"Venezuela es un Estado garante de los derechos humanos, no nos han dado ni una sola prueba que expulsamos refugiados, o que mujeres fueron violadas; si las tuviéramos actuaríamos", indicó a la AFP Tarek William Saab, Defensor del Pueblo de Venezuela, para desmentir este martes en Ginebra acusaciones en contra de su país.

Saab salió así al cruce de los casos de al menos "1.097 personas de origen colombiano, entre ellas 220 niños y adolescentes" deportados recientemente de Venezuela a Colombia que fueron denunciados el lunes por un colectivo de organizaciones humanitarias latinoamericanas.

El Defensor del Pueblo admitió que hubo "inmigrantes ilegales deportados, pero se utiliza el tema de derechos humanos para mentir: hay narcotráfico, paramilitarismo, y bandas organizadas en Venezuela que se dedican al contrabando de gasolina y de productos de extracción, [como por ejemplo] la harina o el aceite comestible comprados a bajo precio en Venezuela por estar subvencionados por el gobierno, vendidos luego a precios más altos en Colombia", dijo.

"Pedimos que nos documenten los casos, pero lanzan cifras genéricas para dañar a Venezuela, no hay un solo caso de un refugiado deportado, hay que decir la verdad, y sobre mujeres violadas tampoco hay pruebas", insistió.

"Toda diferencia debe arreglarse por el diálogo. Mi país ha pedido una reunión bilateral de las más altas autoridades y Colombia dice que debe condicionarse. Eso es una voluntad de no querer sentarse a hablar", concluyó.

Saab viajó a Ginebra para informar a las autoridades de diferentes órganos de la ONU sobre la situación en la frontera, lo mismo que hizo el lunes la canciller colombiana María Ángela Holguín.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, en la que denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.

La crisis bilateral estalló el 19 de agosto, cuando Maduro decretó el cierre de una parte de la frontera tras un ataque a militares venezolanos durante una operación anticontrabando, que el mandatario atribuyó a "paramilitares colombianos".

Pero la tensión aumentó hace poco más de una semana, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos de los afectados.

El lunes, Maduro anunció el cierre de un nuevo paso fronterizo y el despliegue de otros 3.000 militares.

Según las últimas cifras del gobierno colombiano, la crisis fronteriza ha dejado casi 14.000 colombianos afectados, entre ellos 1.443 deportados desde Venezuela y el resto que han huido por temor a ser expulsados sin sus familias o pertenencias.