La justicia chilena condenó en primera instancia este jueves a cuatro exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por torturas propinadas a seis prisioneras políticas durante la cruenta dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El fallo condenó a "Miguel Krassnoff Martchenko y Marcelo Moren Brito a penas de 7 años de presidio efectivo" como autores efectivos de la "aplicación de tormentos a prisioneras políticas" en el centro de detención clandestino de José Domingo Cañas, en 1974.

Mientras que el agente Francisco Ferrer Lima deberá cumplir la pena de 5 años y un día de presidio, sin beneficios, y el agente Basclay Zapata Reyes, 3 años de presidio, agrega el Poder Judicial.

La investigación determinó que José Domingo Cañas (Santiago) "era un recinto de detención y tortura clandestino que funcionó desde fines de agosto hasta noviembre de 1974" y "allí se mantenía gran cantidad de detenidos a los que se interrogaba y torturaba ininterrumpidamente".

Seis mujeres detenidas en 1974 fueron las víctimas de las torturas por las que se condenó a los exagentes. Las mujeres recibirán de parte del Estado chileno una indemnización de unos cincuenta millones de pesos chilenos (unos 72.000 dólares) por "daño moral", señala la sentencia.

Los exagentes sentenciados ya están en prisión en un penal especial para represores de la dictadura denominado Punta Peuco, ubicado a 50 kilómetros de Santiago, pero podrán apelar el nuevo fallo en su contra ante la Corte de Apelaciones y si es denegado ante la Corte Suprema de Justicia.

A un día de cumplirse 42 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno del socialista Salvador Allende y inició a la dictadura de Pinochet -que dejó más de 3.000 muertos y 38.000 torturados, según cifras oficiales- la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que otorga un bono reparatorio a víctimas de prisión política y tortura.

El bono de carácter único que consiste en unos 1.400 dólares se entregará, si la iniciativa es sancionada en el Senado, a 29.910 víctimas reconocidas por el Estado y a 6.251 viudas a las que se les dará el 60% del bono, excluyendo a personas que actualmente ocupen cargos públicos.