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La CE empieza concretar el funcionamiento de la iniciativa legislativa popular, que se crea con Tratado de Lisboa

11/11/2009 19:19 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Comisión Europea empezó hoy a concretar el funcionamiento de la iniciativa legislativa popular, un nuevo instrumento que se crea con el Tratado de Lisboa con el objetivo de aumentar la participación ciudadana en la elaboración de las reglas de la UE. En virtud de este nuevo derecho, un grupo de al menos un millón de ciudadanos, nacionales de varios Estados miembros, podrá sugerir al Ejecutivo comunitario que presente una propuesta en las políticas competencia de la Unión.

El Tratado de Lisboa, que entrará en vigor el 1 de diciembre, señala que las normas prácticas para ejercer esta iniciativa ciudadana --como el número mínimo de países que deben participar, los plazos, la forma que debe adoptar o la verificación de las firmas-- se deben precisar en un reglamento. Para elaborar esta norma, el Ejecutivo comunitario lanzó una consulta pública que durará hasta enero de 2010 con el objetivo de recibir opiniones de todas las instituciones, organizaciones o personas interesadas.

"La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones es imprescindible para la democracia", afirmó Margot Wallström, vicepresidenta de la Comisión responsable de Relaciones Institucionales, en un comunicado. "El Tratado de Lisboa proporcionará a los ciudadanos los instrumentos necesarios para expresar su opinión e influir directamente en el proceso legislativo de la UE", dijo.

En el documento de consulta, el Ejecutivo comunitario sugiere que el número mínimo de Estados miembros necesario para que la iniciativa legislativa popular sea válida debería situarse en un tercio del total. Cada uno de estos países debería reunir un número mínimo de firmas equivalente al 0, 2% de su población. La edad mínima de los firmantes tendría que estar ligada a la que se exige en cada país para participar en las elecciones europeas y el plazo máximo de recogida será un año.

La Comisión plantea además que, como mínimo, las iniciativas para tramitarse deben indicar claramente los objetivos de la propuesta legislativa que se exige a Bruselas.


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