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Crónica Sri Lanka-AI y HRW denuncian gravísimos abusos de las autoridades contra las víctimas del conflicto en Sri Lanka

13/06/2009 15:11 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), las dos principales ONG pro Derechos Humanos del mundo, han denunciado que más de 300.000 civiles de etnia tamil pertenecen detenidos ilegalmente por presunta conexión con los rebeldes derrotados hace menos de un mes por el Ejército ceilandés, mientras las autoridades muestran poca o ninguna disposición a investigar los posibles crímenes contra la Humanidad que se cree han tenido lugar durante la extremadamente sangrienta última fase del conflicto civil que ha asolado al país durante un cuarto de siglo.

El pasado 19 de mayo, el Gobierno ceilandés declaraba la victoria total sobre los rebeldes de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE o los Tigres Tamiles, como se les conoce comúnmente), tras una larga operación militar contra el último reducto guerrillero en el norte de Sri Lanka, un cuello de botella donde se encontraban atrapados más de 300.000 civiles, desplazados de sus hogares por la ofensiva y empujados contra las posiciones rebeldes, que a su vez les empleaban como escudos humanos indefensos ante los bombardeos militares indiscriminados.

HRW denuncia que, a lo largo de toda esta ofensiva, el Gobierno de Sri Lanka ha ordenado la detención de "virtualmente toda la población civil, familias enteras, prácticamente todo el mundo" bajo sospecha de afiliación con los rebeldes tamiles. Los civiles han sido retenidos en lo que el Gobierno llama "centros de beneficencia" pero, a pesar de que las autoridades afirman que son libres de abandonar las instalaciones en el momento que deseen, fuentes de la ONG aseguran que "muchos civiles están todavía en estos campamentos porque el Gobierno no les permite marcharse".

La ONG remite a las cifras concretas de Naciones Unidas, que estiman que 278.263 civiles pertenecen detenidos desde el pasado marzo de 2008 en 40 campos de concentración en cuatro provincias septentrionales: Vavuniya, Mannar, Jaffna y Trincomalee, esperando a que el Gobierno "cumpla su promesa de devolverles a sus hogares", algo que en teoría debería haber sucedido a finales del año pasado. Sólo se han puesto en libertad "un pequeño número de desplazados, ancianos en su mayoría, que han sido trasladados a residencias de la tercera edad".

"Tratar a estos hombres, mujeres y niños como si fueran combatientes tamiles es una verdadera desgracia nacional", denunció el director de HRW para Asia, Brad Adams. "Los civiles tamiles desplazados merecen los mismos derechos que cualquier otro ceilandés", añadió.

La organización entiende que parte de este comportamiento es justificable dado que es necesario separar a los combatientes de los civiles, identificando a cualquier guerrillero que se haya podido ocultar entre la población desplazada, pero recuerda que las restricciones sobre la libertad de los desplazados deben tener "una clara base legal, proporcionales a la situación existente, y limitadas a lo imprescindible".

HRW denuncia además que las condiciones de vida en los campos son "inadecuadas". "Existe virtualmente un problema de superpoblación, y algunos de ellos acumulan al doble de residentes de lo que recomienda el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)", aseguró la organización. "La distribución de alimentos es caótica, hay escasez de suministro de agua, las instalaciones higiénicas son insuficientes y los residentes no tienen acceso a los servicios médicos adecuados por lo que las enfermedades contagiosas se extienden por los campos", asegura.

Las organizaciones humanitarias han visto reducido su acceso a las instalaciones desde el pasado 16 de mayo merced a las restricciones impuestas por la administración militar que controla los campamentos, que ha ordenado igualmente limitar el número de vehículos y de personal capacitado para entrar en estos campos. De igual modo, los periodistas tienen prohibido observar las instalaciones a no ser que formen parte de visitas organizadas.

Para empeorar la situación "las lluvias monzónicas pueden empeorar la situación", según Adams, que insistió en que "mantener retenidos a civiles que ya están deseando irse a vivir con familiares y amigos" es una actitud "tan ilegal como irresponsable".

"CICLO DE ABUSO E IMPUNIDAD"

Hace dos semanas, Naciones Unidas reconocía por primera vez la posibilidad de que jamás se pueda estimar una cifra concreta del número de muertos civiles causados por el conflicto, en parte por la imposibilidad para realizar una investigación independiente de la masacre perpetrada por ambos bandos, ya que el acceso a la zona a los medios de comunicación y a las organizaciones humanitarias quedó prácticamente vetado durante las hostilidades.

Amnistía Internacional acusa en este sentido al Gobierno de Sri Lanka de atrapar al país en un "ciclo vicioso de abuso e impunidad" por el que las autoridades han exhibido una absoluta incompetencia a la hora de ajusticiar "las graves violaciones contra los Derechos Humanos cometidas en el país durante los últimos 20 años".

Las nueve comisiones de investigación formadas por el Gobierno durante este tiempo de enfrentamiento no sólo han "carecido de la credibilidad necesaria" sino que además han "obstaculizado las investigaciones criminales" por su incapacidad para "proteger adecuadamente a los testigos y a las víctimas". Si bien es cierto que la mayoría de estas comisiones han identificado a algún presunto responsable de crímenes contra los DDHH, su actuación apenas ha conseguido que sólo "unos pocos acusados" sean llevados ante la Justicia.

Naciones Unidas cuenta con una vaga promesa del Gobierno ceilandés por el que se comprometía a "adoptar medidas contra las quejas de la comunidad internacional", pero Amnistía Internacional aboga de forma inmediata por la creación de "una comisión independiente de investigación", una solución poco menos que utópica dadas las constantes negativas del Gobierno, que el pasado 31 de mayo anunciaba su intención de restringir cualquier investigación internacional que pudiera afectar a la soberanía del país, según el ministro de Exteriores ceilandés, Rohitha Bogollagama.

"Sri Lanka es un país soberano con su propio marco legal", declaró Bogollagama. "Contamos con una separación explícita de poderes, y la Judicatura es completamente independiente".

Para Amnistía Internacional "las autoridades ceilandesas no han tenido casi ningún éxito a la hora de demostrar la responsabilidad de los abusos cometidos contra los civiles cometidos por el LTTE", pero es además "mucho menos probable que el Gobierno investigue y condene a sus propias fuerzas por las violaciones que han cometido contra los Derechos Humanos y contra las leyes humanitarias".


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