Destaca ministro "creciente judicialización" de política en México

El ministro mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, consideró hoy aquí que "por primera vez en México hay un ejercicio político sometido a la Constitución". "La clase política se ha ido acomodando a que los órganos judiciales intervengan y revisen las condiciones de las reglas del juego y del sistema electoral", afirmó Cossío ante estudiantes de derecho constitucional y de derecho electoral. En el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en la capital española, el ministro mexicano participó en la conferencia "Los derechos políticos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". En este acto, Cossío participó junto al magistrado Salvador Nava, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y la directora del centro de estudios español, Paloma Biglino Campos. Expuso que "hay una creciente judicialización de la política, lo que es bueno porque significa que la Constitución permea en todos los actos de las autoridades políticas; eso es bueno". Aclaró que ello no significa que el Poder Judicial haga una labor partidista, "sino que una mayor cantidad de actos están siendo revisados por la autoridad jurisdiccional". Sostuvo que ahora la discusión no es sobre la judicialización de la política, sino sobre la politización de la justicia, y ello se debe también a que "la racionalidad que se impone no es siempre la que los políticos admiten". Agregó que ello queda de manifiesto además con la propuesta de que sean los partidos políticos en el Congreso los que designen directamente a los magistrados del Poder Judicial, con el consiguiente aumento de acciones y casos a revisión en los órganos judiciales. "Pero más allá de ello, estamos en este momento por primera vez en México en un sometimiento del ejercicio político a la Constitución; es un intento de racionalización de la política y el derecho", aseveró. Expuso que en este proceso se darán "jaloneos, acciones y cambios institucionales en la Suprema Corte y el mismo Tribunal Electoral, pero también influirá lo de la ampliación del juicio de amparo como medio constitucional y otros elementos". Sobre las iniciativas para que el juicio de amparo incluya derechos políticos, indicó que es un giro en la materia y que al permitir a la SCJN revisar casos de ese tipo se abrirá una fase de transición para delimitar lo que le toca a cada tribunal. Refirió que se podría tratar de unos dos o tres años en los que las decisiones de la SCJN y las del TEPJF sean diferentes, y "ya una vez avanzado el estudio de la materia se podrían superar esas diferencias, que en términos jurisdiccionales son normales". Cossío Díaz reconoció que ello aumentará la carga de casos que se revisan en el Poder Judicial, ya que en la actualidad se registran un millón de juicios de amparo anuales en México. Agregó que, muy relacionados con los procesos electorales, se suman los retos sobre los que se habrán de estudiar casos, como es el objetivo de evitar que el crimen organizado se apodere de elecciones. Asimismo, mencionó temas como el financiamiento de las precampañas electorales, la deslealtad de los partidos políticos y la relación entre procesos electorales y medios de comunicación. De hecho, apuntó que ya alrededor de 40 por ciento de asuntos que llegan a la SCJN tienen relación directa o indirecta con temas electorales.