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Concluye Panamá año de protestas, desastres y grado de inversión

26/12/2010 09:51 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El año 2010 en Panamá fue marcado por el alza de impuestos, violentas protestas contra decisiones del gobierno, críticas opositoras y desastres, aunque también alcanzó el anhelado grado de inversión por su desempeño fiscal y económico. La separación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la procuradora Ana Gómez en febrero pasado fue interpretada por el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) como un intento del gobierno por controlar los otros poderes del Estado. Gómez fue condenada a seis meses de cárcel o el pago de una multa de cuatro mil dólares y una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cuatro años por haber ordenado, sin estar autorizada, intercepciones telefónicas para una investigación judicial. Según el PRD, la separación de Gómez fue impulsada por el gobierno para promover acciones judiciales contra exfuncionarios de anteriores administraciones de ese colectivo, entre ellos los expresidentes Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y Martín Torrijos (2004-2009). La oposición recordó el caso de Gómez -quien atribuye su separación al presidente Ricardo Martinelli- cuando arremetió contra el gobierno por asilar en noviembre a la exjefa de la policía secreta colombiana, María Hurtado, acusada de intercepciones telefónicas graves. Otro momento de tensión política se vivió cuando trabajadores de la bananera transnacional Bocas Fruit Company, en la occidental provincia de Bocas del Toro, iniciaron un paro contra la llamada “Ley Chorizo” por contener nueve temáticas diferentes. La protesta de los primeros días de julio en las bananeras derivó en disturbios por la represión policial, la cual fue excesiva según organismos de derechos humanos, con un saldo de dos muertos, aunque informes independientes citan más fallecidos. El reporte de una comisión nombrada por el Ejecutivo concluyó que la Ley 30 fue la causante de las protestas, aunque Martinelli reiteró que los responsables de los disturbios fueron el PRD y el Sindicato de los Trabajadores de la Construcción (Suntracs). A raíz de las protestas de julio, la polémica legislación que flexibilizaba normas ambientales y laborales, fue dividida en seis nuevas leyes para revertir las pretensiones del gobierno. Las críticas hacia las autoridades, en este caso judicial, también surgieron de los medios de comunicación con denuncias de violación a la libertad de expresión por la condena contra dos periodistas televisivos por una información de 2005. La avalancha de condenas obligó a Martinelli a indultar a los comunicadores Sabrina Bacal y Justino González, porque la decisión judicial “puede mandar nacional e internacionalmente mensajes equivocados sobre la solidez de nuestra democracia”. En materia económica, 2010 fue el año en que Panamá, luego de más de una década de buscarla, alcanzó el grado de inversión, lo cual le permite el acceso a fuentes de financiamiento más baratas en momentos de un gran auge de la inversión pública. El grado de inversión fue otorgado por las calificadoras Fitch Ratings, Moody's y Standard and Poors por sus mejoras en su situación fiscal y por sus perspectivas económicas. Previo a la declaratoria, Martinelli logró la aprobación en la Asamblea Nacional de una reforma fiscal, vigente desde el 1 de julio, con efectos mixtos, aunque ahora prepara otros cambios para aumentar impuestos a las bebidas alcohólicas. La reforma de marzo pasado permitirá desde este año recaudaciones adicionales para el financiamiento de varios programas sociales del gobierno, entre ellos una beca mensual de 20 dólares para 800 mil estudiantes de colegios públicos y privados. Mientras por un lado la reforma redujo del 27 al 15 por ciento el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el impuesto al consumo se incrementó de 5.0 a 7.0 por ciento, por primera vez en 30 años. En el cierre del año, cuando la economía se enfila a un crecimiento del 7.0 por ciento (en contraste con el 2.4 por ciento de 2009), Panamá fue afectado en la primera semana de diciembre por las más fuertes lluvias registradas en el país en su historia. Las inundaciones causadas por las precipitaciones obligaron al gobierno a decretar una emergencia nacional y a ordenar la cancelación de cualquier celebración por las fiestas de Navidad y Fin de Año en las entidades públicas con el fin de atender a miles de damnificados.


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