¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Eugenia López Muñoz escriba una noticia?
El gobierno de Rajoy habla de huelga general, pero los sindicatos no entran al trapo
Al Gobierno le vendrían muy bien los disturbios sindicales a la griega. Eso aumentaría la credibilidad de sus reformas laborales y financieras de cara a los mercados, las agencias de calificación y, naturalmente, a la Europa y a Merkel, que hacen lo posible por amplificar en los medios de comunicación el acierto reformista de Rajoy.
Los elogios también se han dejado oído en la prensa internacional, al menos en sus primeras impresiones. Para el Financial Times, España buscaba con esta reforma profunda "sacudir" el mercado laboral. El Wall Street Journal la calificaba como reforma "clave". El New York Times aducía que la reforma está diseñada para reducir el coste del despido y, a la vez, incentivar la contratación.
La estrategia de la indiscreción
Semana y media antes de su aprobación (30 de enero), la reforma rajoyniana despertó expectativas en Europa y en los mercados financieros gracias a la supuesta indiscreción de Rajoy en su primera reunión de consejo europeo:
-"La reforma laboral nos va a costar una huelga".
El día anterior a su aprobación en Consejo de Ministros (9 de febrero), la reforma volvió al primer plano de una cámara por otra supuesta indiscreción de su ministro De Guindos en la reunión del Eurogrupo:
-"La reforma laboral será extremadamente, extremadamente agresiva".
-"Genial" -le respondió el comisario europeo de Economía, Olli Rehn.
Los fallos de la estrategia
Sin embargo, parece que la estrategia de los pillados por la cámara no surtió efecto en la agencia de calificación Moody's, que acaba de rebajar la calificación a la deuda soberana de España, bajándola dos peldaños: de "A1" (notable alto) a "A3" (notable bajo).
La estrategia de la indiscreción fortuita tampoco ha confundido el juicio de las otras dos agencias de calificación, Fitch y S&P que, implacables, efectúan una bajada masiva de ratings en la banca española. Fitch prevé que la economía española no crecerá en 2012 y espera que la tasa de desempleo se mantenga alrededor del 23%, añadiendo que el mercado inmobiliario será un motivo de preocupación a largo plazo. La agencia se basa en que "hay una relación muy próxima entre el riesgo bancario y el soberano, por lo que es inusual que los bancos puedan tener una nota superior a la del país". El razonamiento se basa en que las entidades bancarias tienden a poseer amplias carteras de deuda soberana doméstica, por lo que la calidad de sus activos está altamente expuesta a las dificultades macroeconómicas.
Ayer por la mañana tampoco parecía que se hubiera convencido del todo a la Comisión Europea que, según publicaba Le Monde, estaba previsto expedientar a España por acumular desequilibrios económicos excesivos que podrían agravar la crisis de deuda. El periodico francés añadía que, si el Gobierno español no adoptaba medidas correctoras, las sanciones podían llegar a 1.000 millones de euros, el 0, 1% del PIB.
No obstante, por tarde el vicepresidente de la Comisión Económica, Olli Renh, negó tener previsto multar a España por no adoptar suficientes medidas para corregir su déficit excesivo. Al parecer la noticia surgió porque el Gobierno retrasa hasta marzo la aprobación de los presupuestos. Algo que hará tras celebrarse los comicios en Andalucía. Una medida electoralista, según se comenta en Bruselas.
Así las cosas, el Gobierno no deja de hablar de una hipotética huelga general que van a montar los sindicatos por la reforma. Incluso le han hecho llegar al diario El Mundo su preocupación porque los sindicatos estén pensando en montársela el próximo otoño. Qué tarde, ¿no? Se ve que el Gobierno tiene ansia de huelga para calmar a los mercados. Tal vez si emprendiera el resto de medidas de ajuste que tiene previstas para después de las elecciones andaluzas, no necesitaría tanto seguir con el discurso de la huelga anunciada por él, en ningún caso por los sindicatos. Al contrario, Méndez y Fernández Toxo de lo que hablan era de llevar la reforma rajoyniana al Tribunal Constitucional, de hacer movilizaciones reflexivas con trabajadores y parados, y cosas por el estilo de moderadas, incluido ese convertir la calle en un "hervidero". De huelga general, nada de nada por mucho que lo pidan las bases sindicales exacerbadas.