El Ejército peruano estableció hoy un toque de queda en las provincias amazónicas de Bagua y Utcubamba, tras la violencia que dejó 22 policías y nueve nativos muertos en las últimas horas. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Francisco Contreras, dijo en rueda de prensa que la medida regirá entre las 15:00 horas locales (20:00 GMT) de este sábado y las 06:00 horas locales (11:00 GMT) del domingo. La norma prohíbe el libre desplazamiento de los ciudadanos que viven en esas dos zonas amazónicas de Perú, y sólo permite circular a los choferes de los camiones que trasladan alimentos, que deberán contar con salvoconductos. Explicó que se trata de una medida excepcional, que suspende las garantías individuales en ese período, para que el Estado pueda poner orden, atender heridos y recuperar 42 fusiles que están en poder de un grupo de nativos. Contreras informó que desde las 00:00 horas locales de este sábado (05:00 GMT), las Fuerzas Armadas peruanas ejercen el control del orden público en la zona en conflicto, en la Amazonia. El director de la Policía Nacional de Perú, José Sánchez, señaló por su parte que, del total de policías fallecidos, nueve fueron ejecutados con lanzas, y el resto murió por disparos de arma de fuego o degollados. El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, dijo que la protesta de los nativos amazónicos "no fue nada pacífica", como éstos aseguran, ya que tomaron puentes, carreteras y estaciones de bombeo de la estatal Petroperú. "¿Quién rompió con la paz?, ¿el gobierno, los ministros o los nativos?", se preguntó Simon, quien luego apuntó que hay 22 policías muertos "que le duelen al país, ya que fueron asesinados a sangre fría". Recalcó que "me indigna cuando se dice que hay un genocidio contra los nativos. Eso no es cierto", y precisó que oficialmente hay nueve nativos fallecidos, aunque "puede haber más" porque hay 155 heridos internados en hospitales. Simon dijo que si los nativos rechazan una serie de leyes que consideran inconstitucionales, porque creen que afectarán su entorno ambiental, tienen la instancia del Tribunal Constitucional para llevar su protesta. Recordó que el gobierno peruano siempre buscó el diálogo, pero se quejó de la desinformación que se ha generado, que coloca a los agentes del orden de este país sudamericano como los responsables de la violencia. El funcionario rechazó versiones de que los 42 detenidos como responsables de estos disturbios vayan a ser fusilados por el Ejército, y recalcó que el Estado es respetuoso de los derechos humanos. Los nativos rechazan la llamada Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que excluye del régimen forestal cerca de 45 millones de hectáreas de tierras. Un artículo de esta norma, rechazada por los nativos, permite cambiar el uso de las tierras que pertenecen al patrimonio forestal, cualquiera sea su categoría, cuando se trata de proyectos de interés nacional, como explotación gasífera y petrolera. La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, aseguró que se comprobó la existencia de un complot para desestabilizar la democracia, como ocurrió en Ecuador en 2000, con el presidente Jamil Mahuad, y en Bolivia en 2003, con Gonzalo Sánchez de Lozada. El 21 de enero de 2000, una revuelta con participación de militares e indígenas depuso a Mahuad, y en octubre de 2003, una serie de protestas campesinas sacaron del poder a Sánchez de Lozada en Bolivia. Cabanillas aseguró que hay fuerzas políticas peruanas, a las que no identificó, que usan la democracia y "quieren promover un socialismo que ya no existe. Quieren llegar al poder por la vía violenta y esto debe preocupar a todos los políticos".