitan igualar la situación con el nivel medio español. El mecanismo de fijación de las cantidades es el mismo que el previsto por el reciente Estatuto de Andalucía, una comisión mixta Gobierno de España-Junta de Extremadura las decidirá de forma negociada, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Estatuto; tras una nueva alusión a la proporción entre la superficie de la Comunidad y la nacional, esta disposición establece que el pago se hará en tres años, distribuido en ejercicios anuales y pudiendo haber anticipos a cuenta. La nueva ley básica extremeña no dice cuál es la cantidad, se deja para la negociación con el Gobierno central.

Financiación autonómica El tercer elemento económico importante, junto a la inversión anual del Estado y la deuda histórica, es la financión regular de Extremadura, las cantidades que vienen para el funcionamiento de la Junta y el desarrollo de sus políticas: sanidad, educación, carreteras, etc. El Estado debe garantizar -se dice en un capítulo específico sobre relaciones con la Hacienda del Estado- los recursos necesarios para que la Comunidad Autónoma de Extremadura pueda prestar los servicios y ejercer sus competencias en condiciones de igualdad con el resto de comunidades, «sin que las diferentes formulaciones estatutarias puedan significar perjuicios para la región». Cada cinco años habrá una revisión del sistema de financiación y constantemente una actualización de las variables básicas. Cara al nuevo modelo financiero que se está negociando, Extremadura exige por esta vía legal que se tengan en cuenta la superficie regional en relación con la nacional, la baja densidad de la población, el envejecimiento, el menor nivel de renta, la población en situación de exclusión o pobreza, el peso del mundo rural y la distancia y tiempo de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Ambas partes, Gobierno nacional y Junta, valorarán periódicamente el impacto financiero que las normas y medidas adoptadas por el Estado tengan sobre la hacienda de Extremadura, y recíprocamente el que tengan las aprobadas por la Comunidad Autónoma sobre la hacienda estatal, para adoptar las medidas compensatorias a que haya lugar. Se crea una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura como órgano bilateral de relación en el ámbito financiero; debe constituirse en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva ley.

Tenerlo este año Tras la entrada ayer en el registro oficial de la Asamblea, empieza la tramitación oficial del documento, que se calcula estará aprobado antes del 1 de julio; con el respaldo del Parlamento extremeño se envía a las Cortes, primero al Congreso de los Diputados que crea una ponencia, lo estudia, lo manda a la comisión constitucional, lo aprueba el pleno del Congreso y pasa finalmente al Senado. En un horizonte «realista» en este año estará aprobado definitivamente por las Cortes, calcula Francisco Fuentes, presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea. Junto al del Grupo Popular, José Antonio Monago, y en presencia del presidente de la Junta, Fernández Vara, y los portavoces de los grupos, Ignacio Sánchez Amor y Teresa Angulo respectivamente, hicieron entrega del proyecto de ley al presidente de la Cámara, Juan Ramón Ferreira. Es el fruto de cuatro años de trabajo con la intervención de dos comisiones de expertos, y las últimas palabras del preámbulo las pactaron ayer por la mañana los dos partidos.

Tiene 91 artículos (antes 63) y nueve disposiciones.

El nuevo Estatuto exige al Gobierno una inversión extra anual de 182 millones


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