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Corrupción Administrativa

12/07/2009 08:37

1 El problema, pues, no es que se produzcan hechos de corrupción, que siempre se van a producir, sino que existan sistemas que permitan y promuevan la corrupción generalizada en nuestros gobiernos y sociedades

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Corrupción Administrativa En Rep. Dom.

Esencialmente no es un problema de personas, o bien de funcionarios que actúan de forma deshonesta, si bien son personas y funcionarios los que cometen los actos de corrupción, sino que el problema se define como tal en términos sistémicos, en términos de sistemas que permiten, hacen posible y promueven la ocurrencia de la corrupción.

El problema, pues, no es que se produzcan hechos de corrupción, que siempre se van a producir, sino que existan sistemas que permitan y promuevan la corrupción generalizada en nuestros gobiernos y sociedades.

La existencIa de esos sistemas no siempre es ingenua ni casual, sino que, por el contrario, los mismos constituyen sistemas bien estructurados, bien definidos, bien decididos, que funcionan anacrónicamente en detrimento de los intereses colectivos, pero armónica y perfectamente de los intereses de individuos y grupos bien relacionados, social, económica y políticamente, que usan al Estado como una fuente rica, provechosa y fácil de enriquecimiento y de poder.

Ese problema así caracterizado, tiene a nuestro juicio, múltiples facetas y causas, algunas de las cuales señalaremos a continuación.

Es un problema de carácter económico, por cuanto los bajos salarios que normalmente se paga a los funcionarios y empleados públicos constituyen un aliciente importante a las prácticas corruptas.

Los bajos salarios, las magras condiciones en que trabajan nuestros funcionarios y empleados públicos, de ninguna manera constituyen un hecho aislado sino que, por el contrario, son la expresión de un Estado atrasado y pobre y sobre todo, sin vocación política para el progreso y la riqueza compartida. Los funcionarios y empleados de ese Estado no reciben de él sino inseguridad; los bajos salarios son un elemento más de los que inciden en la perspectiva de vida que estos funcionarios y empleados normalmente se pueden hacer en estas condiciones, una perspectiva de vida caracterizada por la inseguridad en cuanto a su porvenir y al de su familia, y por una tendencia cierta a garantizarse el mejor porvenir posible de una forma unipersonal, al margen de ese Estado y, por supuesto, al margen de la ley y la moral.

Es también un problema de carácter administrativo, por cuanto la existencia de estructuras y procesos administrativos arcaicos y anacrónicos dificultan la relación entre el Estado y el contribuyente o el ciudadano, promoviendo con ello la existencia de mecanismos alternativos, informales e ilegales, a través de los cuales se supera esa dificultad.

Es un problema de gestión, por cuanto la ausencia de controles o la existencia de controles obsoletos promueven la existencia de sistemas caracterizados por el dispendio, la ineficiencia y la corrupción.

Es un problema de carácter legal, por cuanto la ausencia de leyes o la existencia de leyes débiles y atrasadas permiten que ciertos comportamientos no puedan ser perseguidos y sancionados o no puedan serlo adecuadamente.

Si bien es cierto que la aplicación de las leyes depende en gran medida de la voluntad política para hacerlo, no es menos cierto que a veces sucede que hay voluntad política, pero no existe un marco legal adecuado para aplicar las leyes correspondientes.

Nuestros pueblos deben contar con leyes modernas que regulen todo lo relativo a las contrataciones públicas, sea de bienes y servicios, sea de obras; así como lo relativo a la declaración de bienes y el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos provenientes de hechos de corrupción. Nuestros pueblos deben contar con sistemas legales actualizados, modernos, que, desde ellos, nos permitan enfrentar el problema de la corrupción de una forma adecuada.

Una gran discrecionalidad, vigente en muchas de nuestras leyes, en aduanas, en rentas, es un hecho común que comúnmente genera corrupción.

La existencIa de leyes obsoletas regulando el ámbito de las contrataciones y licitaciones públicas hacen que en el mismo no existan los controles adecuados y necesarios para un manejo claro y transparente.

Así mismo, la existencia de leyes obsoletas hacen posible la existencia de sanciones infuncionales y ridículas para aquellos que se apropian ilícitamente de los fondos públicos.

Hay que mejorar nuestras leyes no sólo para rescatar su funcionalidad, su eficiencia, sino también para rescatar su credibilidad y la credibilidad de nuestros sistemas políticos que descansan, en gran medida, en nuestras leyes.

Es un problema cultural, por cuanto en nuestro seno se ha desarrollado lo que nosotros llamamos la "cultura de la corrupción", que caracteriza la visión que una parte importante de nuestros ciudadanos tienen hacia la gestión pública y que hace posible que estos no conozcan ni vislumbren otra posibilidad que no sea la de usar la función pública en beneficio privado. La "cultura de la corrupción" en nuestro país se refleja claramente, por ejemplo, en el hecho de que una buena cantidad de personas cree, honesta y sinceramente, que el cobro de comisiones, merced del ejercicio de una función pública, constituye una actuación legal y moralmente permitida a los funcionarios públicos. Desde esta perspectiva, el problema de la corrupción no es un problema propio del Estado, sino que es un problema social, de la sociedad, que se refleja y se expresa en el Estado y que, obviamente, se revierte en perjuicio de la sociedad.

Los que usan las funciones públicas para robar son ciudadanos de nuestros países y ellos lo hacen porque tienen razones para hacerlo. Tienen posibilidades y oportunidades, pero sobre todo, en este caso, tienen razones para hacerlo. Razones económicas, morales, políticas.

En este sentIdo, el problema de la corrupción es, también un problema ciudadano, un problema de participación ciudadana en el rechazo y la denuncia de la corrupción, de los corruptos y los corruptores; en el seguimiento a las promesas, planes y acciones de nuestros gobiernos para enfrentar el problema; en el desarrollo de la voluntad política de la ciudadanía, de la sociedad civil, por enfrentar con éxito, preferiblemente de forma conjunta con los gobiernos y, si no fuera posible, sin ellos, un problema esencialmente complejo y difícil.

Por otra parte, las consecuencias de que existan sistemas que hagan posible la corrupción generalizada en la administración pública, las pagan las mayorías de nuestros pueblos, los de siempre, los más pobres, los olvidados, y es de contribuir a beneficiarlos, a mejorar sus niveles de vida, lo que justifica todo este afán, todo este empeño, todo este esfuerzo, por combatir eficazmente la corrupción administrativa en nuestros sistemas de gobierno, ello sin desmedro de otras consecuencias del problema, las cuales se reflejan en otros ámbitos, como el político, y tienen una gravedad insospechada por cuanto restan credibilidad a nuestros sistemas políticos. La existencia de funcionarios corruptos que, a expensas del Estado y de sus connacionales, se enriquecen a la vista de todos y no son sancionados por ello, le resta credibilidad a nuestras leyes, a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, a nuestros sistemas políticos.

Cuando a sus manos de investigador, o aun de ciudadano sin responsabilidades públicas, llega un expediente de una denuncia de corrupción en la que una cantidad de canales de riego no fueron construidos pero fueron pagados a los supuestos constructores, en la realidad está sucediendo no sólo que se violó la ley ni que el Estado perdió un cantidad más o menos importantes de recursos sino, sobre todo, que una cantidad importante de hombres y mujeres de nuestros campos se han quedado esperando esas obras para cultivar y cosechar sus pequeños sembradíos y con su producto prorrogar pobremente sus pobres vidas y las de sus familias.

La lucha contra la corrupción, así, para el gobierno dominicano tiene razones no sólo de carácter ético y legal, administrativo o político, sino también, y sobre todo, de carácter económico y social.

La corrupción es un mal que socava la vida y reduce las posibilidades de desarrollo y progreso de nuestros pueblos, y es por preservar lo poco que hemos logrado y profundizar lo mucho que nos falta en términos democrático reales más que formales, que es fundamental que nos organicemos para enfrentar adecuadamente este problema, haciendo lo necesario para conocerlo de la mejor manera, para lo cual este foro es, sin dudas un excelente escenario.

La experiencia dominicana

Ahora bien, ¿qué está pasando en la República Dominicana en materia de lucha contra la corrupción?

Esta repuesta se puede decir simplemente: el gobierno ha definido y está implementado una política de lucha contra la corrupción.

Esa política, su sola existencia, es trascendente por cuanto ningún gobierno anterior había llevado el tema de la corrupción administrativa a la categoría de política pública.

En este sentIdo, hay que decir que la República Dominicana ha vivido en los últimos diecinueve meses una situación radicalmente nueva, que tiene su génesis en el acto inaugural de gobierno del Presidente Fernández, que fue el nombramiento del Procurador General de la República con el específico encargo a éste de coordinar y desarrollar un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.

La corrupción es, como ya hemos dicho, un problema de múltiples causas, frente al cual hay necesariamente que plantear soluciones múltiples para ser aplicadas todas al mismo tiempo, en el entendido de que la aplicación de una sola de ellas no tendría eficacia como solución al problema.

En este sentIdo, creemos que es necesario que los funcionarios y empleados públicos sean dotados de condiciones dignas para el ejercicio de sus funciones, las que a menudo se caracterizan por un alto nivel de riesgo profesional y personal, y ha sido justamente por ello que una de las primeras medidas tomadas por el gobierno dominicano ha sido la de aumentar substancialmente los salarios de los principales funcionarios públicos, tanto civiles como militares, y ha realizado también aumentos, no tan substanciales, a la empleomanía pública en general.

Creemos que es fundamental la mejora de la burocracia pública, los marcos legales, las estructuras, los procesos, de forma que los contribuyentes y los ciudadanos puedan relacionarse con el Estado de una forma más fluida, efectiva y transparente.

Creemos que es fundamental la mejora del marco legal vigente en nuestro país, en el entendido de que si bien es cierto que la aplicación de las leyes depende no sólo de su existencia sino también de la voluntad política para hacerlo, no es menos cierto que a veces hay voluntad política para actuar pero no hay un marco legal adecuado para hacerlo de la manera en que las circunstancias lo ameritan.

Es así, que en este sentido, se han emprendido una serie de acciones entre las cuales cabe destacar el hecho de que el Presidente de la República remitió al Senado de la República en el mes de noviembre de 1996, la "Convención Interamericana contra la Corrupción", a los fines de que la misma sea ratificada.

Es un problema de carácter legal, por cuanto la ausencia de leyes o la existencia de leyes débiles y atrasadas permiten que ciertos comportamientos no puedan ser perseguidos y sancionados o no puedan

Además de ello, en relación con el marco legal vigente, se han elaborado varios anteproyectos de ley, entre los cuales podemos señalar:

  • Un anteproyecto de Ley Sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito, que nos ayudará a satisfacer dos objetivos: por una parte, reformar la ley sobre declaración jurada de bienes, haciéndola más amplia y rigurosa, más eficiente en cuanto a la cantidad y calidad de los datos e informaciones que ella nos puede aportar en relación con el status social y económico de los funcionarios públicos, y por otra parte, a tipificar en la legislación penal dominicana el delito de enriquecimiento ilícito y, más aún, a revertir el fardo de la prueba en los casos relativos a hechos de corrupción.
  • Un anteproyecto Ley de Reforma al Código Penal dominicano, agravando las penalidades relativas a las infracciones de corrupción.
  • Un anteproyecto de Ley sobre Lavado de Activos proveniente de hechos de corrupción.
  • Una primera propuesta para unificar y reformar la legislación que regula las adquisiciones públicas, en el entendido de que tradicionalmente esta ha sido un área en la que se han desviado grandes cantidades de fondos públicos, y de que la legislación existente requiere actualización.
  • Así mismo, por las mismas razones señaladas en el párrafo que antecede, estamos promoviendo la unificación y reforma de la legislación que regula las construcciones públicas, para lo cual el Presidente de la República ha creado, mediante el Decreto N° 200-98, una comisión mixta de funcionarios y personalidades ligadas al mundo de la construcción que está elaborando un anteproyecto de ley para ser presentado en un breve término.
  • También estamos elaborando un Código de Ética del Funcionario Público.

Pero no es sólo mejorar el marco legal vigente; es también conocerlo. Es por ello que desde el año pasado estamos impartiendo talleres sobre "Ética y Responsabilidad Penal" en las instituciones públicas del país, con el propósito de que los funcionarios y empleados públicos conozcan y manejen adecuadamente el marco legal que regula sus actuaciones. Y es por ello, también, que estamos elaborando los compendios "Legislación Dominicana contra la Corrupción" y "Código de Conducta y Mística Institucional de la Procuraduría General de la República", los cuales pondremos en circulación en este año y a partir de los cuales realizaremos talleres en las instituciones públicas y en los departamentos judiciales del país, respectivamente.

Creemos, por otra parte, que es fundamental el trabajo en la conducta, la conciencia, la formación, la educación de nuestros ciudadanos, subrayando la formación en valores como la única vía a través de la cual podemos vencer la "cultura de la corrupción", instaurando una cultura caracterizada por el trabajo, la honestidad, la solidaridad y el respeto a las leyes, para lo cual hemos iniciado el desarrollo de programas educativos a través del Sistema Educativo Formal. En este senTido, hemos suscrito sendos Acuerdos Institucionales con la Secretaría de Estado de Educación y Cultura y con el Consejo Nacional de Educación Superior que contemplan la realización coordinada de distintas actividades en las escuelas, institutos de educación superior y universidades del país, entre las que destacan actividades con sus directivos, con los estudiantes y la inclusión de contenidos en los programas y penas de los mismos.

Hay que desarrollar una nueva cultura y mística de servicio y honestidad en el seno de la Administración Pública, y para ello impartiremos talleres que permitirán que los integrantes de las distintas áreas de la Administración Pública accedan a conocimientos teóricos y prácticos respecto de su área de trabajo y de temas específicos relacionados con técnicas de prevención e investigación de fraudes. En tal senTido, hemos suscrito sendos Acuerdos Institucionales con la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) y con el Instituto de Capacitación Tributaria (INCAT). Este programa de capacitación apunta, en especial, a que los propios integrantes de la organización adquieran los conocimientos necesarios para constituirse en el primer eslabón en la cadena de la prevención de la corrupción.

Lo mismo hay que hacer con los diversos sectores que componen la sociedad dominicana, para lo cual estamos elaborando un programa de educación sectorial a ser desarrollado a través de instituciones tales como, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y otras Asociaciones Empresariales y Comerciales, en el caso de los empresarios y comerciantes; las Confederaciones de Sindicatos de Trabajadores, en el caso de los trabajadores; la Comisión Presidencial para el Desarrollo de los Barrios, en el caso de los pobladores de los barrios.

Todas estas actividades educativas y culturales estarán soportadas también por una campaña publicitaria que ha sido diseñada y será lanzada dentro de muy poco, así como por el accionar de otros medios de difusión propios iniciados el año pasado, como son el programa radial semanal "¡Casa Limpia!", producido pro el Departamento de Prevención de la Corrupción, y la revista "Ministerio Público".

La definición del problema y la definición de lo que consecuentemente hay que hacer para enfrentarlo de la mejor manera, es lo que explica el diseño que hemos hecho del Departamento de Prevención de la Corrupción, su estructura, sus funciones, sus objetivos.

Nunca antes en nuestra historia se había desarrollado un evento similar a ese.

Nunca antes se había realizado un esfuerzo de esa naturaleza, dirigido a abordar el problema de la corrupción, integrando iniciativas gubernamentales con la voluntad política de la sociedad civil, bajo la visión del propio gobierno de convocarles a constituirse en fuerza de garantía de la continuidad del proceso y a operar orgánicamente con absoluta independencia del propio gobierno.

Ese "Plan Estratégico Nacional...", que es el documento que contiene la política del gobierno dominicano en materia de lucha contra la corrupción, tiene entre sus fundamentos más importantes los siguientes:

1ro.: Actuar sobre los sistemas en el entendido de que, como ha dicho el prestigioso abogado argentino Luís Moreno Ocampo, "el problema no es detectar personas culpables, sino detectar los sistemas culpables; porque las personas son reemplazadas por otras que hacen lo mismo, y lo que se busca es cambiar el sistema".

El enfOque sistémico implica trabajar en los procesos, reglas, estructuras, funciones, incentivos y otros elementos de la organización pública para hacerlos más resistentes a los desvíos e irregularidades.

El enfOque sistémico, en la medida en que trabaja sobre sistemas y pretende establecer sistemas y estructuras que operen contra la corrupción, tiene un carácter de permanencia que le da trascendencia a las acciones que se realicen.

Es pertinenTe señalar que, sin perjuicio del enfoque sistémico, está prevista la actuación para casos específicos en las situaciones que sean necesarias.

En este sentIdo, hemos iniciado el trabajo de capacitación y especialización del personal del Departamento de Prevención de la Corrupción y de las Fiscalías del país, con el propósito de aumentar la capacidad y la calidad de respuesta a las demandas en cuanto a la investigación de casos de corrupción.

2do.: Actuar preventivamente, a partir de la idea de que la prevención es la forma más eficiente de enfrentar el problema del uso indebido de los recursos y fondos públicos.

Para nosotros es claro que la tarea preventiva es mucho más eficaz en el resguardo de los fondos públicos que aquella que puedan realizarse con posterioridad al desvío. Es difícil que un juez o un auditor recupere los fondos mal asignados en una obra pública, las rentas e impuestos no percibidos o los sobreprecios pagados en un programa de salud. Resulta fácil, efectivo y menos costoso mejorar los controles, logrando con ello reducir la ocurrencia de irregularidades y al mismo tiempo poniendo en mejores condiciones a los organismos coercitivos de desarrollar su tarea de la mejor forma.

Actuar en forma preventiva implica conocer y atacar la enfermedad en sus orígenes.

Otra actividad fundamental será el establecimiento de un programa de seguimiento del status económico y social de los funcionarios públicos, particularmente de los obligados a presentar declaración jurada de los bienes.

3ero.: Actuar integralmente. La integralidad, en este caso, se refiere a dos aspectos básicos: por una parte, a que el trabajo preventivo no excluye el trabajo correctivo sino que, por el contrario lo incluye plenamente, por lo que de lo que se trata es de actuar en los dos ámbitos al mismo tiempo. Es necesario actuar tanto en el plano preventivo como en el correctivo, es decir, previniendo y sancionando, haciendo lo posible para evitar y dificultar que el hecho de corrupción ocurra, y en el caso de que no se pudiera evitar, colocándonos -los auditores, investigadores, fiscales y jueces- en las mejores condiciones posibles para el desarrollo de sus investigaciones y la aplicación de las sanciones correspondientes.

Por otra parte, la integralidad se refiere al hecho de que la lucha contra la corrupción incluye, como hemos dicho, no sólo al gobierno sino a toda la sociedad.

Reconocemos, en este sentido, que la responsabilidad central de enfrentar la corrupción recae sobre el Gobierno; él es el eje principal, dada su categoría de soberano con relación a las demás organizaciones de la sociedad y su rol de administrador del erario público y de gestor de las políticas públicas. Es el gobierno el que, como parte del proceso de gestión que conduce, debe aplicar los mecanismos de control necesarios para que las políticas que se implementan logren los objetivos para los cuales han sido diseñadas, con las mínimas posibilidades de desvíos e irregularidades.

Así, el gobierno aporta la voluntad política y los recursos necesarios para que la lucha contra la corrupción sea efectiva, creando los medios y las condiciones para un ejercicio transparente de la función pública y para que sean castigadas las acciones dolosas contra el mismo y contra la sociedad. Esa es su responsabilidad.

La sociedad civil, por su parte, debe darle todo el apoyo a las iniciativas del gobierno en la lucha contra la corrupción: apoyo de carácter moral, en los casos punitivos; y apoyo material y humano en el impulso a los programas de carácter preventivo.

La sociedad civil debe ser un ente vigilante o fiscalizador de las ejecutorias de los gobernantes y funcionarios públicos; convertirse en uno de los protagonistas principales de manera que sus acciones contribuyan a la modernización del Estado y a la reeducación de los ciudadanos.

Es necesaria la apertura de canales para que esa participación sea posible y fácil, particularmente en lo que se refiere a las denuncias de hechos de corrupción.

Seria bueno:

Primero: Reducir substancialmente la incidencia de la corrupción en la Administración Pública dominicana.

Segundo: Propiciar la transparencia en la gestión pública dominicana.

Tercero: Enfrentar la cultura de la corrupción, desarrollando una cultura fundamentada en la honradez, el trabajo, la vocación de servicio y el respecto a la ley.

Y cuarto: Promover la participación ciudadana y la integración de todos los sectores nacionales como actores fundamentales en la lucha contra la corrupción.

Estamos convencidos de que el camino que hemos escogido es el correcto: actuando en profundidad, sobre las raíces del problema, con profesionalidad y, en todo caso, ajenos a intereses menores.

El problema, pues, no es que se produzcan hechos de corrupción, que siempre se van a producir, sino que existan sistemas que permitan y promuevan la corrupción generalizada en nuestros gobiernos y sociedades.

La existenCia de esos sistemas no siempre es ingenua ni casual, sino que, por el contrario, los mismos constituyen sistemas bien estructurados, bien definidos, bien decididos, que funcionan anacrónicamente en detrimento de los intereses colectivos, pero armónica y perfectamente de los intereses de individuos y grupos bien relacionados, social, económica y políticamente, que usan al Estado como una fuente rica, provechosa y fácil de enriquecimiento y de poder.

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Usuario anónimo (17/05/2011)

bastante largo pero lo que uno necesita no lo busca