Las críticas del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, al Código Electoral vigente, al que calificó de "estúpido" e "hipócrita", han agitado un ambiente político permeado por la perspectiva de las elecciones de febrero próximo. Arias cuestionó al inicio de esta semana la prohibición al jefe de Estado y otros jerarcas gubernamentales a hacer proselitismo, lo reiteró en los días siguientes, y agregó que esa disposición debe eliminarse. La situación se originó el pasado 9 de junio, cuando Arias elogió el triunfo, dos días antes, de la ex vicepresidenta y ex ministra de Justicia de su gobierno, Laura Chinchilla, en la elección interna del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN). "Se cumple un viejo sueño mío de que los costarricenses puedan algún día escoger a una mujer como presidenta", comentó durante un acto oficial, y admitió: "me puedo meter en líos con el Tribunal Supremo de Elecciones". "No hay nada más estúpido y más hipócrita que esa norma que le impide a los presidentes votar por una persona de su partido. Es una de esas cosas que hemos venido arrastrando desde el pasado y que demuestran la hipocresía de leyes que no tienen ningún sentido", afirmó. Por la tarde, el derechista Movimiento Libertario (ML) y el centroizquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC) acusaron al jefe de Estado de violar el artículo 88 del Código Electoral, y plantearon que se le debe sancionar. El diputado Sergio Alfaro, del PAC, en una carta al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), planteó a los magistrados que "el presidente se burla de ustedes y de sus resoluciones". Por su parte, Lorena Vásquez, diputada por el ex gobernante Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) e integrante de la parlamentaria Comisión de Reformas Electorales, dijo que la eliminación de esa prohibición "no es viable dentro de un sistema (…) presidencialista". El PAC ya había denunciado a Arias ante el TSE, cuando expresó su deseo de que en mayo de 2010, cuando se instale el próximo gobierno, lo reemplace una mujer, lo que se consideró una expresión de apoyo a Chinchilla. El tribunal indicó entonces que la exteriorización de ideas por parte de un jerarca gubernamental no implica beligerancia política, y que "únicamente se sanciona el hacer del sujeto", no sus intenciones.