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EEUU exige responsabilidades ante el Consejo de DDHH por las irregularidades en las elecciones guineanas

10/12/2009 09:37 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Cuarenta países formularon preguntas, observaciones u opiniones sobre la situación de los Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se celebró ayer miércoles en Ginebra, según informó la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE). Los comentarios más duros procedieron de la delegación de Estados Unidos, que ha exigió responsabilidades por las irregularidades habidas en las últimas elecciones presidenciales.

A la reunión asistieron también representantes de seis organizaciones no gubernamentales y el partido político opositor Convergencia para la Democracia Social (CPDS) que, por la dinámica de este tipo de reuniones, no pudieron tomar la palabra, prosiguió ASODEGUE, que mantiene contactos directos con las organizaciones presentes en Ginebra.

Tras la exposición de la ponencia del Gobierno ecuatoguineano de Teodoro Obiang Nguema, intervinieron los cuarenta países. Estas intervenciones, según la Asociación, pueden agruparse en tres bloques. El bloque crítico (o muy crítico) lo formaron todos los países europeos y occidentales ("España excluida", según ASODEGUE), en especial Estados Unidos, Francia, Noruega, Canadá e Italia. Según ASODEGUE, "la intervención española ha sido evasiva, como si no conociera el fondo de lo que ocurre en Guinea, muy superficial y muy poco útil a la hora de establecer críticas concretas que permitan seguimiento y exigencia de mejoras en posteriores reuniones, como si ante regímenes como el de Obiang cupieran 'medias tintas'".

"Las críticas más duras han procedido de la delegación de Estados Unido, que ha exigido responsabilidades (y responsables) de las irregularidades habidas en las últimas elecciones presidenciales", prosiguió. Las críticas "se han dirigido fundamentalmente a la práctica de torturas y a la impunidad de los torturadores, a la existencia de detenciones arbitrarias y a la falta de independencia de los jueces", prosiguió. Se han denunciado también la ausencia de derechos económicos, sociales y culturales y la situación de precariedad en lo que hace a la sanidad y a las condiciones de trabajo. Otro de las críticas más frecuentes se han dirigido hacia "el muy desigual reparto de la riqueza", añadió.

El segundo bloque estuvo integrado por países africanos, "todos ellos muy comprensivos con el régimen del dictador y utilizando los argumentos de siempre, que lo que no se ha conseguido todavía se conseguirá en el futuro y todo marcha en un proceso imparable hacia el bienestar de todos los africanos, y que el régimen ecuatoguineano cumple siempre sus obligaciones con Naciones Unidas lo que parece ser una razón para que quede al margen de cualquier crítica", afirmó ASODEGUE. "Como única excepción en el 'bloque africano' cabe señalar a Ghana, que ha manifestado posturas críticas hacia el régimen de Obiang". Un tercer grupo de intervenciones lo constituyeron los "países amigos del dictador", en especial China.

El Gobierno intervino de nuevo al final para asegurar que su informe fue "el resultado de una amplia consulta nacional y para asegurar que se han dictado sentencias contra torturadores. "Han intentado utilizar, una y otra vez, el argumento de que la existencia de una ley elimina automáticamente un problema: la existencia de una ley contra la tortura habría eliminado de forma automática la practica de torturas y malos tratos, la existencia de una ley sobre el poder judicial lo habría hecho independiente de forma inmedia", manifestó ASODEGUE.

DICTAMEN E INFÓRMENES

Mañana 11 de diciembre, el Grupo de Trabajo presentará su dictamen, que podrá ser aceptado o rechazado (en todo o en parte) por el Gobierno. Los resultados definitivos del informe se votarán en sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2010, en la cual podrán intervenir las organizaciones EG Justice, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Open Society Justice Initiative y Abogacia por un Derecho Duradero (única ONG ecuatoguineana invitada en Ginebra) y los representantes de CPDS.

Para la preparación del examen periódico, los participantes recibieron con anterioridad el informe del Gobierno ecuatoguineano, un documento que resume de todas las declaraciones de distintas instancias de Naciones Unidas respecto a Guinea Ecuatorial y los documentos de las distintas ONG y de CPDS.

El informe del Gobierno, presentado el pasado 18 de septiembre, asegura que Malabo "no ve menoscabo de su soberanía en el hecho de presentar informes sobre la implementación de los Derechos Humanos y las libertades públicas", ya que "son compromisos que soberanamente" ha adquirido "libremente" en virtud de los tratados y convenios internacionales. "No nos parece inoportuno, ni constitutivo de injerencia, el hecho de que se establezca un diálogo desde una óptica que no sea nuestra propia visión", concede el Gobierno.

El documento asegura que el Gobierno ha llevado a cabo, "y sigue llevando", varios programas y acciones que "inciden de manera directa o indirecta en la promoción, protección y garantía de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales". Por ejemplo, señala que la Constitución defiende los "derechos y libertades públicas", da cuenta de la legislación "protectora" relativa a la tortura, los derechos sindicales o los derechos de la infancia y reafirma la "responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios que pudiera sifrir un ciudadano como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de las instituciones y órganos del Estado". Asimismo, se extiende sobre la legislación sobre procesos judiciales, la reforma del sistema penitenciario o la cooperación con el sistema de Derechos Humanos de la ONU.

Asimismo, asegura que el propósito del Gobierno es extender la educación "para todos", que la sanidad es una "cuestión prioritaria para sostener el desarrollo nacional", que el Estado ha emprendido proyectos de construcción de viviendas sociales y que el objetivo del Gobierno es "garantizar el acceso de agua potable a todos los ciudadanos". También destaca los avances en la "promoción de la mujer y la igualdad de género" y en la lucha contra el tráfico de niños y manifiesta que el propósito del Gobierno es convertir a Guinea en un "país emergente" en 2020 mediante la lucha contra la pobreza y el fomento del crecimiento económico y las infraestructuras.

En un sentido muy distinto, Abogacía para un Desarrollo Sostenible asegura en su informe que las instituciones a que hace referencia el Gobierno son meros "apéndices del poder opresivo del presidente" incapaces "de hacer cumplir el Estado de derecho". Asimismo, asegura que, pese a sus abundantes recursos naturales, en particular petróleo y gas, "los ciudadanos de Guinea Ecuatorial viven en una pobreza desesperada", y denuncia el "sistema de corrupción omnipresente, que pone casi todo el control de los recursos naturales del país está en manos de una reducida élite que se perpetúa en el poder y utiliza las instituciones represivas del Gobierno para mantener su poder político y económico".

La ONG también denuncia el "uso rutinario de la tortura" en el país y la "falta de voluntad del Gobierno para responsabilizar a los autores", y asegura que "las detenciones y encarcelamientos arbitrarios son habituales", especialmente "en el caso de personas asociadas a la oposición política".

Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado las "deficiencias" de la legislación y las instituciones nacionales relativas a Derechos Humanos, así como las detenciones arbitrarias, las torturas, los secuestros en países vecinos, las desapariciones forzadas, las muertes bajo custodia, las reclusiones prolongadas sin cargos ni juicios o en régimen de incomunicación y los juicios sin garantías.


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