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Denuncian implicación del gobierno colombiano en torturas

11/11/2009 10:01 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Organizaciones de la sociedad civil colombiana denunciaron ante la ONU que miembros del gobierno del presidente Alvaro Uribe, incluso su primo Mario Uribe, están implicados en torturas y asesinatos perpetrados por paramilitares. La Coalición Colombiana Contra la Tortura presentó su investigación al respecto en momentos en que se debate en Ginebra el cuarto informe presentado por Colombia ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "La tortura es una práctica sistemática y generalizada en prácticamente todo el territorio colombiano", denunció en rueda de prensa Jahel Quiroga Carrillo, directora de la Corporación para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos de Colombia. Quiroga comparó el caso de Colombia con prácticas utilizadas en el Holocausto. "En mayo por sorpresa descubrimos en las declaraciones de los paramilitares que ellos habían construido hornos crematorios para desaparecer a las víctimas", refirió. Agregó que "estos delitos fueron ordenados por los paramilitares, entre ellos uno que está extraditado en Estados Unidos que es Mancuso; por órdenes de él fueron hechos estos hornos en la frontera con Venezuela". "Asimismo echaron al río miles de cadáveres y denunciaron cómo el Ejército y el gobierno los apoyó en estos delitos", afirmó Quiroga. "Incluso hay un paramilitar que denunció que el mismo presidente de Colombia estaba comprometido; ese paramilitar fue asesinado posteriormente en la cárcel", apuntó. Quiroga aclaró que en el informe presentado por la Coalición al Comité contra la Tortura hay suficiente información para demostrar las denuncias que hicieron ante la ONU. Señaló que 92 por ciento de los casos de tortura documentados entre 2003 y 2008 es atribuido al Estado y a la fuerza pública de ese país. Explicó que la Ley de Justicia y Paz de 2005, impulsada por el gobierno de Alvaro Uribe y aprobada por el Congreso de Colombia, fue creada para el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. La ley fue criticada pues a los paramilitares que contaban la verdad sobre los crímenes cometidos se les daba una pena de ocho años, mientras que de ser juzgados como lo señala el Código Penal les hubieran dictado una condena de al menos 50 años. "De los 38 mil paramilitares de los que se tiene conocimiento, 600 se acogieron a la ley y unos 19 mil desmovilizados que no tenían procesos penales abiertos han escapado a los tribunales y viven en la total impunidad". En este contexto, paramilitares narraron cómo miembros del gobierno daban órdenes en lo que calificaron de "una gran empresa para delinquir", indicó. Añadió que 18 paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos "con el pretexto de que son narcotraficantes, pero no por crímenes de lesa humanidad; para ello tienen que regresar a Colombia para ser procesados". "Entre ellos se encuentran los peores criminales del continente americano. Miles y miles de personas fueron asesinadas por ellos", dijo el presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, Claudio Grossman, al cuestionar el reporte sometido por el gobierno colombiano. Denunció asimismo que a las víctimas no se les está reparando conforme a los estándares internacionales sobre verdad, justicia y reparación integral, que no es solamente una compensación económica. El gobierno de Uribe sacó un decreto donde paga por un acuerdo solidario a 10 años siete mil 500 dólares por tortura o 10 mil 500 por muerte o desaparición forzada. "Sin embargo hay prueba de que muchos fueron torturados antes de ser eliminados, pero el gobierno les ofrece solamente 10 mil 500", deploró, y añadió que "es una afrenta contra la dignidad de las víctimas, algo que provoca mucha rabia e indignación". Por su parte, Agustín Jiménez, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, dijo que la situación es grave porque los 18 extraditados han ejecutado y planeado delitos de tortura y por lo tanto son criminales de lesa humanidad. "Varios de ellos han renunciado a Justicia y Paz y esta situación puede terminar en una gran acción de impunidad sobre cerca de 50 mil crímenes que se cometieron en Colombia", señaló. Jiménez aclaró que "el gobierno no quiere recurrir a la ley de compensación de víctimas porque tendrían que devolver cerca de seis millones de hectáreas que han sido usurpadas a más de tres millones de desplazados internos". El gobierno quiere las tierras para monocultivo y vender biocombustibles a países industrializados, alertó. Con respecto a las denuncias hechas contra Mario Uribe, dijo que el mandatario colombiano ha respondido con acusaciones contra el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, alegando que quieren interferir con su gobierno atacando a sus familiares. "Califican de terroristas a magistrados, dicen que son delincuentes y ligados a la guerrilla", apuntó. El relator del Comité de la ONU para el examen de Colombia, Fernando Mariño, dijo al escuchar el informe del gobierno que "hay muy pocas investigaciones, y las condenas son escasas con respecto al número de denuncias interpuestas por casos de tortura". Mariño lamentó que en Colombia existan prácticas "de ocultación de la tortura". "Parece que hay casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales que son enmascaradas por sus autores, especialmente al disfrazar a las víctimas para hacerlas pasar por miembros de grupos rebeldes o armados, y además obtener una prima o una recompensa", dijo. Asimismo la Coalición denunció la práctica de violencia sexual contra mujeres y niñas, así como el reclutamiento de niños en grupos armados. Los miembros de la Coalición exigieron una investigación urgente por parte de mecanismos especiales de la ONU.


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