Los argentinos nacen con un Documento Nacional de Identidad (DNI) bajo el brazo, cuyo trámite ha estado plagado de historias de corrupción que este año obligaron al gobierno a reestatizar su confección. El DNI es el único documento oficial del país sudamericano y los ciudadanos están obligados a tenerlo y a portarlo, ya que se exige en cualquier trámite académico, administrativo, bancario, electoral, para el pago con tarjetas de crédito, casarse o sacar el pasaporte. Voceros del Registro Nacional de las Personas explicaron que el DNI como tal comenzó a expedirse en 1968, en sustitución de las Libretas de Enrolamiento que hasta entonces servían como identificación a los hombres. A las mujeres, en tanto, se les entregaba la Libreta Cívica en cuanto cumplían 21 años, pero la diferencia de género se terminó y desde entonces todos cuentan con un DNI que sólo ha cambiado de formato. Por eso, los argentinos aprenden desde niños a decir de memoria los ocho números de un documento al que los extranjeros también acceden cuando obtienen la residencia permanente. En la neoliberal década del gobierno del presidente Carlos Menem (1989-1999), la confección de los DNI se privatizó y se otorgó a la empresa alemana Siemens, que elaboraba libretas precarias, rompibles, sin calidad o protección alguna. El servicio privatizado fue deficiente y eran tales los retrasos que los ciudadanos tenían que hacer largas filas durante toda la noche a la espera de un documento sin el cual no podían trabajar ni estudiar. Pero el verdadero escándalo estalló el año pasado, cuando Siemens reconoció que pagó sobornos por 2.6 millones de dólares a Menem para obtener el contrato de confección de los DNI, ya que era un negocio que le dejaría a la empresa ganancias millonarias. La Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos denunció que en 1999, en el inicio del gobierno de Fernando de la Rúa, Siemens volvió a cubrir sobornos por seis millones de dólares a diversos funcionarios para que no le rescindieran el contrato. El caso llegó a los tribunales y ex investigado por el juez federal Ariel Lijo. Sin embargo, el 4 de noviembre pasado la presidenta Cristina Fernández decidió que la confección de los documentos volviera a manos del Estado. "Este es el DNI 100 por ciento argentino y eso nos llena de orgullo. Será gratuito para los que nazcan, así terminamos con aquel estigma de que el Estado no puede hacer ciertas cosas", dijo Fernández al mostrar el nuevo y moderno documento que ahora constará de tarjeta y libreta.