El gobierno de España modificó el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería en el que se contempla paralizar expedientes de expulsión de inmigrantes irregulares que sufran malos tratos. El diario español El País indico que el nuevo documento introduce una novedad en el tratamiento a las víctimas de violencia de género en situación irregular, pues se paralizará su expulsión en el momento de realizar la denuncia. El anteproyecto de ley también contempla que dichas mujeres puedan obtener autorizaciones provisionales de estancia y trabajo, por circunstancias excepcionales, hasta que termine el proceso judicial. El gobierno modificó el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que ya fue remitida al Consejo de Estado, y recoge numerosas sugerencias aportadas por los organismos a los que el texto fue sometido a consulta. Mantiene la filosofía restrictiva de la primera versión, pero suaviza requisitos en cuanto a reagrupación familiar, repatriación de menores, expulsión de inmigrantes irregulares y prolongación del periodo de internamiento. También suaviza las exigencias económicas de reagrupación. A partir de ahora se contemplarán los ingresos del cónyuge, no sólo los del reagrupante. En caso de fallecimiento de éste último, los familiares obtendrán una autorización de residencia independiente. El texto también aclara el punto relativo a quienes proporcionen "hospitalidad" a los sin papeles, dirigido contra las personas que utilizan cartas de invitación para favorecer la inmigración irregular. Será infracción grave promover la permanencia irregular en España de un extranjero cuando en su entrada legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez finalizado el tiempo permitido por visado o autorización. La nueva ley permite a los extranjeros designar un abogado de oficio en los procesos contra las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegación de entrada, devolución o expulsión. También contempla la necesidad de escuchar los argumentos de menores de edad "si tienen suficiente juicio", mientras que los mayores de 16 y menores de 18 podrán obrar en el proceso de repatriación personalmente a través de un representante legal. El anteproyecto de la ley incrementa las garantías de la expulsión cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas tipificadas como graves, como carecer de autorización de residencia o trabajar sin permiso.