El 13 de junio de 1968 el Presidente Jorge Pacheco Areco utiliza, por primera vez en su gobierno, las medidas prontas de seguridad. Estas medidas constitucionales habilitan al Presidente a suspender transitoriamente las libertades de la población frente a ataques exteriores o conmoción interior. Desde 1966 se venían produciendo alzamientos del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, guerrilla urbana que se identificaba con la Revolución Cubana de 1959. Pacheco gobernó cuatro años con medidas prontas de seguridad. Para junio de 1972 la guerrilla estaba derrotada, sus máximos dirigentes presos, o en el exilio. El presidente Juan María Bordaberry cuestionado por las Fuerzas Armadas, el 8 de febrero de 1973, hace un llamado al pueblo y los partidos políticos a "defender las instituciones". El pueblo, cansado de la violencia (de ambos bandos) y de la crisis financiera (arrastrada desde 1958) le da la espalda, lo mismo hacen los partidos políticos. El resto es conocido. El 27 de junio de ese año comienza una dictadura cívico-militar que duraría doce años. En este período los partidos políticos y sus principales dirigentes serían proscriptos. Se anulaba el derecho a huelga y a las reuniones de carácter político y social. Tanto militares como policías podían allanar hogares por el sólo hecho de sospechar presencia “sediciosa”. Hubo desapariciones forzadas, muertes y exilios.

Hoy, 27 años después de recuperada la Democracia, tenemos en el poder (desde 2010) a uno de los principales dirigentes del Movimiento Tupamaro, José Mujica Cordano y al frente de los Ministerios de Defensa e Interior a dos de sus compañeros, irónicamente, presos en la dictadura pasada por policías y militares.

Uruguay goza de bonanza económica desde hace ya 8 años; los precios internacionales de nuestros productos están históricamente altos. El presupuesto para la educación, salud y seguridad ha aumentado. Sin embargo hoy tenemos cifras tristemente históricas en cuanto a la deserción educativa y rapiñas, y un sistema de salud en caos.

Frente a este escenario, luego de dos años de gobierno, el Presidente Mujica, empujado por el descontento popular y la presión de los partidos políticos de la oposición, planea nuevas estrategias que incluyen proyectos de estos partidos. Se deja el discurso vacío para encarar políticas de estado.

Nos llama mucho la atención una serie de medidas que está “pensando” el gobierno con respecto a la seguridad que pasaremos a describir:

El artículo 11 de la Constitución dice: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. El gobierno en estos días planea modificarlo de manera que si se sospecha hay venta de pasta base en un hogar éste pueda ser allanado tanto en el día como en la noche, sin mediar un juez. A esta medida el Partido Nacional, en la oposición, ya ha dado su desaprobación.

El mismo partido le presenta al gobierno un proyecto por el cual la policía podría en cualquier momento pedir documentación a los ciudadanos. “Cuando la persona se negare a la presentación de la identificación correspondiente o presentare documentos sobre los cuales la policía tenga dudas de su validez, deberá ser conducida a la dependencia policial” dice el segundo artículo de dicho proyecto.

A estas horas, en la frontera entre Argentina y Uruguay, gendarmes, oficiales de aduana y funcionarios de la AFIP con perros policías, están buscando dólares en el equipaje de los turistas argentinos. Nuestros vecinos tienen prohibido sacar divisas del país por más de U$S 300 sin aprobación y en caso de tenerla, el máximo es de U$S 10.000.

En la foto, Eleanor Roosevelt, primera dama “del imperio” sosteniendo la Declaración de los Derechos del Hombre en español. En caso de no aplicarse dichos derechos en nuestra región, ¿quien tendrá la culpa ahora?

Felipe Caorsi