El Consejo de Estado cree que la votación simbólica sobre la independencia que se organizará el 9 de noviembre en Cataluña no es legal, indicó una portavoz este jueves, un día antes de que el Gobierno tome una decisión al respecto.

"El Consejo de Estado ha aprobado hoy por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña" ante el Tribunal Constitucional, declaró una portavoz a la AFP.

La máxima instancia administrativa en España recibió el lunes un requerimiento del Gobierno para que se pronunciara sobre la legalidad de esta simbólica votación, en la que podrán participar alrededor de 5, 4 de los 7, 5 millones de catalanes.

La decisión, necesaria para tramitar la impugnación, llega en la víspera del Consejo de Ministros semanal en el que se tomará una decisión sobre la cuestión, anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una rueda de prensa junto a la presidenta chilena, Michelle Bachelet.

"Esta consulta no cumple las condiciones democráticas", dijo Rajoy, recordando que la votación prevista no tendrá ni censo electoral, ni una ley que la ampare, ni comisión de control.

"Mañana (viernes), en el Consejo de Ministros, tendremos un debate sobre este asunto y tomaremos una decisión que convenga al interés general", añadió el presidente. Si, como es previsible, el Gobierno decide impugnarlo, deberá presentar un recurso al Tribunal Constitucional que decidirá sobre su suspensión.

Esta consulta simbólica fue anunciada el 14 de octubre por el presidente catalán, Artur Mas, tras renunciar al proyecto de referéndum consultivo prometido desde hace dos años.

Siguiendo el mismo procedimiento previsto para esta ocasión, el Gobierno central recurrió esa consulta ante el Constitucional, que la suspendió cautelarmente el pasado 29 de septiembre hasta que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

Aunque Mas mantuvo el pulso durante dos semanas y siguió organizando el escrutinio pese a la prohibición judicial, finalmente desistió de su proyecto e impulsó esta consulta alternativa con poco valor representativo en la que, según un sondeo, podrían ir a votar dos millones de personas.