La denuncia se basaba en las “irregularidades” que existen en el directorio de la empresa. Los complicados en esta causa son: Alejandro Alberto Urricelqui, Francisco Iván Acevedo, Julio César Saguier (Grupo La Nación), Jorge Carlos Rendo (Grupo Clarín), Héctor Mario Aranda, Alberto Maquieira y Guillermo González Rosas; a los que se suman los miembros titulares del Consejo de Vigilancia: Saturnino Herrera Mitjans, Alejandro Julio Saguier y Horacio Pablo. El contenido de la denuncia asegura presencia grave de irregularidades en el funcionamiento del directorio.

La resolución suspensiva firmada por el juez Malde, fue reiterada por el Gobierno en un escrito comunicado el 7 de abril, donde se reclama la intervención y que se promulgue la medida cautelar del 8 de marzo, pidiendo una correcta administración y la separación de las autoridades en la empresa. Los datos fueron comprobados gracias a la comprobación por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde se verificó el mal funcionamiento del directorio.

En consecuencia, aparecieron declaraciones y comunicados importantes. Como la respuesta de ADEPA mediante su informe anual, en el que sus integrantes pidieron una reflexión por parte de los distintos estamentos del poder político. Dicho informe considera que el país atraviesa un momento político institucional “huérfano” de acuerdos democráticos y que es necesario que los distintos estamentos del poder político muestren con hechos y claridad la vocación por respetar la convivencia, el disenso y el diálogo democrático. También calificó de “inédito y abusivo” la utilización de los medios del Estado como herramientas de militancia obsecuente y persecutoria. Refiriéndose al conflicto por Papel Prensa, la entidad cree que es una estrategia oficial de intervenir en el mercado de papel para diarios.

Por otro lado, el embajador Timerman, anunció a un medio informativo de EE.UU que hay un ex accionista minoritario, el cual estuvo encarcelado con el padre del embajador y asegura que su intención es denunciar “extrañas circunstancias” que llevaron a concretar esa sociedad en 1976. Como su detención ilegal por 18 meses por parte de los militares, presiones a su esposa, la muerte en un accidente aéreo de David Graiver (participación mayoritaria de Papel Prensa) y la intimidación de dos de los tres representantes de los diarios que adquirieron el control (Clarín, La Nación y La Razón).

El Gobierno denunció irregularidades en el directorio de la empresa, surgieron desaprobaciones de entidades y de la oposición, pero en respuesta a ello el embajador Timerman anticipó una futura denuncia que superará aún más la extraña sociedad formada en Papel Prensa.