Ernesto Zedillo afronta una demanda en EEUU por la matanza de 1997 en Acteal, Chiapas

El expresidente mexicano afronta una demanda judicial en un tribunal federal Connecticut, en Estados Unidos, por la matanza de 45 activistas prozapatistas en Acteal, en el estado mexicano de Chiapas, ocurrida en 1997. Los abogados de Zedillo han presentado ya un recurso para que se desestime la demanda alegando la inmunidad de la que gozaría por su condición de jefe de Estado.

Zedillo alega además que no tiene responsabilidad alguna en la matanza, perpetrada por un grupo paramilitar, y niega que haya intentado encubrir el crimen, según señala el recurso, al que ha tenido acceso el diario mexicano 'El Universal'.

El proceso se inició en septiembre a raíz de la demanda presentada por diez víctimas o familiares de las víctimas cuya identidad se mantiene en reserva. Los demandantes acusan a Zedillo de crímenes contra la Humanidad y exigen una indemnización de 50 millones de dólares (unos 39 millones de euros).

"La demanda de los actores contra el ex presidente Zedillo no es más que un intento equivocado para poner en entredicho la reputación de alguien al que gobernantes internacionales y expertos reconocen ampliamente como el arquitecto de las reformas históricas que llevaron a México a un nuevo amanecer electoral, respeto de los Derechos Humanos y una economía en florecimiento", señala el texto. "Los detractores no deberían utilizar este tribunal como instrumento para realizar una venganza política", añade.

Zedillo fue presidente de México entre 1994 y 2000. Fue durante su mandato, el 22 de diciembre de 1997 cuando se produjo la masacre de Acteal, vinculada al alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ocurrido el 1 de enero de 1994. Los responsables de la masacre fueron paramilitares que supuestamente tenían nexos con el gobierno y mataron a activistas de la Iglesia católica que simpatizaban con los rebeldes y que se habían reunido para una misa en Acteal. La matanza duró varias horas y los agresores asesinaron a 45 personas, incluidos niños de dos meses.

Tras la matanza, Zedillo censuró a los responsables y los calificó como criminales. Además de que exhortó a las autoridades defensoras de los Derechos Humanos a que investigaran los hechos. Sin embargo, los demandantes sostienen que el Gobierno de Zedillo puso fin a las conversaciones de paz con los zapatistas y emprendió un plan para armar y adiestrar a paramilitares locales a fin de que combatieran a los rebeldes.

También aseguran que Zedillo tenía conocimiento de los hechos ocurridos en Acteal, los encubrió e infringió leyes internacionales sobre Derechos Humanos incluidas en la Convención de Ginebra. En la demanda se afirma que Zedillo "sabía o debía haber sabido que sus subordinados estaban cometiendo abusos y no los impidió ni castigó a los responsable".

Un total de 66 personas condenadas por la matanza, pero todas ellas fueron excarceladas debido a la declaración de nulidad del proceso por irregularidades.