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Derechos patrimoniales amenazados

25/07/2009 19:19 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El proyecto de ley orgánica de garantías constitucionales y control constitucional deja sin protección a los derechos patrimoniales

El constitucionalismo de la revolución ciudadana no se limitó a levantar una estructura jurídica de corte estatista, con la Constitución de Montecristi y un cúmulo de mandatos y leyes subyacentes. También adoptó las categorías metodológicas y conceptuales del neoconstitucionalismo radical para debilitar la posición de las libertades individuales de orden económico, expresadas, entre otros, en los derechos a la propiedad privada, a la libertad contractual, a la libre iniciativa empresarial, a la competencia, a los que los defensores de ese neoconstitucionalismo les denominan derechos patrimoniales en oposición a los derechos fundamentales. En otras palabras, según esta corriente de pensamiento, los derechos de los que una persona puede ser titular son de dos clases: derechos fundamentales, al alcance de todos, y derechos patrimoniales, a disposición de los pocos que participan en el mercado. Así, el derecho a la propiedad es un derecho fundamental, mientras el derecho a la propiedad privada es un simple derecho patrimonial.

El Proyecto de Ley de Garantías Constitucionales, aprobado en primera instancia por el “Congresillo”, deja a los derechos patrimoniales fuera de la acción de protección y de las medidas cautelares, sin percatarse que la Constitución de Montecristi dispone que todos los derechos humanos tienen, al menos en teoría, igual jerarquía. La distinción entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales ha sido un simple ejercicio teórico, iniciado por el jurista italiano Luigi Ferrajoli. En el ámbito de la justicia constitucional comparada, ha alcanzado un cierto desarrollo jurisprudencial, sin llegar a una santificación legal. Sorprende, entonces, que los revolucionarios ecuatorianos introduzcan tal distinción dentro de un cuerpo legal.

De entrar en vigencia la Ley de Garantías Constitucionales, los perjudicados por actos administrativos no podrían recurrir a la justicia constitucional, en virtud de acciones de protección o medidas cautelares, con la alegación que se han vulnerado o están amenazados sus derechos a la propiedad privada, a la libertad empresarial o a la libre competencia. Estarían obligados a encontrar amparo en la lesión o amenaza a otros derechos constitucionales, entre ellos, el derecho a la subsistencia, al debido proceso, a la igualdad.

Observemos algunos casos hipotéticos. Un anciano de la tercera edad, sin jubilación ni trabajo, que tiene su dinero congelado en una entidad financiera en liquidación, estaría impedido de recurrir a los jueces constitucionales para que ordenen que se le devuelva el dinero inmovilizado si aduce que está vulnerándose su derecho a la propiedad privada sobre los dineros depositados. Para merecer la atención judicial se encontraría obligado a alegar que ha sido lesionado su derecho a la subsistencia digna.

En el evento que se vaya a derrocar o se haya demolido una parte de un inmueble privado por orden de alguna autoridad municipal, el afectado no podría beneficiarse de las garantías constitucionales si argumenta que se encuentra amenazado o vulnerándose su derecho a la propiedad privada. Tendría que sostener que el derecho constitucional en peligro o lesionado es el debido proceso.

El Tribunal Constitucional alemán, a propósito del ámbito protegido de los derechos humanos, se pronunció, en medio de desacuerdos conceptuales, sobre tres derechos: el derecho a la libre competencia alegado por un empresario frente a informaciones gubernamentales inexactas acerca de las condiciones de consumo de un producto; el derecho a la propiedad privada del dueño de un inmueble sobre cuya pared unos artistas, en ejercicio de la libertad artística, habían colocado dibujos y leyendas; el derecho de reunión con fines recreacionales y económicos. En ninguno de los tres pronunciamientos fue terminante sobre la inclusión o exclusión de los derechos patrimoniales. Examinó los supuestos de hecho de cada derecho y abrió varios caminos de interpretación. En el caso del derecho de reunión recordó que este derecho se encontraba protegido en la medida en que servía para fomentar el debate democrático, por lo que si ese era uno de los propósitos de la reunión recreacional y económica, el derecho de reunión estaba debidamente amparado, a sabiendas que la Constitución de ese País había consagrado el derecho al libre desarrollo de la persona como un mega derecho, con la fuerza necesaria para iluminar y amparar el ejercicio de otros derechos.

La Constitución de Montecristi puede ser apreciada desde varias perspectivas. Para los neoconstitucionalistas radicales, de formación estructuralista o marxista, esa Constitución ofrece la oportunidad para implantar un nuevo modelo social igualitario, al encender los motores de la lucha de clases. Para los neoconstitucionalistas críticos, por su parte, el andamiaje constitucional es una amenaza a la democracia constitucional por el potencial institucional del que puede aprovecharse cualquier gobernante para implantar un régimen autoritario, ayudado por ejercicios democráticos plebiscitarios. Para los constitucionalistas libertarios y republicanos la Constitución de Montecristi es el arma del estatismo para subyugar al mercado y a las libertades individuales, con el agravante que los derechos patrimoniales, per se, solamente pueden ser protegidos por las vías judiciales ordinarias.

El proyecto de ley incorpora al texto legal una distinción teórica entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales

La exclusión de los derechos patrimoniales de la acción de protección y de las medidas cautelares ha sido defendida con el argumento que solamente los poderosos aducen violaciones a esos derechos. En la práctica, los ricos no suelen defender su poderío económico con acciones de protección o medidas cautelares. Tienen otras armas jurídicas para defender sus derechos patrimoniales. Los individuos de los estratos medios y bajos son proclives a defender sus derechos a la propiedad privada o a la libertad de establecer su negocio, con esas garantías constitucionales.

El Proyecto amenaza los derechos patrimoniales de todos los “individuos” que valoran el trabajo propio, el ahorro, la inversión productiva y rentable, el emprendimiento y el riesgo, sean o no ricos o pobres.

El Proyecto de Ley de Garantías Constitucionales, dependiendo como se aplique por los jueces constitucionales, les permitiría a los neoconstitucionalistas radicales alcanzar algunos de sus objetivos estratégicos. A los neoconstitucionalistas críticos, preservar, por lo menos, la esencia de la democracia constitucional. Y a los constitucionalistas libertarios y republicanos, defender algunos espacios y reductos de las libertades individuales.

El Proyecto tiene algunos aspectos positivos. La estructura de las garantías constitucionales es clara y útil, salvo por la exclusión de los derechos patrimoniales de las medidas cautelares y de la acción de protección, así como por el carácter residual que se le da a esta acción. Se encuentra debidamente concebida la responsabilidad civil extracontractual del Estado. Los principios del procedimiento constitucional sirven para hacerlo ágil y dinámico. La Corte Constitucional deja de ser un legislador negativo, pudiendo modular los efectos de las sentencias constitucionales para evitar vacíos jurídicos. Introduce el control de la calidad de ley para elevar los parámetros del debate parlamentario. Obliga a mejorar la argumentación jurídica de jueces y litigantes.

Preocupa, sin embargo, el contexto dentro del cual se espera aplicarlo. En la larga exposición de motivos, firmada por el Presidente de la República, se advierte que los íconos constitucionales a seguir por el Ecuador se encuentran representados en las constituciones de Venezuela (1999) y Bolivia (2008) y en ciertos fundamentos de la de Colombia (1991). Asimismo, se proclama que el nuevo constitucionalismo ecuatoriano es el resultado de un proceso político de liberación y transformación social, del fracaso de un modelo económico excluyente, del colapso del sistema de partidos, de la quiebra del tradicional mandato representativo, de una ampliación sostenida de los derechos y de las garantías y de la aparición de un modelo económico solidario. Y, por último, se afirma que el activismo judicial, hermano gemelo del activismo político, tiene el encargo de llevar adelante el proceso liberador.

Con el preponderante rol asignado a los jueces, la revolución ciudadana adquiere una dimensión judicial de grandes proporciones. El legislador pasa a un segundo plano el momento en que el juez constitucional, en medio de los conflictos sociales de cada caso, constitucionaliza el derecho privado y el derecho público garantista con valores y principios constitucionales procesados, por la vía del precedente obligatorio, por la Corte Constitucional. Al final, los jueces constitucionales asumen la tarea de transformar el derecho, reduciéndose, así, el espacio de la discusión democrática y plural por parte de los parlamentarios, que, a diferencia de los jueces, sí cuentan con legitimidad democrática de origen. Es muy aventurado decir que pasó el tiempo político de los parlamentos, de los presidentes, y que ha llegado la hora de los jueces.

El hecho que se haya cambiado el sistema de fuentes del derecho, se haya transformado la labor interpretativa y haya surgido una nueva idea de conflicto social en cada caso judicial, no significa que el legislador democrático deba ser recluido en una celda oscura, mientras el juez goza de completa libertad para modificar el derecho, a la luz del neoconstitucionalismo radical incrustado en la Corte Constitucional.

El derecho a la propiedad privada y la libertad empresarial no estarían cubiertos por la acción de protección o tutela ni por las medidas cautelares


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Autor:
Luis Fernando Torres (78 noticias)
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