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Critican a autoridades costarricenses ante postura de proyecto minero

28/07/2010 17:39 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el gobierno de Costa Rica “se han lavado las manos” respecto a un polémico proyecto de minería a cielo abierto en el norte del país, según el ecologista David Rojas. “Es increíble que la Sala IV (la Sala Constitucional) se lave las manos, y le pase la papa caliente al Poder Ejecutivo cuando le dice que sí, que ellos (el gobierno) tienen potestad para derogar el decreto”, planteó Rojas, de la Coordinadora Ni Una Mina Más. “Y que el Poder Ejecutivo, a su vez, venga a lavarse las manos diciendo que lo endosa a lo que resuelva el (Tribunal) Contencioso Administrativo”, agregó Rojas. Las declaraciones del activista se dieron después de que el martes el Poder Judicial señaló que el Ejecutivo tiene potestad para derogar el decreto de la administración del presidente Oscar Arias (2006-2010) que declaró la mina Las Crucitas como de interés nacional. Tras el fallo, el gobierno de la mandataria Laura Chinchilla dijo que no se actuará de manera unilateral y que esperarán la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, donde hay un juicio sobre el caso, por denuncias de organizaciones ecologistas. La mina, propiedad de Industrias Infinito, subsidiaria en Costa Rica de la canadiense Vanessa Ventures, cuenta con todos los permisos de ley. Incluso el ex presidente Arias declaró el proyecto de “conveniencia nacional”, lo que permitió una tala masiva de árboles que derivó en denuncias judiciales por parte de grupos ambientalistas, que aseguran que la mina agravará además la escasez de agua en la zona. Para Rojas “la Sala IV y el Contencioso Administrativo, como cualquier instancia del Poder Judicial, lo que tienen es potestad para emitir criterios técnicos en materia legal, en materia jurídica, no criterios políticos”, explicó Rojas. “Esa es la potestad del Poder Ejecutivo”, agregó el dirigente de la Coordinadora Ni Una Mina Más, organización que aglutina a entidades y personas que se oponen al proyecto minero de Las Crucitas. “El Poder Ejecutivo está llamado a definir las políticas públicas en materia de medio ambiente”, aseguró. El proyecto se mantiene cerrado mientras se ventilan las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre la posible contaminación de ríos por el método de extracción de oro a cielo abierto que incluye el uso de cianuro.


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