Habían perdido todo su dinero invertido en acciones del banco,  bonos contingentes convertibles (cocos) o bonos subordinados. Algo que ya sólo los tribunales o algún mecanismo de arbitraje les podrá devolver, de momento con pocas esperanzas.

Si se tiene algún conocimiento financiero o se indaga un poco en este mundo, se sabe que en caso de insolvencia de una empresa los accionistas no están protegidos, ya que estos serán los últimos en el orden de pagos, como ya ha ocurrido en otros casos.

Hasta ahí todos de acuerdo con los riesgos que se asumen. La cuestión es diferente.

El Banco Popular es una entidad que ha superado los test de estrés de las autoridades europeas desde 2011, exámenes realizados a la banca para determinar su solvencia, por lo que el Banco Central Europeo estaba al corriente de las cuentas de la entidad.

Se realizan varias ampliaciones de capital, la última iniciada el pasado mes de Mayo, para "sanear su balance" y hasta el Ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que el Banco Popular es una entidad solvente y con liquidez. A pesar de la nefasta gestión del anterior presidente, Ángel Ron, con la incorporación de Saracho parecía haber un hilo de esperanza, pero el resultado fue la liquidación total, ¡y de qué forma!

Cada vez se hacían más extensivos los rumores de compra por parte de otra entidad o de nuevo recurrir a otra ampliación de capital, hasta que finalmente se inicia un proceso de OPA mediante la cual se presentarían las ofertas pertinentes. Pero al parecer, según se informa a través de los medios, no se llega a un acuerdo y se aplaza la fecha límite de presentación de propuestas, que debería finalizar el 10 de Junio. 

Estrategia que el Gobierno califica como una "buena salida" para el Popular sin usar fondos públicos, otorgando el premio a la primera entidad financiera europea que ha sido liquidada por el MUR

Y es a partir de este momento cuando comienza el desangre final del Popular. Comienzan a salir grandes cantidades de fondos mientras su presidente, Emilio Saracho, envía una carta a sus empleados en la que dice que pese a la situación que atraviesa la entidad, el banco "sigue siendo solvente" y cuenta con "un patrimonio neto positivo". ¡Y esto se produce sólo unos días antes de su liquidación!

 El Ministro de Economía, el presidente de la entidad y las autoridades europeas dicen que el Popular es solvente, mientras salen grandes cantidades de capital del banco, abriendo posiciones bajistas, los ganadores de esta historia junto al Santander. Mientras tanto el regulador, quién tienen que vigilar este tipo de operaciones, la CNMV, ni rastro.

Y de repente entra en escena, por primera vez y de madrugada,  el mecanismo único de resolución bancaria europeo y en una noche, se termina el extraño caso del Banco Popular. A la mañana siguiente nos despertamos con la noticia de la intervención regulatoria y la venta inmediata del Banco Popular al Banco Santander por un euro.

 Y fin de la historia. 

El expresidente Ángel Ron Güimil cobrando "una pensión por jubilación" de 1, 1 millones de euros anuales, el fichaje de oro Saracho,  4 millones de euros sólo por incorporarse al Popular, y los accionistas perdiendo el 100 % de sus ahorros.

 Ahora, será la Fiscalía Anticorrupción la que investigue toda esta trama, ya que las primeras demandas interpuestas están en los juzgados. Se han esfumado entre 3.000 y 4.000 millones de euros, vulnerando los derechos de los accionistas, utilizando un procedimiento indebido,  más digno de una película de ladrones de guante blanco.

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