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El Consejo de DDHH de la ONU revisará mañana el informe del examen periódico sobre Guinea Ecuatorial

18/03/2010 14:35 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas analizará mañana viernes, en sesión plenaria, el dictamen del Grupo de Trabajo sobre Guinea Ecuatorial, elaborado a partir de las recomendaciones elevadas por los Estados miembros durante el examen periódico universal (EPU) celebrado el pasado mes de diciembre en Ginebra. Del total de recomendaciones, Malabo asumió 86, dejó para posterior estudio 28 --de las que finalmente sólo ha aceptado 15-- y rechazó una, concretamente la presentada por Estados Unidos sobre las "irregularidades" de las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado.

Durante la sesión de mañana, los participantes analizarán el informe. Tras la votación del dictamen, que tendrá lugar en el plazo de una semana, el Gobierno ecuatoguineano tendrá la responsabilidad de aplicar las recomendaciones y en el siguiente EPU sobre Guinea, que se celebrará dentro de cuatro años, deberá dar cuenta del grado de cumplimiento.

Entre las 86 recomendaciones asumidas por el Gobierno de Teodoro Obiang Nguema destacan el compromiso de firmar y ratificar diversos convenios, protocolos y estatutos internacionales (entre ellos, el del Tribunal Penal Internacional), mejorar la "gobernanza y el disfrute de los Derechos Humanos", establecer "una política fiscal clara y transparente para la gestión de los ingresos derivados del petróleo" y promover la igualdad de género.

Malabo también ha asumido las recomendaciones para acabar con las detenciones secretas y el "uso excesivo de poder" por parte de las fuerzas de seguridad, mejorar las condiciones de vida en los centros de detención, acabar con la tortura (recomendación propuesta, entre otros países, por España), reformar las instituciones judiciales y el sistema penitenciario, respetar la libertad de expresión, erradicar la pobreza y mejorar la educación y la sanidad.

La única recomendación rechazada por Guinea Ecuatorial, presentada por Estados Unidos, solicitaba que Malabo permitiese a los partidos políticos y los medios informativos el libre desarrollo de sus actividades y velase por "el examen imparcial de las irregularidades electorales y las correspondientes denuncias presentadas a raíz de las elecciones del 29 de noviembre", así como "establecer un órgano independiente y representantivo encargado de revisar el marco electoral del país y velar por la legitimidad del proceso democrático".

LAS ONG

En el debate de mañana podrán participar las seis organizaciones no gubernamentales implicadas en el EPU sobre Guinea --EG Justice, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Open Society Justice Initiative y Abogacía por un Derecho Duradero (única ONG ecuatoguineana invitada en Ginebra)-- y los representantes del partido político opositor Convergencia para la Democracia Social (CPDS).

Durante un encuentro con la prensa española celebrado esta semana en Madrid por los representantes de las ONG que asistirán a la reunión de Ginebra, el presidente de Abogacía por un Desarrollo Duradero, Hilario Nsue Alene, lamentó que la población de Guinea Ecuatorial no obtiene ninguna información sobre lo que se va a debatir en la ciudad suiza, un aspecto particularmente grave "máxime cuando desde el Consejo se dice que las ONG deben estar implicadas en la aplicación de las recomendaciones aceptadas por el Gobierno".

En el mismo sentido, el defensor de Derechos Humanos y dirigente de CPDS Wenceslao Mansogo, quien, como Nsue, se encuentra en Madrid de escala hacia Ginebra, expresó sus dudas sobre cuál va a ser "el beneficio neto" de la reunión del Consejo. "La sociedad civil es inexistente en Guinea y lo que vaya a pasar no se va a conocer en Malabo o en Bata", afirmó. Por ello, destacó la importancia de la prensa internacional. "La prensa le molesta mucho a Obiang, cada vez que se le cita en los medios le fastidia", aseveró. "En Guinea Ecuatorial, la gente no se atreve a decir nada, ni siquiera las familias de los secuestrados por el Gobierno se atreven a hacer preguntas", añadió.

Tras la aceptación de las recomendaciones por parte de Obiang, el objetivo es conseguir "que la cosa no se quede ahí", declaró el secretario general del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo, Alfredo Okenve. El seguimiento de la aplicación de las recomendaciones corresponde a la sociedad civil, pero "la población guineana no tiene ningún conocimiento de lo que pasa, y eso no es casualidad", añadió. En todo caso, el problema del Consejo de Derechos Humanos es que "los Estados se revisan entre sí", recordó el director ejecutivo del CESR, Ignacio Saiz.

LA VERSIÓN DEL GOBIERNO

Para la preparación del examen periódico, los participantes recibieron a finales del año pasado el informe del Gobierno ecuatoguineano, presentado el pasado 18 de septiembre, en el que se asegura que Malabo "no ve menoscabo de su soberanía en el hecho de presentar informes sobre la implementación de los Derechos Humanos y las libertades públicas", ya que "son compromisos que soberanamente" ha adquirido "libremente" en virtud de los tratados y convenios internacionales.

El documento asegura que el Gobierno ha llevado a cabo, "y sigue llevando", varios programas y acciones que "inciden de manera directa o indirecta en la promoción, protección y garantía de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales". Por ejemplo, señala que la Constitución defiende los "derechos y libertades públicas", da cuenta de la legislación "protectora" relativa a la tortura, los derechos sindicales o los derechos de la infancia y reafirma la "responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios que pudiera sifrir un ciudadano como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de las instituciones y órganos del Estado". Asimismo, se extiende sobre la legislación sobre procesos judiciales, la reforma del sistema penitenciario o la cooperación con el sistema de Derechos Humanos de la ONU.

Asimismo, asegura que el propósito del Gobierno es extender la educación "para todos", que la sanidad es una "cuestión prioritaria para sostener el desarrollo nacional", que el Estado ha emprendido proyectos de construcción de viviendas sociales y que el objetivo del Gobierno es "garantizar el acceso de agua potable a todos los ciudadanos". También destaca los avances en la "promoción de la mujer y la igualdad de género" y en la lucha contra el tráfico de niños y manifiesta que el propósito del Gobierno es convertir a Guinea en un "país emergente" en 2020 mediante la lucha contra la pobreza y el fomento del crecimiento económico y las infraestructuras.

En un sentido muy distinto, Abogacía para un Desarrollo Duradero afirmó en su informe al EPU que las instituciones a que hace referencia el Gobierno son meros "apéndices del poder opresivo del presidente" incapaces "de hacer cumplir el Estado de derecho". Asimismo, aseguró que, pese a sus abundantes recursos naturales, en particular petróleo y gas, "los ciudadanos de Guinea Ecuatorial viven en una pobreza desesperada", y denunció el "sistema de corrupción omnipresente, que pone casi todo el control de los recursos naturales del país está en manos de una reducida élite que se perpetúa en el poder y utiliza las instituciones represivas del Gobierno para mantener su poder político y económico".

Por su parte, Amnistía Internacional denunció, en su correspondiente informe al EPU, las "deficiencias" de la legislación y las instituciones nacionales relativas a Derechos Humanos, así como las detenciones arbitrarias, las torturas, los secuestros en países vecinos, las desapariciones forzadas, las muertes bajo custodia, las reclusiones prolongadas sin cargos ni juicios o en régimen de incomunicación y los juicios sin garantías.


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