La CE dice que el fin del veto a la construcción civil en Navantia Fene obligaría a devolver 975 millones de ayudas

El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, alertó hoy de que el levantamiento del veto impuesto por el Ejecutivo comunitario a la construcción de buques civiles en el astillero gallego Navantia Fene obligaría a devolver un total de 975 millones de euros de ayudas públicas ilegales, ya que se incumplirían los términos del acuerdo que Bruselas pactó con el Gobierno español para autorizar la reestructuración del grupo Izar.

Almunia desveló que hasta ahora no ha recibido ninguna petición de España para levantar este veto, que está vigente hasta el año 2015.

"La Comisión considera que una renegociación del acuerdo no modificaría la obligación de recuperar la ayuda estatal ilegal de 975 millones de euros concedida a Izar", explicó el responsable de competencia en respuesta a una interpelación parlamentaria presentada por el eurodiputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras.

En su pregunta, Junqueras denunciaba que la limitación a la construcción civil "no tiene sentido, y menos en este momento de crisis financiera, económica y energética, pues cuenta con unos activos de gran potencial desaprovechados en un territorio donde el sector naval ha sido clave para el desarrollo regional, para la innovación y que tiene el valor añadido de la capacidad y conocimiento cualificado de los profesionales de este sector".

El eurodiputado de ERC recordaba además que el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Galicia han reclamado el levantamiento de este veto.

En su respuesta, Almunia informa en primer lugar de que la Comisión "hasta ahora, no ha recibido ninguna petición de España de levantar el veto a la construcción civil naval de Navantia".

El comisario de Competencia recuerda que en 2004 la Comisión declaró ilegales las ayudas públicas por valor de 864 millones de euros concedidas a Izar y ordenó al Gobierno recuperarlas de los astilleros beneficiarios. Además, una decisión más antigua solicitaba la recuperación de otros 111 millones. Esto significa que los astilleros de Izar tenían que devolver un total de 975 millones de ayuda ilegal.

Para evitar la sanción, España alegó la "protección de intereses esenciales para su seguridad" y creó la empresa pública Navantia, a la que se transfirieron los astilleros militares de Izar en Ferrol y Cartagena. Al mismo tiempo, los astilleros de Fene, Puerto Real y Cádiz, que eran astilleros civiles, se integraron en Navantia. Según este acuerdo, "el astillero de Fene solo puede construir buques militares hasta 2015".

"La Comisión subraya que el acuerdo y el veto resultante a la construcción civil naval del astillero de Fene tenían el propósito de evitar - con vistas a la protección de intereses esenciales para la seguridad de España - la probable quiebra de todo el grupo Izar", señala Almunia. Cualquier modificación obligaría a recuperar la ayuda, concluye.