El Congreso de Sinaloa, un estado del noroeste de México azotado por el narcotráfico, derogó este jueves una polémica ley aprobada a finales de julio que preveía imponer estrictos límites a las coberturas periodísticas sobre crímenes y que generó multitudinarias protestas de periodistas.

En una sesión extraordinaria, los diputados de Sinaloa aprobaron por unanimidad la derogación de la conocida como 'ley mordaza', que prohibía a los periodistas grabar audio, filmar imágenes y tomar fotografías en escenas del crimen y les limitaba a remitirse a los comunicados del gobierno para brindar información.

La norma, aprobada también por unanimidad el pasado 30 de julio e impulsada por el gobernador Mario López Valdez (del partido opositor conservador PAN), iba a entrar en vigor en octubre pero, presionados por las manifestaciones del gremio periodístico, los diputados decidieron dar marcha atrás.

"Los medios de comunicación, los reporteros que hacen todos los días la talacha (trabajo), ganaron la batalla", expresó este jueves Jesús Enrique Hernández, coordinador de la mayoría del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local.

Desde la aprobación de una reforma a la ley orgánica de la fiscalía estatal que incluía un artículo con las polémicas restricciones, cientos de periodistas y dueños de medios locales protagonizaron al menos dos grandes manifestaciones en contra de la ley en varios puntos de Sinaloa.

De hecho, una cincuentena de periodistas y activistas estuvieron presentes este jueves en la sesión parlamentaria donde gritaron consignas como "¡No a la ley mordaza!" y celebraron su derogación.

Fuertemente azotada por la violencia generada por los cárteles del narcotráfico, Sinaloa es cuna de buena parte de líderes de grupos del crimen organizado como el encarcelado Joaquín "Chapo" Guzmán, considerado hasta su detención en febrero pasado como el narcotraficante más poderoso del mundo.

La militarizada guerra contra el narco que lanzó en 2006 el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para los periodistas, con al menos 78 informadores asesinados desde el 2000, según varias ONG.

En algunos estados del norte, los periódicos se han autocensurado en temas relacionados con el narcotráfico debido a las amenazas de los cárteles, a los que se responsabiliza de varias muertes de periodistas y de ataques a instalaciones de varios medios de comunicación.